Un escudo sin precedentes de más de 35.000 millones para evitar el derribo social

El Gobierno tiene que decidir qué parte de las ayudas económicas y sociales mantiene en 2021 y cómo las financia

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Si de algo está orgulloso el Gobierno en bloque, independientemente del color del partido al que pertenezca en la coalición, es de haber desplegado con rapidez un paquete de medidas para proteger a trabajadores, familias y personas vulnerables de la brutal crisis generada por la pandemia mundial de Covid-19. El bautizado como escudo social incluye más de una veintena de medidas que están requiriendo el desembolso de más de 35.000 millones de euros de dinero público, algo sin precedentes en la historia democrática española y que ha evitado la liquidación por derribo de la estructura social del país tal y como se la conocía antes de la pandemia.

La decisión de facilitar y subvencionar al máximo el recurso de las empresas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para apuntalar las rentas de hasta 3,5 millones de trabajadores en el peor momento de la pandemia y aliviar el coste empresarial, así como la creación de un esquema similar para trabajadores autónomos y otros subsidios especiales para desempleados más vulnerables han sido, sin duda, las medidas estrellas de este escudo. Es más, han copado la práctica totalidad de su coste, que se ha multiplicado casi por dos respecto a lo calculado en mayo por el Gobierno, cuando envió a Bruselas sus previsiones de financiación de este plan, cifrándolo en poco más de 23.000 millones de euros.

Este despliegue de medidas supuso también que en el peor momento de la crisis, a finales de abril y principios de mayo, el colectivo de personas que recibía sus rentas del Estado se elevó al entorno de los 20 millones de ciudadanos (10 millones de pensionistas; 3,2 millones de funcionarios; 5,4 millones de perceptores de prestaciones por desempleo; medio millón de beneficiarios de prestaciones por incapacidad temporal). Esto supone que aproximadamente la mitad de la población mayor de 16 años estaría recibiendo su renta de las arcas públicas estatales.

Cómo seguir pagando ayudas

En este escenario se abren varias incógnitas de cara al 2021, fundamentalmente de carácter financiero y normativo. ¿Qué parte de este escudo social va a seguir siendo necesaria el próximo año? El Gobierno debe decidirlo pero, de momento, el Ministerio de Trabajo reanudará la próxima semana la negociación con patronal y sindicatos para diseñar una cuarta prórroga de las condiciones especiales de los ERTE.

Pese a que el Gobierno ha presupuestado solo una cantidad simbólica de poco más de 1.000 millones de euros para costear esta herramienta, varios de sus ministros han garantizado ya que se prorrogarán “el tiempo que haga falta”. Otra cosa es en qué empresas o sectores se vayan a concentrar estas ayudas. De hecho, fuentes de los interlocutores sociales se temen ya una negociación de los ERTE más dura ante la posibilidad de que el Gobierno quiera restringir algo las ayudas.

De momento, el Ejecutivo cuenta con el presupuesto habitual para prestaciones por desempleo –que en 2021 será de 25.012 millones de euros– y ha cobrado ya 10.000 de los 21.300 millones que le corresponden del fondo europeo SURE, para desempleo y ayudas a autónomos por Covid.

Pero con este dinero no solo debe hacer frente a los futuros ERTE sino al pago de las prestaciones y subsidios por desempleo de los parados. Por ello, hay quien ya ha dado la voz de alarma, como el catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona Josep Oliver, quien cree que el dinero del SURE para financiar los ERTE se habrá agotado en abril o mayo del próximo año como muy tarde. Es más, advierte de que no se puede esperar que se destinen a estas ayudas dinero de otro tipo de fondos europeos.

Pero esta no es la única duda que surge sobre el futuro del escudo social. Entre todas las medidas desplegadas hay una, de carácter normativo, que también podría ser objeto de polémica en la próxima negociación para prorrogar los ERTE. Se trata de la doble prohibición de despedir para el empresario.

Por un lado, en los ERTE hasta el 31 de enero se mantuvo la obligación de las empresas que se acojan a estos ajustes de mantener el empleo durante seis meses. Si bien esta prohibición se acortó, al empezar a contar este plazo desde el día que entraba en vigor la norma.

Pero a esta obligación que impide a las empresas en ERTE despedir durante un tiempo se añade la prohibición de realizar despidos con causas objetivas relacionadas con el Covid-19. El catedrático de Derecho del Trabajo Universidad Complutense y consultor de Abdón Pedrajas, Jesús Lahera, advierte sobre la “jaula de oro” en la que se estarían convirtiendo los ERTE por estas prohibiciones, ya que pese a aguantar la rentas de casi un millón de trabajadores en la actualidad, estarían manteniendo atadas las manos de los empleadores para reestructurar plantillas.