Higiene y desinfección: cómo lidiar con los sobrecostes del Covid
Solo en mascarillas las empresas gastan 20 euros por empleado al mes
En términos de salud e higiene, hasta marzo la única preocupación de la mayoría de empresas era asegurarse de que no faltara jabón en los aseos y lejía y alcohol en los cuartos de limpieza. Pero un virus que se propaga por el aire las obliga ahora a proveerse de mascarillas, guantes y mamparas. Esos son los equipos mínimos recomendables. Las que pueden permitírselo optan también por cámaras termográficas y arcos de desinfección.
Muchos negocios pequeños no están familiarizados con la gran variedad de tecnologías y productos que, de repente, se han vuelto esenciales para evitar la entrada del coronavirus en oficinas, fábricas y comercios. Ese desconocimiento, sumado al temor a un rebrote a escala nacional que repita el desabastecimiento de marzo, dificulta la elección de los suministros más convenientes en cada caso y puede que más de una se precipite a comprar sin una idea clara de lo que realmente necesita.
“Como cada empresa es diferente, es importante que su técnico responsable de seguridad y salud, ya sea interno o externo, realice un análisis de riesgos y determine los equipos de protección individual (EPI) que deben llevar los trabajadores”, comenta Luis Gil Palacios, secretario general de Asepal, asociación de fabricantes y distribuidores de EPI.
La figura de este técnico cobra ahora especial relevancia, aunque muy pocas micropymes cuentan con uno. Solo es obligatorio en las organizaciones de más de 500 empleados de cualquier sector y en las de más de 250 que efectúan actividades consideradas peligrosas, como construcción y minería, o que manipulan cables de alta tensión o sustancias tóxicas.
Un análisis de riesgos es clave antes de invertir en equipos de protección individual
Los negocios más pequeños acostumbran a contratar firmas especializadas que les asesoran en el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales (en España, tres grupos dominan este mercado: Quirón, Cualtis y Aspy). La ley, aprobada en noviembre de 1995, establece que las empresas deben contar con planes de actuación ante accidentes y contingencias.
Ismael Sánchez-Herrera, presidente de Aepsal, asociación de especialistas en prevención y salud laboral, explica que este plan es versátil y, en el actual escenario, debe contemplar protocolos que detallen la secuencia a seguir si un empleado contrae el Covid-19.
“Antes de invertir grandes sumas en equipamientos individuales, hay que cerciorarse de que las medidas de protección colectiva han sido practicadas correctamente, como, por ejemplo, la redistribución de puestos y lugares o la colocación de mamparas en mostradores. Una vez aplicadas estas se adoptarían las de carácter individual, que incluyen el uso de EPI”, mantiene.
El responsable de coordinar los protocolos sanitarios debe orientar las compras
Lo aconsejable sería que, aunque el servicio se encuentre externalizado, la pyme nombre un responsable de coordinar el diseño y ejecución de las medidas anti-Covid. Aepsal ha publicado una guía sobre las virtudes, formación y funciones que debería reunir esta persona y los pasos que se deben seguir para elaborar el plan de contingencia. El documento incluye listas de comprobación para comercio minorista, textil y hostelería.
Normas y sanciones
En junio, días antes de desactivarse el estado de alarma, el Gobierno convirtió en obligatorias varias de las medidas recomendadas por Sanidad para la prevención de contagios en los centros de trabajo. Entre ellas, la de que haya un metro y medio de distancia entre los trabajadores, que no falte gel o que no se produzcan aglomeraciones en sus instalaciones.
Hace una semana el Ejecutivo habilitó a los inspectores de Trabajo para vigilar el cumplimiento de estas normas y sancionar a los infractores con multas que van desde los 2.046 hasta los 40.985 euros.
Una vez definidos los EPI que se van a precisar, Gil Palacios, de Asepal, recomienda buscar un proveedor de confianza, puesto que han aparecido gran cantidad de oportunistas ajenos al sector que ofrecen, por ejemplo, mascarillas “que no valen ni cumplen los requisitos técnicos”.
Las cifras
900 millones de euros facturan el centenar de empresas dedicadas a la fabricación y distribución de equipos de protección individual (EPI) en España.
40.985 euros es la multa más alta que pueden imponer los inspectores a las firmas que no cumplan con las normas de prevención en los centros de trabajo.
35 euros por empleado al mes es lo que Wottoline estima que puede gastarse una compañía en la compra de geles hidroalcohólicos, cubrebocas y otros EPI.
Asepal agrupa alrededor de 100 marcas que representan el 90% del sector y comercializan toda clase de equipos de protección. Entre sus miembros destacan multinacionales como Dräger, 3M o Honeywell y empresas familiares como Iturri, Panter, Desul o Choiva.
Gil Palacios calcula que toda la industria española de EPI factura alrededor de 900 millones de euros, sin embargo, aclara que salvo las botas, la mayoría de productos se fabrican en Asia y el norte de África, principalmente en China, India, Marruecos (textil) e Indonesia (guantes). Esta deslocalización dificultó el abastecimiento de mascarillas, batas y guantes al inicio de la pandemia porque China cerró sus fronteras y tomó el mando de sus factorías.
La desesperación de los países por hacer acopio de material sanitario disparó los costes de los tejidos con que se confeccionan. Además, el colapso de las urgencias obligó a traerlos en avión en lugar de barco, lo que también encareció el transporte.
Ante el desmadre, el Gobierno intervino para fijar límites a los precios de las mascarillas, que se habían quintuplicado, y de los geles.
“El sector hizo un esfuerzo grande para garantizar el suministro a sus clientes habituales que no son solo hospitales, sino la industria en general”, defiende el secretario general de Asepal.
Controlado el brote, Gil Palacios asegura que con excepción de los guantes desechables, el riesgo de desabastecimiento ha desaparecido, a lo que ha contribuido la decisión del Ejecutivo de permitir la venta de mascarillas homologadas bajo normas técnicas diferentes a la europea, como la china, coreana, japonesa o australiana.
“La cuestión es que esa disposición finaliza el 30 de septiembre y hay cierta incertidumbre sobre lo que va a pasar después, ya que el suministro de mascarillas FFP2 y FFP3 no se ha normalizado del todo”, advierte.
Pedro Martín, CEO de Wottoline, afirma que en septiembre habrá stock suficiente de EPI para atender la demanda en caso de rebrote. “Disponemos de existencias para 90 días”, informa. La multinacional española fabrica mascarillas en China, pero negocia con varias comunidades la ubicación en territorio nacional de una planta que “estará en marcha a finales de septiembre” y producirá FFP2 y FFP3 y otras dos de tipo quirúrgico.
Benzalconio como si fuera oro
En cuanto a los artículos de higiene, Salvatore Steccato, director comercial de Faren, grupo químico italiano con delegación en España, señala que la psicosis generada por la epidemia provocó una escasez mundial de alcohol y cloruro de benzalconio, ingrediente principal de los desinfectantes de superficies, cuyo precio llegó a triplicarse. “En plena pandemia se vendía como oro. El Gobierno frenó la subida y ahora se está estabilizando”, indica.
La corporación, con sede en Milán, ha tenido que ampliar su producción para cubrir la demanda de droguerías y ferreterías que, en el caso de España, aumentó en junio un 40% con respecto al mismo mes del año pasado.
Carlos Manrubia, director comercial de Ehlis, distribuidor mayorista de productos ferreteros, confirma también que los problemas de desabastecimiento se han superado, con excepción de los guantes de nitrilo que se fabrican con unos moldes difíciles de conseguir. “Llevo dos meses y medio esperando un contenedor y no sé si va a llegar”, dice.
La aparición de oportunistas hace recomendable buscar asesoría en la ferretería de confianza
Manrubia sostiene que el Covid ha generado un sobrecoste en higiene y limpieza que, de momento, muchas empresas no están repercutiendo en el consumidor, pero que quizá terminen trasladando si la crisis sanitaria se prolonga medio año más. “Si en dos meses nuestro almacén central vendía antes 100.000 euros en estos productos, en mayo y junio hemos vendido 2 millones de euros, ¡eso es 20 veces más!”, exclama.
Alerta de que la situación es especialmente dramática en hostelería, donde las circunstancias hacen que el uso de geles y dosificadores sea ahora exagerado, un gasto extra que han tenido que asumir al tiempo que ven reducirse sus ingresos por los límites de aforo.
En Doñaluz, por ejemplo, un restaurante ubicado en la zona turística de Madrid, los costes diarios en mascarillas, geles y limpieza adicional se sitúan en el entorno de los 100 euros, "pero hemos decidido no repercutir nada al cliente", apunta un portavoz de la terraza. "Consideramos que, de mantenerse la demanda de ocio, podremos soportar estos costes de manera recurrente; muchos procesos han venido para quedarse", expone.
Javier Herrera, director de marketing de Cecofersa, coincide en que la inversión en desinfectantes, cubrebocas, geles, mamparas y señalización supone un aumento del gasto por empleado muy importante, que es aún mayor en negocios donde hay mucha rotación de público. Por eso, considera clave que las grandes cadenas ferreteras como la suya ofrezcan financiación, “pues de lo contrario sería muy difícil sobrevivir para muchas pymes”.
Martín, de Wottoline, estima que solo en cubrebocas, el gasto es de 20 euros por trabajador al mes, pero si se le suman geles y otros EPI sube a entre 30 y 35 euros. La corporación sugiere a los pequeños negocios comprar para un mínimo de tres meses de consumo, a fin de que el volumen sea más interesante y puedan obtener mejores precios.
También recomienda que el personal reciba una formación adecuada y comprenda que una mascarilla quirúrgica está hecha para dar una protección máxima de cuatro horas, por lo cual no se debe de usar nunca durante más de un día. “Podríamos cometer el error de convertir un producto de protección en un elemento de infección”, advierte.
Cámaras y aplicaciones móviles
Aparte de los equipos de protección individual (EPI) están los sistemas de videovigilancia, que al incorporar tecnología para la medición de la temperatura corporal, ayudan a prevenir la entrada en las oficinas o establecimientos comerciales de personas con síntomas de fiebre. La marca china Foscam, por ejemplo, ha desarrollado una cámara provista de un software de inteligencia artificial que es capaz de analizar hasta 10 personas a la vez, función que puede simultanear con el reconocimiento facial.
El equipo cuesta alrededor de 5.000 euros, "un precio bastante competitivo", según Ángel Padrón, representante comercial del fabricante en España, considerando que en el mercado es posible encontrar cámaras de hasta 19.000 euros.
Otras soluciones se basan en las tecnologías móviles. Doñaluz ha instalado un lector de código QR que permite a los comensales saber cuántas veces se han lavado las manos los camareros y cocineros y reportar cualquier error o fallo que detecten en la "contención sanitaria" del restaurante. La aplicación traslada el incidente de manera inmediata al establecimiento para que tome cartas en el asunto a la mayor brevedad posible.
"Un restaurante puede obtener la pegatina de un inspector y ponerla en la puerta, pero lo que nos importa es si los camareros desinfectan con frecuencia o si respetan las distancias y eso lo saben los clientes que van cada día", expresa Jorge Gómez Soler, CEO y fundador de iFlares, firma que ha desarrollado el sistema.
iFlares, que se dedica a la digitalización de restaurantes, comercializa la aplicación bajo diferentes modelos de licencia, pero señala que un establecimiento puede acceder a ella desde 1,5 euros al día. Otros negocios de restauración, como El Racó, La Piemontesa o KFC, y de otros sectores como Loom, la división de espacios de coworking de Merlin Properties, también han implementado esta solución.
La polémica del ozono
Agua ozonizada. En Córdoba, el taller de metalurgia Hermanos Romero y el emprendedor Rafael Gutiérrez han desarrollado un arco que desinfecta en 20 segundos, pero que no ha recibido el visto bueno de Sanidad porque utiliza agua ozonizada. “Nuestro estudio técnico ha demostrado que con dosis muy bajas –de 0,5 a 0,8 miligramos de ozono por litro–, elimina hasta el 96% de virus, bacterias y hongos sin causar daños al cuero cabelludo, la piel o las mucosas. Por desgracia, el ministerio nos impide comercializarlo”, se lamenta Gutiérrez. Si obtuviera el permiso, el arco costaría unos 5.600 euros.
Prohibición. Ante la proliferación de dispositivos de este tipo, Sanidad publicó en mayo una nota informativa recordando que el ozono es un biocida que “en ningún caso” puede usarse sobre las personas. Pero Gutiérrez insiste en que una cosa es el gas, que a partir de cierta cantidad puede resultar tóxico, y otra el agua ozonizada, que en dosis muy bajas, reitera, no perjudica la salud.
Probador de ropa. El grupo madrileño Ebo Health ha lanzado otro arco que en tres segundos desinfecta la ropa de la persona que cruza por él mediante el rociado de una solución aséptica elaborada con "ingredientes naturales" (alcohol, agua, glicerina y peróxido de hidrógeno), por lo que, según la empresa, no requiere certificación sanitaria. La máquina cuesta unos 4.500 euros y puede usarse como puerta de entrada o probador en tiendas de ropa.
Feria. El arco se expone en Sicur, la feria de seguridad de Ifema, que dedica una edición especial al Covid. Hasta el 30 de septiembre, el evento conectará a proveedores y compradores de EPI a través de una plataforma online. Hoy, además, celebra la segunda de sus dos fechas presenciales. Participan cerca de 40 expositores.
