Energía

Competencia investiga a Enagás por prácticas desleales contra Reganosa

Alude a actuaciones anticompetitivas aunque se trata de dos empresas reguladas que no compiten en el mercado

Antonio Llardén, presidente de Enagás.
Antonio Llardén, presidente de Enagás.

El pasado 7 de octubre, la CNMC (concretamente, la Sala de Competencia de este organismo) comunicó en una nota de prensa que estaba investigando “una posible práctica anticompetitiva en el mercado del gas natural en España”. Aunque no desveló nombres, sí informó de que los días 30 de septiembre y 1 de octubre pasados había realizado “una inspección en la sede de una empresa del sector ante la sospecha de la existencia de una presunta práctica anticompetitiva, prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en un abuso de la posición dominante mediante una estrategia de cierre del mercado a terceros competidores”.

Al aludir a un problema de mercado, todas las sospechas se centraron en las comercializadoras del segmento liberalizado, como Naturgy o Iberdrola, pero, según confirman fuentes empresariales a CincoDías, la investigada es Enagás, compañía presidida por Antonio Llardén que desarrolla una doble actividad regulada: la de gestor técnico del sistema gasístico (GTS) y la de transportista de la red troncal de gasoductos.

Las mismas fuentes aseguran que la investigación es el resultado de la denuncia presentada ante Competencia por Reganosa, compañía gallega que gestiona también una pequeña red de transporte de gas (130 kilómetros en las provincias de Lugo y A Coruña) y es propietaria de la regasificadora de Mugardos, en el puerto de Ferrol. Asimismo, tiene la consideración de gestor de su red desde 2014.

Reganosa no ha querido hacer comentarios sobre un proceso que, de momento, tiene la consideración de “información reservada”. También en Enagás han optado por guardar silencio.

Las fuentes anteriormente citadas señalan, no obstante, que la denuncia del grupo gallego hace alusión a varias “prácticas concretas” relacionadas con “ciertos favores del GTS a Enagás”. Más específicamente, con el “mayor uso que el gestor da a las regasificadoras de Enagás, como la de Bilbao, frente a la de Reganosa”. El caso volvería a poner encima de la mesa el debate sobre la necesidad de separar empresarialmente al gestor del sistema del transportista.

Según señaló en su nota de prensa la propia CNMC, “las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad”. Si, como resultado de las inspecciones, “se encontrasen indicios de una práctica anticompetitiva prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador”, añadía en el comunicado el organismo que preside Cani Fernández.

Por otra parte, en él recordaba que “el abuso de posición dominante en mercados recientemente liberalizados se considera una infracción muy grave de la ley de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa”.

Aunque la CNMC hace alusión a mercados liberalizados, las actividades de ambas empresas en España son reguladas y en régimen de monopolio natural. Por ello, fuentes del sector se han sorprendido de que el caso no lo investigue la Sala de Regulación de la CNMC, con lo que los hechos tendrían la consideración de una infracción sectorial. Al parecer, Reganosa, que mantiene una batalla abierta con Enagás desde hace años, incluso ante el Tribunal Supremo, ha optado esta vez por denunciar ante Competencia y no ante Regulación.

La regasificadora de Mugardos tiene una capacidad de almacenamiento de 300.000 metros cúbicos y este año ha sido la segunda del sistema con mayor porcentaje de utilización, solo por detrás de la de Bilbao. Además, Reganosa gestiona la terminal de GNL de Malta y presta diversos servicios energéticos en 14 países de cuatro continentes. El grupo tiene una plantilla de 150 empleados, mas del doble que en 2015.

Bajo secreto de sumario

El expediente sancionador que la Sala de Competencia de la CNMC va a abrir con toda seguridad a Enagás (el pasado dia 7 los inspectores del organismo entraron en la sede en busca de pruebas) sigue lleno de incógnitas. La principal es por qué se investigan prácticas contra la libre competencia de dos empresas cuyas actividades están reguladas en régimen de monopolio y, por tanto, al margen del mercado.

Bien es cierto que al desempeñar el papel de gestor técnico del sistema (GTS), a la hora de arbitrar el uso de las infraestructuras o determinar las inversiones, el gestor podría favorecer a Enagás como transportista. Pero también lo es que se trata de actividades cuya inversión se retribuye a través de la factura del gas, y que tienen garantizada una rentabilidad sea cual sea su uso.

A la espera de que se conozcan las denuncias de Reganosa y la posición de la CNMC, hay quien especula que lo que se está dirimiendo, en el supuesto de que el GTS haya favorecido el uso de las regasificadoras de Enagás, es que la operación y el mantenimiento de las plantas deje un margen inapropiado a las empresas, que deberían cobrar por el coste real.

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