La aplicación de la ‘ley rider’ promete un otoño caliente en el sector del ‘delivery’
UGT amenaza con denunciar a Glovo si sigue trabajando con repartidores autónomos. Los sindicatos aseguran que vigilarán que Uber Eats no caiga en “cesión ilegal de trabajadores”.
Empieza la cuenta atrás para la entrada en vigor de la ley rider. Desde este jueves, las plataformas de delivery deberán laboralizar a todos sus repartidores. Y aunque las compañías aseguran haber trabajado contra reloj para ajustar su operativa a la nueva ley, aprobada por el Gobierno el pasado mayo, diferentes fuentes consultadas coinciden en que se espera “un otoño caliente” en el sector.
Las razones son varias. Por un lado, el anuncio de Deliveroo el pasado 30 de julio de que deja España por dificultades en la viabilidad de su negocio en el país. La decisión de la compañía implica abrir un procedimiento de despido colectivo que, según un documento enviado por la empresa a los riders, afecta a 3.871 personas, entre repartidores y otro personal.
En el mismo documento, Deliveroo dice que está trabajando para dar de alta en la Seguridad Social a todos aquellos que no lo estuvieran ya (la compañía aseguró que colaboraba con unos 3.800 riders) y que una vez que lo haga negociarán con sus representantes las condiciones del despido colectivo.
Aunque la empresa ha dicho que se asegurará de que los riders y los empleados dispongan de “un adecuado paquete de compensación que cumpla con todas las normativas y la legislación local”, CC OO ya ha advertido que espera que el proceso “se afronte con plenas garantías”, y se ha prestado a dar apoyo a estos trabajadores de cara al periodo de consulta, que la compañía prevé que empiece a principios de septiembre y que dure un mes.
Otra patata caliente será el nuevo modelo operativo planteado por Glovo. La compañía española anunció el 28 de julio que va a contratar a 2.000 repartidores en España antes de que acabe el año, pero que seguirá operando con autónomos (entre 7.000 y 10.000), bajo un modelo que, según defendió, “cumple la ley y sigue el criterio establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la UE”. Algo que no comparten ni CC OO ni UGT.
Glovo sostiene que el nuevo modelo da más independencia y flexibilidad a los repartidores autónomos, al incluir aspectos como la libre conexión (podrán decidir qué día y a qué hora se conectan a la plataforma), serán ellos quienes fijen los precios de sus servicios, tendrán capacidad de subcontratar las entregas e independencia para coger o no un servicio, sin penalización. Aseguran que han eliminado algunos elementos para cumplir con los criterios de ajenidad y dependencia del Estatuto de los Trabajadores.
“Lo que está haciendo Glovo es echar un pulso al Estado de derecho, porque se está saltando una sentencia del Supremo y una ley hecha para que los trabajadores estén protegidos ante situaciones de vulnerabilidad y precariedad”, dice Rubén Ranz, de UGT. “Se están riendo de la gente. Tienen más de 10.000 repartidores y solo van a laboralizar al 20%”.
Ranz también critica que el nuevo modelo de Glovo “obliga a una competencia ciega entre los repartidores, pues no sabes qué precio pone cada compañero y el algoritmo de la plataforma siempre va a buscar el repartidor que lo haga más barato. Es una subasta a la baja y un modelo que explota mucho más”, continúa Ranz.
El representante de UGT sostiene que el modelo de Glovo no cumple la ley rider porque “el principal indicio de laboralidad es la propia aplicación. Y mientras exista la app, da igual que fijes tú el precio de tu trabajo, siempre será la aplicación quien determine si vas a trabajar o no. Además, aunque digan que los sistemas de reputación no van a existir, lo que ocurrirá es que no será algo transparente como ahora, sino que estarán ocultos para los repartidores”.
La batalla está servida, pues desde Glovo insisten en que con el nuevo modelo ellos no organizan el trabajo de los riders, a los que no pueden obligar a aceptar ningún encargo. También niegan la subasta a la baja.
Tanto UGT como CC OO reclaman al Gobierno una “especial implicación” con el cumplimiento y despliegue del Real Decreto Ley 9/2021, del 11 de mayo, la llamada ley rider. “Son el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo los que tienen que reaccionar y sabemos que van a hacerlo, pero no pueden actuar hasta que la ley entre en vigor. Tampoco nosotros nos vamos a quedar quietos cuando esto ocurra. Si aplican el modelo planteado les denunciaremos”, asegura Ranz.
Los sindicatos también advierten de que estarán pendientes de qué anuncia Uber Eats para cumplir la ley. La compañía, que de momento solo ha dicho que se comprometen a ser un socio a largo plazo en España y que están trabajando para adaptarse a la ley rider, no prevé desvelar su modelo laboral hasta el mismo 12 de agosto. Pero sí ha subrayado que “confía en que el Gobierno garantice que todos los operadores del sector cumplan con las mismas regulaciones y compitan en igualdad de condiciones”.
Ranz da por hecho que Uber va a apostar por la subcontratación de flota de riders, “pero ojo, estaremos atentos a cómo lo plantean, porque ese modelo ya lo hemos denunciado a la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores”. Una situación que ocurriría si Uber sigue organizando y controlando a los riders de terceras empresas con su aplicación y algoritmo.
Convenio colectivo que traerá polémica
Otro conflicto que puede abrirse en los próximos meses tiene que ver con la negociación entre Just Eat, UGT y CC OO para fijar las bases del que será el primer convenio colectivo de una plataforma digital de reparto de comida a domicilio en España. Las partes implicadas prevén que se convierta en una referencia en el sector, pero no será tarea fácil, pues muchas empresas de reparto de última milla que tienen a sus flotas de repartidores en plantilla aplican a estas el convenio de mensajería y pelearán por mantenerlo.
El convenio en el que trabajan los sindicatos y la plataforma Just Eat, que aplica el modelo de contratación de repartidores por cuenta ajena en más de 160 ciudades en Europa, pretende recoger elementos particulares de la economía de las plataformas y la relación del entorno laboral. Según Rubén Ranz, de UGT, quienes están aplicando el convenio de mensajería “no lo están haciendo bien, porque es para empresas que se dedican a repartir sobres, no hamburguesas”.
Adrián Pena, CEO y fundador de Deelivers, sin embargo, aseguraba recientemente a este periódico que el convenio de mensajería está para entregas urbanas, “que es lo que hacemos nosotros”. “Además, está por encima del salario mínimo interprofesional”, dice. En su empresa, el salario medio de un repartidor a jornada completa (40 horas) es de unos 1.200-1.300 euros brutos. Ranz, sin embargo, apunta que el convenio de mensajería “roza el SMI”.
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