El Gobierno regula que los asesores fiscales denuncien las prácticas agresivas de sus clientes

El Consejo de Ministros adapta a la legislación española la directiva europea DAC6 que regula las obligaciones de los profesionales del asesoramiento tributario

La ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

El Gobierno ha resuelto hoy una espinosa asignatura pendiente al adaptar a la legislación española la polémica Directiva europea sobre Intermediarios Fiscales, conocida como DAC 6, que limita el secreto profesional de los asesores tributarios obligándoles a denunciar las prácticas agresivas de sus clientes.

La medida ha sido impulsada mediante un proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria para “establecer por parte de los intermediarios fiscales la obligación de declarar las operaciones de planificación fiscal agresiva que se produzcan en el ámbito internacional”, ha explicado la ministra de Hacienda, y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

La titular de Hacienda ha defendido que para este Gobierno siempre ha sido “una prioridad la lucha contra el fraude y la elusión fiscal”. “No puede haber justicia social sin justicia fiscal”, ha remachado.

“En un momento como el que vivimos actualmente se hace todavía más importante es más importante que nunca proteger a nuestro sistema tributario de prácticas ilegales o abusivas que lo debiliten o impidan obtener los recursos necesarios”, ha desarrollado, concluyendo que “sería injusto para aquellos que contribuyen” que otros sorteen sus obligaciones tributarias.

La trasposición, que debía estar aprobada antes de finales de 2019,si bien la parálisis política que imperó ese año, el retraso en la formación del nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y, finalmente, el estallido de la pandemia habían retrasado esta legislación.

Su llegada ha sido temida por el colectivo de asesores fiscales, como viene advietiendo la Aedaf por ejemplo, ante el temor de que la normativa suponga una cortapisa a la labor profesional de los intermediarios fiscales.

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