Escrivá y los sindicatos pactan subir 0,6 puntos las cotizaciones y recaudar 50.000 millones

Los empresarios se desmarcan y creen que la medida dañará al empleo. La empresa abonará 0,5 puntos y el trabajador los 0,1 restantes

El Gobierno y los sindicatos cerraron finalmente ayer un acuerdo bilateral, sin los empresarios, para diseñar un mecanismo de ajuste que permita financiar el gasto extra en pensiones que supondrá la llegada masiva de jubilados nacidos en el baby boom. Las patronales CEOE-Cepyme se plantaron en la mañana de ayer y rechazaron la propuesta del Gobierno en relación con el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de las pensiones, que debe sustituir al factor de sostenibilidad, al considerar que es insuficiente, que no garantiza el equilibrio del sistema y que necesitará medidas adicionales en el futuro para asegurar su sostenibilidad.

El acuerdo a dos bandas cerrado entre el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos CC OO y UGT supone un incremento de las cotizaciones por contingencias comunes de 0,6 puntos de 2023 a 2032, respetando el actual reparto de las cuotas sociales, lo que implica que la empresa abonará aproximadamente 0,5 puntos y el trabajador 0,1.

Según explicó a última hora de ayer el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que compareció para valorar el acuerdo, esto supondrá un incremento mensual de los pagos sociales “que no llegan a 12 euros mensuales” en una base media de cotización de alrededor de 2.000 euros al mes. De esta cantidad algo menos de 10 euros los pagará el empresario y poco menos de 2 euros el trabajador.

Con esta nueva cotización extra, Escrivá dijo que pretende recaudar unos 50.000 millones de euros para volver nutrir la llamada hucha de las pensiones (el Fondo de Reserva) para costear el sobrecoste de las pensiones desde 2033 a 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación más amplia del país.

“En el caso de que no se diera una desviación de la senda de gasto previsto, no se aplicará ninguna medida y se planteará la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones”, aclaró el ministerio en un comunicado y destacó también el propio Escrivá.

El resto del acuerdo indica que el importe adicional podrá ser utilizado progresivamente, a razón de un máximo de 0,2 puntos de PIB anual en la próxima década. Sin embargo, si estos fondos adicionales no fueran suficientes, el Gobierno negociará con los agentes sociales y el Pacto de Toledo una propuesta adicional para reequilibrar las cuentas reduciendo el porcentaje de gasto en pensiones sobre PIB o incrementando los tipos de cotización, entre otras alternativas. A diferencia de una propuesta anterior a la pactada con los sindicatos en las que, en un intento de sumar a los empresarios, se establecía que si el dinero no llegaba primero se ajustaría el gasto (reducción de la cuantía de las pensiones) y después se hablaría de seguir aumentando las cotizaciones, ahora estas dos posibilidades se podrán abordar al mismo tiempo.

Ante este plante de los empresarios, el ministro Escrivá se felicitó por el pacto con los sindicatos y reprochó a la patronal “no haber presentado ninguna propuesta” que reflejara los intereses empresariales durante todo el periodo de negociación.

Escrivá resaltó una vez más que este incremento de cotizaciones será “contingente, temporal, finalista y supondrá solo un pequeño incremento de la cotización”, para el que ha considerado que hay perfecto margen dado que el coste laboral agregado (salarios y cotizaciones sociales) que pagan los empresarios españoles está dos o tres puntos por debajo de la media europea. Desde la Seguridad Social aclaran que aunque los tipos de cotización sean mayores en España que en la mayoría de los países europeos, en la mayoría de ellos la base de cotización no está topada, por lo que los pagos empresariales son mayores.

Es más, aseguró que en contra de lo que han dicho los empresarios, el Gobierno calcula que el aumento de la cotización no dañará la creación de empleo, porque “en España no hay un problema de costes laborales” y por eso hay margen para subirlos, zanjó el ministro.

Sin embargo, los empresarios opinan lo contrario ya que una de sus reivindicaciones históricas es la bajada de cotizaciones que ellos calculan que son las más altas de Europa. De hecho ayer dijeron en un comunicado tras la reunión de su comité ejecutivo que la medida acordada “va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”.

La premura con la que el Gobierno ha querido cerrar esta modificación responde al compromiso del Ejecutivo con Bruselas para publicar la ley de la primera fase de la reforma de pensiones en e BOE antes del 31 de diciembre de 2021, aunque en realidad hay margen hasta finales de 2022 para incorporar el MEI.

Próximos frentes con CEOE: autónomos y planes de pensiones

La ruptura que se produjo ayer en el diálogo social entre el Gobierno y los empresarios sería la cuarta que se registra en esta legislatura después de que la patronal no respaldara los reglamentos de igualdad retributiva, la ley del teletrabajo y la última subida del salario mínimo. Y podría no ser la última, ya que dentro de las principales cuestiones de la primera fase de la reforma de pensiones que quedan por negociar en el diálogo social para desarrollar el acuerdo tripartito entre el Gobierno y los agentes sociales el pasado 1 de julio, están dos asuntos muy espinosos para los empresarios. Se trata del número régimen de cotización de los trabajadores autónomos, por el que pasarían a cotizar a la Seguridad Social con un sistema de tramos según sus ingresos reales y, en segundo lugar, se debe cerrar el nuevo plan de pensiones de empleo de promoción pública.

La implantación de un nuevo sistema de cotización para los autónomos en el que estos trabajadores dejen de poder elegir su base de cotización –más del 80% paga la cuota mínima independientemente de sus ingresos– y tengan que adecuarla a sus rendimientos no va a ser una tarea fácil de acordar con las asociaciones del colectivo.

Mientras que la aprobación en el Parlamento del nuevo plan de pensiones de promoción pública cuyo anteproyecto de ley ya está redactado por el Gobierno tampoco se presenta un camino de rosas ante los peros que ya han puesto los empresarios, por la posibilidad de tener que aportar dinero a estos fondos para las pensiones de sus trabajadores, sin los incentivos que reclaman para ello.

Junto a estas dos cuestiones, el Gobierno, la patronal y los sindicatos también deberán negociar las reformas de la pensión de viudedad y las compensaciones de cotización de los becarios.

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