Plataformas digitales

La Inspección regulariza a 11.000 falsos autónomos de Glovo y obliga a la empresa a pagar 16,2 millones

Las operaciones contra la compañía de reparto se han llevado a cabo en 16 provincias por las denuncias de varios sindicatos y actuaciones de oficio de los inspectores

Repartidor de la empresa Glovo.
Repartidor de la empresa Glovo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado una macro operación contra las relaciones laborales irregulares en la empresa Glovo que ha tenido como resultado la regularización de 11.013 trabajadores de esta plataforma que dejarán de ser falsos autónomos y serán dados de alta como asalariados. Fuentes conocedoras de estas actuaciones han indicado que, fruto de estas regularizaciones la empresa deberá abornar 16,21 millones de euros en cotizaciones sociales no abonadas por estos trabajadores.

Se trata del resultado de un conjunto de inspecciones llevadas a cabo en 16 provincias españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz) durante 2019 y 2020.

El grueso de los trabajadores que serán dados de alta y de los expedientes liquidatorios de cotizaciones a la Seguridad Social obedecen a 22 órdenes de servicio llevadas a cabo en respuesta a las denuncias presentadas contra la empresa Glovo App23 SL. por parte de lo sindicatos UGT, CNT, CC OO, CUT, Corriente Sindical d'Izquierda de Uvieu y SAT). Estas actuaciones obligarán a la empresa a abonar 14 millones de euros por las cuotas de 9.251 trabajadores que hasta ahora cotizaban por su cuenta a la Seguridad Social y ahora pasarán a ser asalariados..

A dichas actuaciones hay que sumar otras 8 órdenes de servicio hechas de oficio por la Inspección de Trabajo, en las que se ha regularizado a 1.762 repartidores de Glovo, por los que la empresa deberá abonar otros 2,2 millones de euros en concepto de cuotas sociales.

Esta ha sido una de las mayores operaciones de regularización de falsos autónomos hechas por la Inspección de Trabajo --organismo dependiente del ministerio que dirige Yolanda Díaz-- y se conoce pocos días después de otra gran actuación de los inspectores en esta ocasión contra la empresa Amazon a la que obligaron a hacer asalariados a más de 4.000 falsos autónomos que también trabajaban como repartidores.

Desde Glovo se limitan a decir que "las actas de la Seguridad Social no son firmes y recordamos que ningún juez ha dictaminado que los repartidores son empleados". Según la compañía, los 16,2 millones son "una deuda estimada, que no es cierta".

Próxima regulación de las plataformas

Precisamente hoy, los responsables del Ministerio de Trabajo y los de los sindicatos y patronales han mantenido una primera reunión para regular legalmente las figuras de los repartidores (conocidos como riders) y reconocer, tal y como han indicado numerosas sentencias judiciales --entre ellas una reciente del Tribunal Supremo-- que la relación de estos trabajadores con sus empresas es de carácter laboral y no mercantil.

En dicha reunión, los asistentes han acordado que esta futura regulación será más amplia de lo pensado inicialmente. Así, la norma ampliará su marco de actuación, que no solo afectará a los repartidores a domicilio, sino a todas las plataformas digitales de todo tipo, donde las relaciones de trabajo se planteen de forma mercantil y no laboral.

 El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han quedado hoy en volver a reunirse el miércoles de la semana próxima e intercambiarse sus propuestas regulatorias sobre las que se elaborará la próxima ley en esta materia.

 Antecedentes

La medida llega un mes después de que el Tribunal Supremo declarara por primera vez que la relación existente entre un repartidor y Glovo tiene naturaleza laboral y que los riders son falsos autónomos. El Supremo falló en esa dirección tras determinar que la empresa no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidos, sino que es una compañía que presta “servicios de recadería y mensajería” fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio.

El golpe a Glovo también tiene lugar apenas unos días después de que la Inspección de Trabajo también asestara un duro revés a Amazon. El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social dio de alta de oficio en el régimen general de la Seguridad Social a 4.066 repartidores de Amazon que trabajan como autónomos, tras una denuncia de UGT que demandaba que la relación de estos trabajadores con la compañía es laboral y no mercantil.

En el caso del gigante del comercio electrónico se trataba de repartidores autónomos que utilizaban su propio vehículo para el reparto de paquetes en Madrid y Barcelona a través de sus dos sociedades Amazon Spain Fullfillment S.L, y Amazon Road Transport Spain.

La regulación de los riders de Glovo se produce en pleno debate sobre la forma de operar de las plataformas de reparto de comida a domicilio, la mayoría inmersas en demandas judiciales como es el caso de Glovo, Uber Eats y Deliveroo. También mientras el Gobierno trabaja en una nueva legislación que “limite las situaciones irregulares”, según ha explicado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. El Ejecutivo quiere priorizar la identificación de relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo como por ejemplo los falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios.

Según la asociación de empresas que representa a la economía digital en España, Adigital, en las plataformas de delivery operan más de 14.000 repartidores en todo el país. La organización defiende desde hace tiempo un modelo normativo como el francés que desde hace 10 años tiene un régimen especial para microemprendedores o trabajadores independientes. “Un marco favorable, que no existe en España y que aunque no se diseñó para organizar las relaciones de este tipo de plataformas, sí es una buena base”, según indicaba hace poco el director general de Adigital, José Luis Zimmermann.

Normas
Entra en El País para participar