Los funcionarios que pidieron seguir teletrabajando, pendientes de un juez laboral
Un juzgado contencioso había ordenado que se suspendiera su vuelta presencial
Los funcionarios de la Administración regional castellanomanchega que venían prestando servicios por teletrabajo a raíz de la declaración del estado de alarma están en un limbo jurídico. Un juzgado de lo contencioso-administrativo paralizó cautelarmente su vuelta presencial al puesto de trabajo, pero, ahora, se ha declarado incompetente para revisar su situación.
Según se establece, será un juzgado de lo social el que decida sobre la situación de los empleados, unos cinco mil, que habían solicitado continuar trabajando desde sus domicilios para evitar el peligro de contagio por la desescalada ordenada por la Junta.
La nueva resolución, de fecha de 26 de mayo, reconoce la incompetencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para resolver sobre la impugnación de la resolución de la Dirección General de la Función Pública en la que se establecía la reincorporación presencial del personal. La mayor parte de la plantilla debía incorporarse la semana siguiente de la vigencia de la fase 1 en la región. Por tanto, los empleados afectados debían haber ocupado sus puestos el 25 de mayo. Sin embargo, en el primer auto dictado por el juzgado se suspendió esta orden en un procedimiento urgente en el que no se escuchó las alegaciones de la Junta. Ahora, esta suspensión queda sin efecto, por lo que los empleados podrán ser reclamados desde sus respectivas sedes.
De este modo, y a la espera de lo que pueda decidir el juzgado de lo social, se ha generado un conflicto de difícil solución. Si la situación de urgencia justificó la decisión de mantenerles teletrabajando, la resolución que dicte ahora el juzgado competente no llegará a tiempo, presumiblemente, de evitar su reincorporación.
