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Iniciativas autonómicas para mejorar la actividad

Los fondos europeos suponen una oportunidad para transformar el tejido económico de los territorios a través de proyectos que favorezcan la digitalización, la ecología o la cohesión social

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la XXI Conferencia de Presidentes autonómicos, celebrada en San Millán de la Cogolla (La Rioja) en julio del año pasado, en la que se abordó el reparto de los fondos europeos de recuperación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la XXI Conferencia de Presidentes autonómicos, celebrada en San Millán de la Cogolla (La Rioja) en julio del año pasado, en la que se abordó el reparto de los fondos europeos de recuperación.EFE

Los fondos Next Generation EU son la palanca de un cambio necesario tras la monumental crisis desatada por la pandemia del Covid-19. España envió a Bruselas en abril su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya ha sido aprobado y con el que aspira a recibir hasta 140.000 millones, a partes iguales en préstamos y en subvenciones a fondo perdido para impulsar y transformar la economía.

La mayor parte de esos recursos se enmarcan en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una asignación estimada para España de 64.300 millones. El resto corresponde al REACT-EU, un fondo de 12.436 millones, de los cuales 10.000 han sido repartidos entre las autonomías y los 2.436 restantes están siendo gestionados por el Ministerio de Sanidad para la compra de vacunas.

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Los Gobiernos autonómicos han hecho sus apuestas y han trabajado a fondo para impulsar su recuperación con ayuda de la financiación europea. Al fin y al cabo son las comunidades las que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia. Tras recibir propuestas de empresas, ayuntamientos y diputaciones, los Ejecutivos regionales han diseñado sus hojas de ruta para captar el máximo dinero de los fondos del plan de recuperación. Para Marciala de la Cuadra, socia de consultoría del sector público en Deloitte, entre los planes autonómicos “destacan las inversiones propuestas para el desarrollo de capacidades de energía renovable y otras tecnologías de energía limpia, las inversiones para el transporte sostenible e inteligente y el impulso de la digitalización de las pymes, claves para la recuperación y resiliencia de la economía española”. Manuel Vaca de Osma, socio del equipo de fondos europeos de la auditora Mazars, añade: “El propósito es canalizar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles e incentivar la transición a una economía climáticamente neutra".

Las condiciones europeas

El grueso del proyecto enviado por el Gobierno está siendo evaluado por la Comisión Europea para comprobar, entre otras cosas, si hay un equilibrio entre las inversiones y las reformas estructurales, y si al menos un 37% del gasto se dedica a la agenda verde y un 20% a la digital.

El hidrógeno como salvoconducto

Pedro Sánchez anunció en diciembre que el Gobierno destinará 1.555 millones de euros para impulsar la tecnología del hidrógeno verde hasta 2023. La presencia de fondos europeos para su desarrollo ha activado los planes de inversión de las comunidades autónomas y de las grandes eléctricas que se han puesto manos a la obra. Se proyectan valles de hidrógeno en Castilla y León o Cataluña, centros tecnológicos punteros en Aragón, el Corredor del Hidrógeno en el País Vasco o un polo industrial energético en Murcia. Naturgy y Enagás trabajan en una fábrica de 9.000 toneladas al año en León. Iberdrola, con 54 propuestas de hidrógeno renovable presentadas a los fondos Next Generation solo en este combustible, estima que podrá cubrir el 25% del objetivo nacional y en un año espera poner en marcha un gran complejo europeo para uso industrial en Puertollano. Y la lista suma y sigue.

Otro proyecto destacado en Cataluña, también con el objetivo de liderar la transición energética, es su Valle del Hidrógeno. Un plan liderado por la Universidad Rovira i Virgili y las eléctricas Repsol y Enagás, junto con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. “Es una iniciativa que va más allá de los fondos Next Generation, ya que la estrategia de la Comisión Europea es reducir las emisiones contaminantes y lograr una Europa climáticamente neutra en 2050, como respuesta a la emergencia climática”, resume Jordi Cartanyà, el coordinador de la plataforma. El punto de partida es sustituir el hidrógeno gris, el que se genera a partir de combustibles fósiles, en verde. “Cada tonelada de hidrógeno gris que se produce eleva a la atmósfera nueve toneladas de CO2”, afirma Cartanyà. Tarragona es uno de los principales polos petroquímicos del sur de Europa: produce el 50% de los plásticos de España y el 25% de los productos químicos del país.

El proyecto quiere impulsar, con vistas a 2030, un Valle del Hidrógeno alrededor de este polo, es decir, una región que combine la generación de hidrógeno renovable y su distribución para múltiples usos industriales, de movilidad y residenciales de forma integrada y sistémica. La plataforma tiene en cartera más de 45 proyectos de empresas y entidades del territorio alrededor de este vector energético, y su propósito es contar con más iniciativas para crear valor social, económico y ambiental e impulsar la transición energética. “Creemos que, por volumen y por cantidad de proyectos industriales relevantes, Cataluña tiene potencial para captar entre el 20% y el 30% de los recursos que ha anunciado el Gobierno”, avanza el experto. “La clave de nuestro proyecto es que están interviniendo grandes empresas químicas, de movilidad, las Administraciones y los centros de investigación”, concluye Cartanyà.

Luchar contra la despoblación

El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que prevé destinar 10.000 millones a 130 medidas repartidas en 10 líneas de actuación para hacer frente al reto demográfico y garantizar la igualdad en todo el territorio. El paquete de propuestas incluye mejoras de la conectividad, la digitalización y “servicios ambientales y de la custodia del territorio, además de políticas activas muy concretas en acceso a vivienda, movilidad, acceso a formas de energía modernas”, según anunció la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria y La Rioja, las ocho comunidades afectadas por la despoblación, insisten en que estos fondos pueden suponer un impulso a la extensión de la fibra óptica y el despliegue del 5G en el medio rural para romper la brecha digital. Para ello, han desarrollado diferentes ideas para reinventar la economía española, entre las que destaca el proyecto riojano Valle de la Lengua.

Según explica José Ignacio Castresana, delegado de la Presidencia para el Plan Transformación de La Rioja, “el origen del castellano está en un monasterio riojano del siglo XI que se encuentra en un valle idílico, en la zona despoblada del territorio; los riojanos no hemos sido capaces de convertir este hito en un polo de desarrollo económico, y ahora creemos que es el momento, por la oportunidad que suponen los fondos europeos, de transformarlo en una forma de riqueza”.

Para ello, han desarrollado una iniciativa que tiene dos líneas de actuación: impulsar el aprendizaje del idioma entre extranjeros con programas personalizados 100% digitales a través de la inteligencia artificial, combinando estancias de larga duración en un campus construido en este “valle de la lengua” con capacidad para albergar a 1.500 personas. Otra línea del proyecto pasa por aumentar la producción científica en castellano. “La mayor base de datos de artículos científicos en español del mundo está en La Rioja”, indica Castresana. Los fondos europeos contribuirán a transformarlo en “un portal de investigación en español a ambos lados del Atlántico para generar equipos de investigación multinacionales que puedan tener estancias en el Valle de la Lengua”.

La ropa del bosque gallego

La gestión sostenible de los bosques gallegos mediante la producción de fibras textiles a partir de viscosa en una planta capaz de fabricar entre 150.000 y 200.000 toneladas al año es una de las iniciativas de Galicia para captar fondos europeos. Se trata de un plan de colaboración público-privada que agrupa ocho proyectos con los que crear 30.000 empleos. “Consiste en el desarrollo de una industria de fibra textil sostenible bajo un ecosistema de empresas de alto componente tecnológico con una inversión de 1.140 millones”, aclara la Xunta.

El fin es la gestión forestal sostenible así como el aprovechamiento de otros residuos con componente celulósico para elaborar fibras textiles sostenibles. Un ejemplo de ello es el lyocell, una fibra sintética biodegradable con propiedades similares a las del algodón que se obtiene de la celulosa de eucalipto. “Contará con los más altos estándares de sostenibilidad e impulsará los servicios ecosistémicos que aportan los bosques a la sociedad y con tecnología puntera”, insisten desde la Administración gallega.

Ebro Food Valley, un proyecto de Navarra, La Rioja y Aragón

Navarra, La Rioja y Aragón pretenden transformar el sector agroalimentario para hacerlo más competitivo, moderno, digital, sostenible, resiliente y con mayor actividad de I+D. Todo ello para cruzar una meta: conseguir un sistema alimentario neutro de carbono para 2050. La iniciativa está coordinada por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria y liderada por el grupo Palacios, la compañía de alimentación especializada en embutidos y otros productos cárnicos. Cuenta con el respaldo de 43 empresas que desarrollan su actividad en la cadena de valor alimentaria (una lista que continuará ampliándose en los próximos meses) y con el apoyo del Gobierno navarro y la colaboración del riojano y el aragonés.

Según explica Pedro Domínguez, el director general de Palacios, el proyecto prevé movilizar una inversión total de 620 millones, de los cuales la mayor parte será capital privado que aportarán las empresas participantes. “Recibir los fondos europeos será un estímulo e incentivo para que las inversiones puedan realizarse”. Además, se prevé generar más 1.500 empleos y unos ingresos adicionales de más de 2.192 millones de euros. Domínguez añade que la iniciativa significa “la modernización de la cadena alimentaria en España, un cambio de modelo y una transformación a una cadena de valor más digital y sostenible”.

El proyecto también pretende crear un nudo de innovación y transformación para garantizar que los aprendizajes lleguen al mercado, a la economía y al conjunto de la sociedad.

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