El Estado pagará 24.000 euros por extraviar un cadáver

El Instituto Anatómico Forense entregó el cuerpo a una persona equivocada

El Estado pagará 24.000 euros por extraviar un cadáver

La Administración tendrá que indemnizar a dos hermanos que no pudieron velar y enterrar a su padre en circunstancias normales porque su cuerpo fue entregado a la persona equivocada. La Audiencia Nacional, en una reciente sentencia, da la razón a los hijos del fallecido y reconoce que el Estado debe resarcir el daño moral y el sufrimiento psíquico causado a la familia.

Según se recoge en el fallo (disponible aquí), el Instituto Anatómico Forense liberó el cadáver bajo las indicaciones del juzgado, el cual, a su vez, tomó la decisión en base a una supuesta petición de los familiares. La realidad es que la familia no había solicitado nada, porque, de hecho, ni siquiera sabían que el hombre había muerto.

La persona que recogió el cadáver había presentado en el juzgado un poder general firmado por el propio fallecido para cerrar la venta de un piso en su nombre. A pesar de que la defunción anulaba el poder, el apoderado cerró la operación inmobiliaria con la exmujer del difunto, a la que ocultó su muerte, y más tarde, utilizó el mismo documento para llevarse el cuerpo a espaldas de la familia.

Daños morales

Los hijos reclamaron al Estado por los daños morales y psicológicos sufridos y acusaron al Anatómico Forense de haber cometido un error capital, por dar crédito a un hombre con un poder caducado, sin comprobar previamente cuál era el deseo de la familia.

Los magistrados coinciden en que la Administración tiene que reparar el daño causado, ya que los funcionarios tuvieron que comprobar quién era realmente la persona que reclamaba el cuerpo, y especialmente, que la persona que firmaba el poder había fallecido.

La Sala no puede concluir que el trastorno adaptativo del menor de los hermanos sea consecuencia directa del mal funcionamiento de la Administración en este caso. No obstante, sí reconoce los demás daños morales. La Audiencia condena por ello al Ministerio de Justicia a indemnizar a un hermano con 6.000 euros, y al otro, el más afectado, con 18.000 euros.

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