Estas son las medidas que baraja el Gobierno para amortiguar la subida de la electricidad
Estudia una reducción del impuesto a la electricidad, que grava al recibo con un 5,11%
El precio de la electricidad en el mercado mayorista está por las nubes y mañana superará los 150 euros el megavatio hora (MWh) por primera vez, pulverizando así todos los máximos registrados hasta la fecha. La principal causa de esta tendencia alcista es el alto coste del gas natural y de los derechos de emisión de CO2.
Lejos de que la situación se corrija, distintos expertos del sector consultados por prevén que se mantenga durante el primer trimestre de 2022. Bajo este contexto, el Gobierno trabaja sobre un nuevo paquete de medidas para amortiguar el impacto que sufrirán los consumidores en la factura de la luz y que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros.
De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que el recibo de la luz que paguen los ciudadanos a finales de 2021 sea "similar" al de 2018, descontando el Índice de Precios de Consumo (IPC).
Tras aprobar a finales de julio una rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año y la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7% [que también se alargará hasta el 31 de diciembre], ahora baraja una reducción del impuesto especial sobre la electricidad, que grava al recibo con un 5,11%.
"Una de las posibilidades que hay es trabajar sobre esta hipótesis y que haya elementos fiscales que tengamos que retocar aunque sea de manera provisional", señaló este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en referencia a este último impuesto antes de participar en la jornada Las ciudades españolas ante el reto de la neutralidad climática. Presentación de CITIES 2030, que se celebró en el Senado.
Por otro lado, el Ejecutivo obligará a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. Según Ribera, se crearán mecanismos de mercado "alternativos" compatibles con el derecho comunitario para que las empresas con un "peso importante" en el sector deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a industriales "a un precio fijado por subasta".
Europa no permite que los gobiernos fijen precios de tecnologías como la hidráulica o la nuclear [más baratas de producir] y, por ello, propone pujas en las que las distintas tecnologías subasten su producción al precio al que la quieran comprar las pequeñas comercializadoras o los industriales.
"Evidentemente, habrá un suelo, que son los costes, pero no porque el Gobierno decida y publique de manera obligatoria el precio al que se debe vender, porque esto no nos lo permite Europa", argumentó la titular de Transición Ecológica en alusión a la petición de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) de intervenir el precio de la hidráulica o la nuclear.
Control a las hidroeléctricas
Las medidas incluirán también el fortalecimiento de la cobertura a los consumidores vulnerables e iniciativas que aseguren que las malas prácticas en el uso de las concesiones hidroeléctricas [venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios] no se vuelva en contra de los consumidores.
En concreto, se definirá un consumo mínimo vital y se estudia aplicar el artículo 55 de la Ley de Aguas para “tener orden” sobre las concesiones hidroeléctricas. Este artículo recoge el control de los embalses y las facultades de las confederaciones hidrográficas para la gestión de estas centrales.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya ha advertido de que el Gobierno tiene intención de tomar medidas legales "inmediatas" contra las empresas hidroeléctricas que están incurriendo en "malas prácticas" por el vaciado de embalses. Antes Ribera acusó a las empresas eléctricas que gestionan este tipo de centrales de no mostrar "ninguna empatía social". En su opinión, la gestión de estas ha propiciado el precio más alto de la electricidad de más de la mitad de las horas durante los últimos meses.
Esta tecnología no se ve afectada por el encarecimiento del gas ni tampoco por los derechos de emisión de CO2 y, según denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se fija en su competidor directo (ciclos combinados) y, en vez de hacer ofertas con un margen razonable, ajusta su precio al inmediatamente anterior al que los ciclos combinados podrían ofrecer.
Además, el Ejecutivo ha puesto en marcha dos proyectos de ley para abaratar el recibo eléctrico: el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y otro para frenar la sobrerretribución que percibe la generación mediante las centrales eléctricas no emisoras de CO2 (hidráulicas y nucleares) anteriores a 2005. Ambas medidas harán que las energéticas afronten el pago de unos 8.000 millones de euros y que los consumidores domésticos se beneficien de una rebaja en el coste final del recibo de la luz de hasta un 15%.
Los grupos socialista y de Unidas Podemos han registrado en el Congreso una solicitud para crear una comisión de estudio sobre el precio de la luz y la mejora del sistema eléctrico. Se trata de una propuesta conjunta de los dos socios de Gobierno que llegó después de quela formación morada, por iniciativa propia y sin contar con el PSOE, registrara una proposición de ley en el para pedir la creación de una empresa pública de energía.
Cambios en la tarifa regulada
Una de las líneas de trabajo para limitar la variabilidad de la PVPC pasa por "integrar en parte una cesta de indicadores más estables" que permitan mantener horquillas de precios más estables, según ha explicado Ribera, advirtiendo de que "esta mayor seguridad" supondrá que se interiorice parte de la prima de riesgo de reducción de la volatilidad.
Otro de los puntos en los que trabaja Transición Ecológica consiste en reducir el volumen de la energía que participa en el mercado mayorista, de modo que este se convierta en "en un mercado de ajustes".
La nueva factura eléctrica por la que todos los consumidores han pasado a tener precios diferenciados por tramos horarios, para la potencia y el consumo, entró en vigor el 1 de junio.
