Bruselas controlará a las empresas extranjeras que reciban ayudas públicas
El objetivo del reglamento es evitar las distorsiones en el mercado único
La Comisión Europea ha propuesto este miércoles la puesta en marcha de un nuevo instrumento con el que pretende controlar a las empresas extranjeras activas en la Unión Europea (UE) que reciban ayudas públicas de sus gobiernos. El objetivo de la medida es hacer frente a las distorsiones y la competencia que esas subvenciones provocan en el mercado único, ya sea mediante transferencias directas, préstamos o incentivos fiscales. La propuesta de Bruselas, dada a conocer por la vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, será debatida próximamente por la Eurocámara y los 27 socios para cerrar su versión final.
La regulación planteada permitiría a la Comisión investigar las ayudas financieras concedidas por las autoridades públicas de países no pertenecientes a la UE que beneficien a compañías extranjeras con actividad en el territorio comunitario y reparar sus efectos distorsionadores. "Es de suma importancia garantizar la igualdad de condiciones en estos tiempos difíciles para apoyar la recuperación de la economía de la UE", ha señalado Vestager.
Una vez que la normativa entre en vigor, el departamento que dirige Vestager obligará a notificar las fusiones que afecten a una compañía que haya recibido subsidios de un Gobierno extracomunitario por valor 50 millones de euros o más en los tres últimos ejercicios fiscales y en las que la facturación de la empresa que se vaya a adquirir en los Veintisiete sea de al menos 500 millones de euros.
También se deberá informar a la Comisión de las candidaturas en procedimientos de contratación pública que impliquen a empresas extranjeras subsidiadas cuando el concurso público tenga un valor de 250 millones de euros o más.
En estos dos casos, tras la notificación, la Comisión realizará su propio análisis antes de dar luz verde a la fusión o el concurso público. Cuando Bruselas concluya que existe un subsidio y que genera distorsiones, considerará los posibles efectos positivos y los comparará con las consecuencias negativas, pudiendo vetar la operación. Si los efectos negativos superan a los positivos, además de imponer medidas correctoras, el Ejecutivo comunitario podrá también exigir ciertos compromisos de las empresas afectadas para reparar el posible desequilibrio.
Con respecto a las medidas correctivas y los compromisos, la propuesta incluye una serie de soluciones estructurales como la desinversión de determinados activos o la prohibición de un determinado comportamiento de mercado. En el caso de transacciones notificadas, la Comisión también tendrá la facultad de prohibir la adquisición de la empresa subvencionada o la adjudicación del contrato de contratación pública al licitador que ha recibido ayudas.
La regulación incluye una tercera herramienta con la que el Ejecutivo comunitario podrá investigar por su propia iniciativa cualquier otra situación en el mercado o fusiones y concursos públicos de menor valor si sospecha que implican subsidios extranjeros. Si la compañía no cumple con las obligaciones de notificación a Bruselas, la Comisión podrá imponer multas y revisar la transacción como si se le hubiera comunicado.
"Las ventajas injustas otorgadas a través de subsidios han dañado la competencia internacional. Por eso hemos tenido como prioridad tomar medidas drásticas contra estas prácticas desleales", ha recalcado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
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