El Gobierno cambiará la ley para facilitar el acceso al crédito a las comunidades de vecinos

Reforzará su entidad jurídica para acceder a las líneas ICO en 2022

España tiene una de las mayores tasas de la UE de población en pisos

Edificio de viviendas en rehabilitación.
Edificio de viviendas en rehabilitación. GETTY

El Gobierno planea cambios normativos para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades de vecinos que quieran pedir financiación con la que acometer obras de rehabilitación, principalmente las destinadas a acelerar la eficiencia energética de los inmuebles. La mejora del conjunto de los edificios desde el punto de vista sostenible es el pilar del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, financiado con 3.420 millones de euros de los 6.820 millones en ayudas europeas de los que consta el Plan de rehabilitación y regeneración urbana general. De estos 3.420 millones, casi el 60% están comprometidos para las intervenciones en edificios –siempre en su totalidad– a través de mejoras en fachadas y cubiertas o de la instalación de calderas o paneles fotovoltaicos.

Uno de los problemas que ha identificado el Ejecutivo para el correcto desarrollo del plan es la dificultad de financiación que actualmente tienen las comunidades de vecinos “por carecer de personalidad jurídica propia”, explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En esta línea, tal y como recoge el componente dos del Plan de Recuperación remitido la semana pasada a la Comisión Europea, el Gobierno prevé “impulsar la aprobación de medidas normativas específicas, entre las que se puede citar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para mejorar las posibilidades de acceso a la financiación” por parte de las comunidades.

Actualmente, sostienen desde el ministerio, las entidades pueden conceder crédito a las comunidades, pero los bancos son reacios a dar esta financiación porque tienen que actuar contra cada propietario que incurra en mora en el caso de que haya impagos. "Es un procedimiento engorroso y muchas veces termina haciendo que el préstamo no se conceda". Por eso, "vamos a promover que puedan hacerse responsables a las comunidades, para que sean ellas las que tengan que exigir el pago a los propietarios", recalcan estas fuentes.

El objetivo de este cambio es “reforzar la seguridad jurídica” de las comunidades de vecinos para que puedan acceder sin problema a la línea de avales ICO que garantice los créditos destinados a la rehabilitación energética de edificios. Según detalla el componente dos, la publicación de las modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal tendrá lugar en el tercer trimestre de 2022.

A día de hoy, confirma el secretario técnico y jefe de la asesoría jurídica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Adolfo Calvo-Parra, las comunidades de propietarios que necesitan un préstamo se encuentran en una especie de limbo al no tener personalidad jurídica propia. “Depende de la entidad bancaria, pero para la mayoría las comunidades no son un cliente agradable y se escudan en los vacíos de la ley para no llegar a acuerdos, sobre todo por el miedo a posibles impagos”.

Otro de los inconvenientes en los que se ha fijado el Ejecutivo es el predominio que tienen en España los apartamentos frente a la vivienda unifamiliar, una realidad que dificulta la toma de decisiones a la hora de encarar una rehabilitación integral debido al proceso colectivo al que hay que hacer frente.

Según datos de Eurostat relativos a 2018, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor proporción de población viviendo en pisos (64,9%), solo por detrás de Letonia (66%) y lejos de la media comunitaria (46%) o socios como Portugal (45%) o Francia (34%).

Para que las comunidades de propietarios se animen a acometer este tipo de intervenciones, el Gobierno está diseñando un modelo de colaboración público-privada por el que o bien las comunidades o bien las empresas y profesionales del sector de la rehabilitación puedan presentar un proyecto que incluya las cuestiones técnicas, los potenciales ahorros energéticos, el presupuesto y la gestión administrativa, económica y técnica. Con este plan de llave en mano, el Ministerio tiene el objetivo de consolidar un modelo integral y escalable que en el futuro funcione de manera espontánea y genere actividad de forma permanente para reducir la brecha que España tiene en tasa de rehabilitación frente a países del entorno, hoy entre 8 y 10 veces por debajo.

Las mayores ayudas y deducciones

Las actuaciones integrales en edificios completos estarán apoyadas con las mayores deducciones fiscales y las ayudas directas más cuantiosas que el Gobierno ha diseñado para el conjunto del plan de rehabilitación, donde también tienen cabida las intervenciones en viviendas individuales o las que atañen a vecindarios y barrios completos.

El Ejecutivo establece una deducción del 60% por obras de rehabilitación para edificios enteros aplicable a cantidades satisfechas por personas físicas propietarias de vivienda, “condicionadas a una reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30% como mínimo, o bien, a la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación”, detalla el ministerio. En las ayudas directas, el Ejecutivo contempla subvenciones modulables entre el 40% y el 100% del coste de la obra cuando se mejoren las fachadas y cubiertas o se instalen calderas o paneles fotovoltaicos, también de todo el edificio.

Las intervenciones individuales en viviendas contarán con deducciones de entre el 20% y el 40% y con ayudas de hasta el 30% del coste de la obra, siempre en función del impacto energético.

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