El Gobierno busca dar más poder a las confederaciones hidrográficas para las concesiones eléctricas
Descarta nacionalizar las concesiones existentes y garantiza su seguridad jurídica
El Gobierno continua en el arduo debate para paliar la escalada de los precios de la electricidad, tanto a corto como a medio y largo plazo. La vicepresidenta tercera del Ejecutivo y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya abrió el jueves la puerta a crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas que vayan liberándose. Este viernes detalló que en España hay un número importante de explotaciones hidroeléctricas, más de 200, cuya concesión termina a lo largo de esta década, dos de ellas en dos años.
Ribera recordó que el país ya cuenta plantas hidroeléctricas gestionadas por confederaciones hidrográficas, sugiriendo este como un posible camino a recorrer en mayor medida, en un futuro próximo. Ahora el Gobierno pretende “trabajar y actualizar las condiciones”, y ver si crea una empresa pública y/o se gestionan directamente por medio las cuencas hidrográficas.
“Las condiciones en las que se firmaron las concesiones de hidroeléctricas no tienen nada que ver con las situaciones ahora”, aclaró en La Sexta. “Estudiamos desde hace algunos meses cómo gestionar esto mejor, de una manera centralizada y organizada, en algunos casos con empresas privadas con otros pliegos concesionales diferentes o bien con una gestión directa por parte de una empresa pública o confederaciones hidrográficas”, precisó.
La ministra puntualizó que, tras abordar esta cuestión, la empresa pública o las confederaciones estarían sometidas a las mismas reglas europeas, por lo que no se podría vender por debajo del precio, porque eso sería considerado por la Comisión Europea como ayuda de estado, ni podría tener un tamaño tan significativo como lo pudieran tener otros operadores determinantes en el corto plazo.
Las confederaciones hidrográficas, están definidas en la Ley de Aguas como entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y distinta del Estado, adscritas a efectos administrativos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como organismo autónomo con plena autonomía funcional.
Han venido funcionando ininterrumpidamente desde su nacimiento, desempeñando un importante papel en la planificación hidrológica, gestión de recursos y aprovechamientos, protección del dominio público hidráulico, concesiones de derechos de uso privativo del agua, control de calidad del agua, proyecto y ejecución de nuevas infraestructuras hidráulicas y programas de seguridad de presas.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dejó claro que las medidas que adopte el Gobierno “en ningún momento” afectarán a los derechos establecidos actualmente como las concesiones o regímenes existentes. En declaraciones en Almería, Bolaños indicó que cualquier futura medida deberá esperar a que se terminen cada una de las concesiones, “porque la seguridad jurídica es muy importante”.
Los planes del Ejecutivo también fueron matizados por la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, que descartó cualquier tipo de nacionalización sobre las concesiones hidroeléctricas actuales. Por otro lado, Bolaños hizo hincapié en las medidas ya puestas por el Ejecutivo para paliar la subida de la electricidad como la reducción del IVA en la factura de la luz o la suspensión del impuesto a la generación, que según dijo, han abaratado el recibo un 12%. “El Gobierno ha tomado y sigue tomando medidas para proteger a los ciudadanos, a diferencia de Ejecutivos anteriores que adoptaron medidas que hoy se ven contraproducentes, porque no apoyaron las energías limpias y renovables que hoy abaratarían la factura de la luz”, dijo.
Tensión con Podemos
Pese a todo, los socios del PSOE en el Gobierno no opinan lo mismo. El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, pidió este viernes al Ejecutivo que apruebe un real decreto para fijar un precio máximo de la energía hidroeléctrica y nuclear y así contener el encarecimiento de la electricidad.
Ribera calificó esa propuesta de “demagogia barata o no saber de lo que se está hablando” y acusó al portavoz de generar una “falsa expectativa” entre los ciudadanos al decir que el problema del precio de la luz podría resolverse ”de un día para otro, mediante un decreto.
Por su parte, Jaime de Olano, vicesecretario de participación del PP calificó de “verdadero disparate” la opción de contar con una “empresa pública” para atajar el problema de la escalada del precio de la luz. De Olano criticó que Ribera se eche “en brazos de las políticas de Podemos”. Añadió que “este tipo de soluciones para gestionar la producción de energía hidroeléctrica son cortinas de humo cuando saben que es absolutamente irrealizable”.
