El 12% para infraestructuras… ¿resilientes?

La falta de normas sobre riesgos climáticos provoca una asignación ineficaz del capital en las decisiones inversoras

Incendio en Mountain Road (Santa Helena, California, EE UU), a principios de octubre.
Incendio en Mountain Road (Santa Helena, California, EE UU), a principios de octubre. getty images

La pandemia nos ha roto todos los esquemas, qué duda cabe. Y marca prioridades. Pero no perdamos de vista que hay otras crisis más allá de la generada por el Covid-19. La climática es una de ellas. Aunque menos acuciante, puede ser más letal a medio-largo plazo si no avanzamos en su solución. Ya afecta a vastas franjas de población, golpeando duramente a los colectivos más vulnerables, y seguirá ampliando su radio de acción si no hacemos algo para impedirlo.

Según los datos de los que disponemos, las pérdidas económicas (sin entrar en los devastadores efectos colaterales en la vida de las personas afectadas) causadas por catástrofes naturales en 2019 ascendieron a un total aproximado de 53.000 millones de dólares. En términos económicos, las empresas estiman un potencial de 250.000 millones en activos perdidos por su causa, con previsiones de que un billón de dólares esté en riesgo para los próximos cinco años.

Vamos rezagados a la hora de proteger a la sociedad de la creciente frecuencia y gravedad de los impactos meteorológicos. Es crucial invertir en infraestructuras resilientes para elevar su nivel de adaptación a eventos climáticos extremos durante toda su vida útil y estar preparados para contrarrestar su impacto. Hemos de adaptar nuestras redes de transporte, viviendas, sedes administrativas, hospitales, centros educativos, empresas, aeropuertos, etc, etc., para hacer frente a las inundaciones, olas de calor, sequías, ciclones, incendios forestales y otras situaciones graves que, con toda seguridad, vendrán durante las próximas décadas.

Damos así la bienvenida a que el Gobierno haya considerado en el Plan de Recuperación, que guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023, impulsar las infraestructuras resilientes a través de proyectos como el Plan de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, entre otros. Según lo anunciado, esta política recibirá el 12% de los recursos y, tratando de cumplir con precisión las prioridades de los fondos europeos de recuperación, el Ejecutivo dedica a la inversión verde más del 37% del total del plan global.

Sin embargo, la falta de normas sobre riesgos climáticos provoca una asignación ineficaz del capital porque, cuando se trata de infraestructuras, uno de los mayores desafíos es poner precio al riesgo climático físico en las decisiones de inversión. La gran pregunta ahora es: ¿cuánta de la inversión para la recuperación incidirá directamente en la construcción o actualización de infraestructuras para que estas sean realmente resilientes al cambio climático?

Para tratar de poner cifras a lo que nos estamos refiriendo, y centrándonos solo en la red de carreteras europea, Bruselas calcula que entre el 30% y el 50% de sus costes de mantenimiento están causados por los fenómenos que provoca el cambio climático. Hablamos de entre 8 y 13 billones de euros al año. Además, se espera que, si persiste el aumento de la frecuencia de inundaciones, grandes sequías y precipitaciones extremas, a partir de 2040 será necesaria una inversión adicional de más de 150 millones de euros al año en el mantenimiento de infraestructuras de transporte, solo en el continente europeo.

La avanzada tecnología de las empresas españolas en el campo de las infraestructuras sitúa a nuestro país en un lugar destacado. Firmas como Abeinsa, Acciona, ACS, Adif, Aena, FCC, Ferrovial, Iberdrola, Naturgy, Navantia, OHL, Sacyr o Técnicas Reunidas, solo por citar algunos ejemplos muy evidentes, son acreedoras de un reconocido prestigio internacional. España es un referente mundial en la gestión de infraestructuras de transporte aéreo, aeroportuario y terrestre, infraestructuras ferroviarias o construcción de obra civil.

Por eso es importante hacer un llamamiento a poner especial énfasis, desde los ámbitos público y privado, en valorar correctamente el riesgo climático físico y aumentar la transparencia y divulgación de los impactos relacionados con el clima en sus propuestas y proyectos porque, más allá de los fondos de recuperación en que ahora estamos centrados, los inversores, los facilitadores de préstamos, las aseguradoras y las agencias de calificación necesitan claridad para tomar decisiones financieras informadas.

La fijación de precios del riesgo climático creará nuevas oportunidades para construir una red de infraestructuras resilientes en todos los países, independientemente de su nivel de ingresos, lo que nos permitirá prevenir mejor los desastres futuros. Además, el coste de incorporar el riesgo climático físico en la fijación de precios no es elevado en comparación con los beneficios: el 3% como media de inversión de capital adicional por cada dólar invertido generará cuatro dólares de valor económico global.

Las normas de resiliencia climática y la fijación de precios también permitirán la movilización de capital hacia donde más se necesite. Incluso podría ayudar al programa de mitigación, ya que cualquier inversión también deberá tenerlo en cuenta. Con un mejor análisis, las geografías vulnerables también podrán atraer el tipo de inversiones adecuadas y evitar la fuga de capitales, ya que los riesgos climáticos se tasarán con precisión en los proyectos de infraestructura.

Las infraestructuras hacen posible el flujo de bienes, servicios y personas que permiten a las sociedades prosperar. Debemos abordar con urgencia la cuestión de garantizar su capacidad para soportar los vaivenes del cambio climático. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya ha avanzado que el plan de reformas que se propone a Bruselas prioriza, además del desarrollo del ferrocarril, la inversión en movilidad urbana y la eficiencia energética en la edificación.

No hay que olvidar que una de las premisas básicas de Bruselas para dar el visto bueno a los planes es que tengan un alto impacto socioeconómico, a la vez que sostenible, para llevar adelante la reconstrucción post-Covid. Existe una gran oportunidad para construir infraestructuras con resiliencia a un cambio climático que puede seguir acelerándose si no se toman otras medidas a escala mundial, pero ese ya es otro debate. Las condiciones para el éxito ya están listas y urge hacerlo.

Agustín Barrenechea es director de Construcción e Infraestructuras de Willis Towers Watson para Europa occidental