La banca podría asumir hasta 1.300 millones en quitas de los créditos ICO

Estado y entidades condonarán hasta 4.300 millones de préstamos con aval Las ayudas directas costearán costes fijos contraídos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021

Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos.GTRES

“La duración y el impacto económico de la pandemia aumentan el riesgo de un deterioro significativo de los balances de las empresas y un sobreendeudamiento que podría lastrar la recuperación y la creación de empleo a partir de la segunda mitad del año”, y “por eso es necesario que nos adelantemos proponiendo medidas para prevenir estos posibles problemas de solvencia”, defendió el viernes la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al presentar el plan de ayuda a la solvencia empresarial. Este constará de 11.000 millones de euros públicos, incluyendo 7.000 en ayudas directas, a los que la banca podría sumar hasta 1.300 millones más para asumir quitas de los créditos avalados por el Estado.

“Los indicadores apuntan a una ralentización de la recuperación, en línea con la evolución del resto de países europeos en esta tercera ola de la pandemia”, admitió la vicepresidenta, aseverando que la segunda mitad del año traerá consigo una fuerte reactivación de la actividad coincidiendo con el avance de la vacunación. El objetivo del paquete aprobado el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, expusieron a su término Calviño y la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María José Montero, es apoyar a las empresas “viables” para que resistan. Mientras las ayudas surten efecto, el real decreto ley incluye la ampliación de la moratoria concursal hasta final de año con el objetivo de contener el riesgo de un aluvión de liquidaciones.

“Actuando en el momento adecuado evitamos un coste superior en el futuro”, sostuvo Calviño, que aseveró que el Ejecutivo se está anticipando al problema, pese a que la aprobación de un paquete de ayudas directas lleva siendo un clamor entre patronales empresariales y autoridades como el Banco de España desde hace tiempo.

El decreto supone la creación de tres nuevos fondos, estas son las principales características de cada herramienta.

Ayudas directas

El primero de los tres fondos, el más demandado por empresas y autoridades, es un fondo de ayudas directas dotado de 7.000 millones de euros y que se destinará a cubrir los costes fijos de empresas que hayan sufrido una caída de facturación de al menos el 30%, punto que certificará la Agencia Tributaria. Será repartido a través de las comunidades autónomas, que recibirán el dinero en un plazo máximo de un mes y 10 días.

La herramienta ha sido la más compleja de definir y la que más diferencias ha causado dentro del Gobierno de coalición, que se ha debatido entre los 5.000 millones inicialmente previstos y los 8.000 demandados a última hora por Podemos, demorando del martes al viernes su aprobación.

“A la hora de considerar las necesidades de las distintas empresas y territorios resulta evidente el impacto diferencial de la pandemia en Baleares y Canarias por el alto peso del turismo en los archipiélagos”, argumentó Calviño, anunciando que se reservan para ellas 2.000 de los 7.000 millones. Los otros 5.000 millones se repartirán entre el resto de regiones siguiendo los criterios de impacto de la crisis del Covid-19 que ya se usaron al distribuir los 10.000 millones del fondo ReactEU.

Con cargo a esta línea las comunidades podrán ofrecer ayudas no reembolsables de carácter finalista para el pago de deudas contraídas desde el 1 marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021 (siempre con contratos previos al decreto), detallan fuentes conocedoras. Se sufragarán costes fijos como pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera. Podrán solicitar las ayudas las empresas con una caída de la facturación de más del 30% en 2020 frente a 2019 (siempre que culminaran ese año en positivo). Habrá 100 tipos de subsectores apoyados, según sus códigos CNAE, entre los que destacan las actividades de la industria manufacturera, comercio, hostelería, sectores auxiliares al transporte, mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionas con la cultura y el deporte.

Los fondos podrán cubrir hasta el 40% de la caída de ingresos para las micropymes y autónomos que tengan hasta 10 trabajadores, y el 20% para el resto de firmas, con una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva, y de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas. A partir de aquí, las autonomías podrán imponer criterios adicionales a los marcados desde el Gobierno central.

Reestructurar deudas

El segundo fondo servirá para reestructurar la deuda contraída por las empresas que han obtenido parte de los 120.000 millones de financiación bancaria avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en la pandemia. El plazo para solicitar estas líneas se alarga, además, hasta el 31 de diciembre. El mecanismo incluirá quitas como último recurso por hasta 3.000 millones públicos y será coordinado por las entidades financieras, aprovechando su conocimiento de la solvencia empresarial, a través de la firma de un código de buenas prácticas.

Habrá tres escalones de actuación en este fondo. Uno permitirá extender los plazos de vencimientos de los préstamos, adicional a la ampliación del pasado mes de noviembre. Un segundo nivel pasaría por convertir los créditos en préstamos participativos gracias al aval público. El tercer y último recurso sería la transferencia directa de fondos para la reducción del principal, propiciando quitas.

En el caso de las quitas, el Estado asumirá la parte porcentual que haya avalado, que según fuentes oficiales ronda de media el 70% (aunque llega al 80% en pymes), mientras que la banca correrá con el resto, cerca del 30%, con lo que, dada la magnitud del fondo, el sector podría tener que acabar aportando hasta 1.285 millones. Es decir, podrán llegar a condonarse hasta 4.285 millones de los préstamos avalados (un 3,5% del concedido a día de hoy). La decisión última será de las entidades, que serán instadas a aprobar las operaciones de forma concertada cuando compartan deudores y recibirán el apoyo necesario del ICO cuando corresponda.

“Las ayudas podrán destinarse a las empresas que cumplan los criterios de elegibilidad que se establecerán por un posterior acuerdo de Consejo de Ministros y dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras”, aclara Economía, que también tiene pendiente de desarrollar el código de buenas prácticas.

Recapitalización

El tercer mecanismo contará con 1.000 millones para recapitalizar a pymes, a través de la firma pública Cofides, al estilo del fondo de 10.000 millones para grandes compañías estratégicas que maneja la SEPI. Se servirá de instrumentos de endeudamiento, capital y cuasi capital, con una duración máxima de ocho años, y conllevará una participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas asistidas.

Los requisitos para acceder serán mantener viva la empresa hasta el 30 de junio de 2022; no repartir dividendos, ni incrementar los pagos de la alta dirección durante dos años; y no operar en paraísos fiscales.