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A Fondo

La dudosa voluntad de las eléctricas de aliviar la factura de la luz

En la ronda de contactos con las grandes del sector, Teresa Ribera no solo pide propuestas contra la crisis, sino fondos para recortar los cargos de los peajes

Teresa Ribera, vicepresidenta para laTransición Ecológica.
Teresa Ribera, vicepresidenta para laTransición Ecológica.
Carmen Monforte

Esta puede ser una semana clave para la resolución del jeroglífico que ha resultado de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de dar marcha atrás al recorte de ingresos a las grandes compañías eléctricas por los beneficios que reciben con su producción hidráulica, la nuclear y algunas renovables derivados de la escalada de los precios del gas natural incluido en el Real Decreto Ley (RDL) de medidas de choque para paliar la subida de la factura de la luz a los usuarios domésticos del pasado 14 de septiembre.

A menos de un mes de su entrada en vigor y de su convalidación en el Congreso, cuya fecha límite termina mañana, jueves, la norma ha sido cuestionada por el propio ministerio no tanto por las presiones de las principales afectadas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) como por la evidencia de que la fórmula que fija la minoración de ingresos duplicaría la “recaudación” prevista por el Gobierno (2.600 millones de euros en seis meses) con los actuales precios del gas. Aunque las empresas hubiesen ganado en los tribunales, el fallo no se habría producido hasta dentro de cuatro años.

La cuestión ya no era judicial: restar de la cuenta de resultados de estas tres compañías más de 5.000 millones de euros hasta abril, y sin garantías de que la medida no tuviese que ampliarse en el tiempo era, según fuentes del sector, “una confiscación”, cuya inviabilidad reconoce hasta el Gobierno. La norma, elaborada con una evidente precipitación y, según las eléctricas, sin que se les consultara previamente, tuvo que ser corregida por el departamento que dirige Teresa Ribera a los pocos días de su publicación, ya que el recorte incluía los contratos bilaterales a largo plazo de energías que no reciben los llamados beneficios llovidos del cielo por el precio marginal del gas.

Una rectificación en forma de carta interpretativa al operador del sistema, REE, que será el encargado de restar los ingresos correspondientes a las empresas en sus liquidaciones mensuales. Se mantenían, sin embargo, los contratos bilaterales intragrupo, que, según develaron las eléctricas, afectaba a toda su generación. Sacarlos también, habría supuesto dejar sin validez la norma.

Para evitar más correcciones, de dudosa legalidad por tratarse de una simple carta, y para evitar males mayores, el ministerio reconoce su error y busca una solución en una ronda de contactos individuales que Ribera inició con los altos ejecutivos de las empresas el pasado jueves, cuando se vio con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, y que termina mañana con los respectivos encuentros del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el de Naturgy, Francisco Reynés, para pedirles propuestas contra la crisis energética. En medio, ha escuchado también a EDP y Acciona, esta última, la menos afectada.

Poco ha trascendido de las reuniones (la ministra ha pedido discreción), pero todo apunta a que el RDL será convalidado mañana y los cambios se harán mediante enmienda al proyecto de ley cuyo trámite está más avanzado en el Congreso: precisamente, el que detraerá otros beneficios llovidos del cielo, el del precio de los derechos de emisión de CO2 que reciben, también mediante el marginal del gas, las tecnologías no emisoras. Mientras tanto, hasta principios del próximo año, la norma, que incluye otras medidas importantes, como el recorte del 5% al 0,5% del impuesto especial de la electricidad, seguirá en vigor, por lo que la enmienda modificaría la minoración (sea cual sea la fórmula) con carácter retroactivo.

Arrimar el hombro

Optar por reuniones de tan alto nivel y carácter en cierto modo público apunta a la intención del ministerio de ganar tiempo y transmitir una imagen de entendimiento. Pero Teresa Ribera, además de propuestas (a medio y largo plazo las recetas son conocidas, pero la crisis energética, que se recrudece según avanza el otoño, requiere medidas de choque) busca el compromiso de las eléctricas de aportar fondos que alivien la factura de los domésticos (el objetivo de la minoración es recortar los cargos de la factura de los domésticos).

Salvo que el susto de las últimas semanas las haya hecho recapacitar, es muy dudosa la buena voluntad de unas compañías que, sistemáticamente, dirimen sus diferencias en los tribunales. Endesa verá afectada de manera significativa su cuenta de resultados por la escalada de los precios del pool (un 30% de la electricidad que vende a sus clientes no la genera y debe ir al mercado a adquirirla) y Naturgy anda enfrascada internamente con un opa parcial del fondo australiano IFM, que la puede convertir en una extraña sociedad con cuatro accionistas con casi igual peso en el capital y que, sin una mayoría y la imposibilidad legal de pactar, todos quieren controlar: el más antiguo, CriteriaCaixa, por considerar que tiene derechos adquiridos, y el nuevo entrante utilizando malabares para, sin lanzar una opa por el 100%, tener un control de bloqueo.

Capítulo aparte merece la actitud del presidente de Iberdrola que, en medio de la refriega, ha llegado al extremo de crear una vicepresidencia para “colocar” a un conocido socialista madrileño, Antonio Miguel Carmona, y “dejar en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE”, coinciden fuentes políticas. O de retirar ofertas de sus parques eólicos cuando el precio a recibir en ciertas horas resultaba inferior a la minoración o impuesto a pagar. Una distorsión fiscal en toda regla.

Además de las consecuencias del incremento de los precios eléctricos para los domésticos, el Gobierno teme sobremanera el efecto en la industria, con cierres voluntarios de plantas, como el anunciado el lunes por Sidenor. La compañía vasca asegura haber pagado en octubre 227 euros/MWh, el precio del mercado spot, frente a los 60 euros/MWh que pagó el año pasado lo que ha sorprendido, no obstante, en el sector, ya que las grandes compañías industriales electrointensivas tienen contratos firmados a largo plazo.

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Sobre la firma

Carmen Monforte
Es redactora de Energía de Cinco Días, donde ocupó también los cargos de jefa de Especiales y Empresas. Previamente, trabajó como redactora de temas económicos en la delegación de El Periódico de Cataluña en Madrid, el Grupo Nuevo Lunes y la revista Mercado.

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