El ingreso mínimo vital se vinculará a la reincorporación laboral o social del beneficiario

Moncloa confirma que la ayuda estará lista en mayo

José Luis Escrivá el miércoles en el CongresoPool Efe (GTRES)

El Gobierno está ultimando los detalles de una nueva renta para “familias que tienen serias dificultades para afrontar sus gastos básicos”. Así definió ayer el Gobierno el colectivo al que estará destinado el denominado ingreso mínimo vital (IMV), una nueva prestación de la Seguridad Social, que es el proyecto estrella del actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El Ejecutivo ha acelerado el diseño y aprobación de esta nueva ayuda a instancias de la vicepresidencia de Derechos Sociales, dirigida por Pablo Iglesias, quien en los últimos días ha presionado para que este ingreso mínimo saliera adelante antes de lo previsto en el programa de Gobierno.

Sin embargo, Iglesias no consiguió presentar públicamente esta renta ayer, junto al ministro Escrivá, como era su intención, ya que el titular de Seguridad Social, argumentó, en declaraciones a la cadena SER, que “aún hay que cerrar algún fleco”. Si bien, Moncloa zanjó ayer esta polémica sobre quién, cómo y cuándo se presentaría esta medida, haciendo pública un comunicado, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, en el que confirmó que “el Gobierno pondrá en marcha en mayo” esta nueva ayuda.

Dicha comunicación oficial del Ejecutivo certificó que los equipos de Escrivá e Iglesias “están trabajando para acelerar los trabajos para poner en marcha un ingreso mínimo vital, que tendrá carácter permanente”.

Escrivá, reiteró ayer, como ya hizo el miércoles en sede parlamentaria, que “el diseño de la renta está muy avanzado. Pero para aquilatar el número de hogares beneficiados estamos cruzando datos con la Agencia Tributaria, y aún hay que hacer algunas depuraciones”, insistió.

En este sentido, también repitió que la ayuda “estará lista en semanas”. En opinión del ministro hace falta este tiempo para que la normativa esté bien estructurada. Y explicó que no solo se deben detectar “con precisión” los hogares beneficiarios –porque según incidió es una ayuda para familias, no para individuos–, sino que también hay que “fijar los procedimientos para poder pagarlo”.

Este diseño definitivo, permitirá que el ingreso sea una prestación permanente y definitiva y no solo para paliar las situaciones de necesidad surgidas al amparo de la crisis sanitaria. “El trabajo preparatorio que estamos haciendo es el mismo para que fuera temporal o definitiva y no se entendería que una medida como esta fuera temporal”, dijo Escrivá. En las últimas semanas Iglesias había planteado una “ayuda puente” hasta que estuviera lista la definitiva.

De momento, los detalles sobre este ingreso mínimo son más bien escasos. En cuestión de números, el Gobierno calcula que se beneficiarán de esta prestación un millón de hogares (formados por tres millones de personas). La mitad de estas familias tienen hijos a su cargo y el 10% (unas 100.000) son monoparentales.

Escrivá también ha explicado en varias ocasiones que será una renta homogénea para todo el territorio nacional y que será “compatible y completará” otras rentas mínimas existentes en las comunidades autónomas. En este punto, el ministro, ensalzó el miércoles, por ejemplo, las ayudas de este tipo que gestionan el País Vasco, Navarra o Asturias. Pero esta ayuda también servirá para completar otras rentas muy bajas que reciban algunos hogares provenientes, por ejemplo, de “infraempleos”, dijo Escrivá.

Además del requisito de carencia de rentas suficientes (cuyo umbral aún se desconoce), el cobro de esta ayuda tendrá otros “condicionantes” como cumplir con el itinerario que la Administración diseñe para sus beneficiarios. Concretamente, se trataría de vincular el ingreso mínimo vital a “itinerarios de inclusión” que podrán ser en el terreno laboral, guiando a los beneficiarios a encontrar un trabajo, “pero puede haber itinerarios de otro tipo”, indicó Escrivá. Entre estos otros itinerarios podrían estar, por ejemplo, la asistencia a centros de atención por parte de enfermos mentales, o de desintoxicación en el caso de drogadictos; o la asistencia a cursos formativos básicos para personas analfabetas o sin ninguna cualificación.

La cuantía de estas ayudas es la mayor incógnita. De momento solo se conoce la propuesta del equipo de Iglesias: una ayuda mínima de 500 euros al mes que elevaría hasta 950 euros en caso de tener dos o más hijos. Según esto, el coste mínimo sería de 6.000 millones de euros al año. Pero podría elevarse hasta los más de 8.000 millones anuales.

En cualquier caso, Escrivá dijo que su coste “será una cantidad significativa”. Y para financiarla el Gobierno “ira a los mercados de deuda”. Esto, explicó , supondrá “un salto en la deuda pública extraordinario” pero añadió que “cuando se recupere la normalidad, se volverá también a niveles de deuda y déficit público previstos antes de la crisis”. E insistió en que su coste está “dentro de la programación fiscal” que tenía el Gobierno para la legislatura, compatible con una reducción del déficit público exigido por Bruselas.

Prorrogar los ERTE y acelerar prestaciones

 

Reunión ministerial de diálogo social. Los siete ministros económicos celebraron ayer su reunión semanal de seguimiento de la crisis junto a los líderes sindicales y patronales. Los sindicatos defendieron la rápida implantación del ingreso mínimo vital. Mientras que los líderes patronales, que no asistieron la pasada semana a este encuentro precisamente por cuestionar partes del ingreso mínimo, defienden que antes de aplicar la nueva prestación se reconozcan y paguen todas las ayudas a los trabajadores afectados por ERTE y a los autónomos. Asimismo, las patronales piden que se detecte bien quienes necesitan realmente este ingreso y que se vincule al cumplimiento de planes de inserción laboral.

 

 

Otros asuntos. También abordaron las condiciones de la vuelta a la actividad por sectores; la aceleración del pago de las prestaciones a los afectados por ERTE y el diseño de una prórroga de estos ajustes de empleo más allá del estado de alarma.

 

 

Autónomos. Unos 850.000 autónomos cobrarán hoy la prestación extraordinaria de cese de actividad. Según una encuesta de ATA, un 32% de autónomos baraja cerrar el negocio, aunque solo el 4% se ha dado de baja de la Seguridad Social.