La tasa Tobin encarecerá la compra de 56 valores de la Bolsa desde el 18 de enero
Los intermediarios deberán recaudar el 0,2% del importe de las adquisiciones; las compañías con una capitalización superior a 1.000 millones, afectadas
Los presupuestos generales están aprobados, y la denominada tasa Tobin –en realidad, el impuesto sobre las transacciones financieras– también. La norma, que gravará con un 0,2% la compra de empresas españolas que coticen, entra en vigor el sábado 16 de enero. Pero será aplicable dos días después, cuando abra la Bolsa, a 56 valores españoles que a cierre del pasado 16 de diciembre tenían una capitalización superior a los 1.000 millones de euros, coticen donde coticen. El Gobierno espera recaudar 850 millones; los intermediarios son los encargados de pagar.
En algo más de dos semanas, los inversores en Bolsa, ya sea directamente o a través de fondos de inversión, pagarán la comisión al mercado, al intermediario y, además, un impuesto de nuevo cuño. El sujeto pasivo –quien abona el tributo– es en teoría la entidad financiera que realiza la adquisición, pero en la práctica esta repercutirá ese coste extra al comprador, que es el contribuyente del impuesto. Los intermediarios ya preparan el desglose del nuevo impuesto en sus aplicaciones para operar online. Este es el modus operandi de los brókeres en los impuestos equivalentes que se pagan en Francia desde 2012 y en Italia desde 2013.
La caída de la Bolsa española en 2020 –el Ibex 35 retrocede alrededor de un 14%– ha reducido el número de empresas a las que se aplicará el impuesto, pergeñado allá por el otoño de 2018. La capitalización debe ser superior a los 1.000 millones el 16 de diciembre este año, un mes antes de su entrada en vigor. A partir de 2021, el día de referencia será el 1 de diciembre. Al cierre de ese día son 56 las compañías españolas que tendrán un recargo por su adquisición (véase gráfico), frente a las cerca de 70 que hubieran estado sometidas al pago en el momento en el que se lanzó la idea del nuevo tributo, según Bloomberg.
El Gobierno prevé recaudar 850 millones al año con el nuevo impuesto
Por la mínima aparecen en la lista, Faes, Unicaja e Indra. También por muy poco se han librado Metrovacesa, Aedas y Elecnor. Estas tres empresas valen más de 900 millones, muy cerca del umbral que supondrá a los inversores pagar más por ellas. En la lista aparece EDP Renováveis, que cotiza en Euronext, pero tiene su sede en Madrid.
Capacidad real
Los críticos con el impuesto señalan que los objetivos de recaudación distan de ser realistas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fical (AIReF) señaló hace dos años que su capacidad de ingreso partía de 450 millones, con el máximo en la cuantía que se ha puesto como meta el Ejecutivo. Lo cierto es que los 850 millones superan los 665 millones en comisiones que percibieron bancos y brókeres en concepto de tramitación y ejecución de órdenes el año pasado, según un documento de la CNMV.
La falta de la trazabilidad de las operaciones fuera de BME es un problema
La propia BME facturó en renta variable 112 millones el año pasado, un 13,6% menos que en 2018. Y los expertos consultados señalan que el diseño del impuesto tiene un agujero negro. En la práctica, será el liquidador de las operaciones el que entregue a Hacienda el tributo. En España será Iberclear, sometido al escrutinio de la Agencia Tributaria. Lo mismo ocurre con los bancos y las sociedades y agencias de valores españolas.
Las fuentes consultadas señalan que la trazabilidad de las operaciones fuera de BME y con intermediarios extranjeros será escasa. Desde hace años se puede realizar la compraventa, la compensación y la liquidación en plataformas diferentes. Desde octubre de 2017, todas las Bolsas europeas liquidan a través del BCE en el sistema Target 2 Securities (T2S). Están conectados a él 21 depositarios europeos, incluido el español. La ley que desarrolla el impuesto señala que los depositarios de la UE o de terceros países realicen este pago “mediante acuerdos de colaboración suscritos” con Iberclear. Pero esto es, de momento, un deseo, no una realidad.
El presidente de la CNMV anticipa un efecto “asumible”
Rodrigo Buenaventura. El nuevo presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, señaló en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso del pasado 9 de diciembre, en la que se sometió al dictamen sobre su idoneidad para el cargo, que “el tipo de medida que se ha propuesto es (...) muy similar al impuesto francés y al impuesto italiano”. “En ese sentido, el impacto no debería ser excesivamente oneroso y, por tanto, asumible por el mercado”, añadió. Su predecesor en el cargo, Sebastián Albella, fue más duro, al aseverar el 1 de octubre de 2018 que el impuesto sería “lesivo para el mercado español, especialmente en momentos de tanta competencia entre los distintos centros financieros”. Albella señaló entonces que la CNMV consideraba que “solo tendría sentido hacerlo de manera coordinada”. Los nuevos dueños de BME, el grupo suizo Six, aseguró al lanzar la opa en noviembre de 2019 que el impuesto no ayudaba, pero se mostró dispuesto a lidiar con él.
