Santander, CaixaBank y Bankia recibirán 1.350 millones del Estado por el caso Castor

Para endosar la deuda al consumidor del gas hace falta una ley

Fachada del Tribunal Supremo

Como era de esperar, los tres bancos que en 2014 asumieron y titulizaron la deuda de la inversión del malhadado almacén de gas Castor, han ganado el pleito que iniciaron ante el Tribunal Supremo después de que en diciembre de 2018 el Constitucional declara nula la norma que obligaba al sistema gasístico a pagarla. En total, 1.350 millones de euros que, en parte, habían pagado ya los consumidores en los peajes del gas (80 millones de euros anuales desde 2014) a Santander, Caixabank y Bankia y que la CNMC obligó a devolver.

Tras esa anulación, las entidades presentaron ante el Supremo una demanda de responsabilidad patromonial contra el Estado legislador, que han ganado. Aunque el fallo del recurso presentado por la Generalitat de Cataluña ante el Constitucional contra el rescate financiero de Castor, no entró en el fondo del asunto, sí consideró que este debía haberse incluido en una ley y no en un real decreto ley (13/2014 de 3 de octubre), como así se hizo, pues su urgencia no estaba justificada. El Gobierno de Mariano Rajoy, que había clausurado la planta en 2013, tras los seísmos que su primer llenado provocaron en las costas de Castellón, optó por ponerse de perfil, pese a las peticiones de los bancos, ante la evidencia de que no recibiría el respaldo parlamentario en una cuestión tan polémica como el Castor. El almacén fue construido por Escal, una sociedad participada por ACS (66,7%) y la empresa canadiense del mismo nombre (33,3%).

Estas empresas habían colocado previamente la deuda por la inversión que se le había reconocido (los citados 1.350 millones) entre cientos de bonistas, uno de ellos, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero fue Enagás la encargada de recolocarla en el marco del citado RDL de 2014. Y lo hizo, a un tipo de interés del 4,3% y a 30 años, entre Santander (el 50,94%, de la misma); CaixaBank (34,05%), y Bankia (15%).

Según el fallo del Supremo, es “indudable” que cuando se declaró la inconstitucionalidad de esas medidas, los legítimos titulares del derecho de cobro eran los tres bancos recurrentes y, por tanto, deben ser considerados los perjudicados en esta exigencia de responsabilidad. Y añade que es la ley la que directamente les hace acreedores del pagador, sin actividad administrativa o privada alguna. Concluye así que el pacto del real decreto ley “no fue a tres bandas, sino a cuatro”, porque “no cabe ignorar que en realidad en ese pacto estaban incluidos los bancos, que hacían el pago de las instalaciones que pasaban a titularidad pública (Enagás) y en plazo más que perentorio”.

Queda por ver si el Estado paga esa deuda (con los correspondientes intereses) vía Presupuestos la opta por endosarla a los consumidores en los peajes del gas, lo que se considera más probable. Ello generaría una importante subida de la factura. Sin embargo, para imputar de nuevo el recoste al sistema, para ello necesitaría incluirlo en una ley. Quizás en una enmienda a la de la propia LGPE.

Un boomerang que vuelve al punto de partida

El Gobierno, este y el anterior, eran conscientes de que el fin de la anulación del pago de la deuda de Castor a Santander, Caixabank y Bankia en 2014 y anulada por el Constitucional (previa demanda de la Generalitat) era solo cuestión de tiempo. Eliminar dicha hipoteca de los costes del sistema del gas (80 millones de euros al año) era aplazar y agrandar un problema: lo que no se ha cobrado a los usuariosen estos años, se les tendrá que cobrar con intereses a partir de ahora, siempre que el Gobierno no opte por llevarla a Presupuestos, algo improbable. Además de esta deuda, está la que ha reclamado Enagás por el mantenimiento de una planta, cuyo desmantelamiento ya ha sido acordado por el Gobierno (unos 200 millones) se añadirá también a la factura.