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El comercio exige al Gobierno que legisle para negociar bajadas o quitas en el precio de sus alquileres

Siete patronales avisan que más del 50% de las empresas corre el riesgo de desaparecer

Tiendas en una calle de Madrid.

El comercio ha lanzado un SOS cuando se ha cumplido un mes con sus establecimientos cerrados por el estado de alarma. En un comunicado firmado por siete patronales (CEC, Anceco, Amicca, Comertia, Acotex, Eurelia y Fece), que representan a 510.000 establecimientos y 1,7 millones de empleos, los empresarios advierten que la situación es límite. "Ante la gravedad de la situación generada por la actual crisis sanitaria y sus dramáticas consecuencias para el tejido comercial, varias de las principales asociaciones de comercio manifiestan de forma conjunta al Gobierno la incapacidad del comercio para afrontar los gastos corrientes, en especial los alquileres de los locales comerciales", recalcan en el texto.

Los empresarios reclaman un plan de ayudas en dos fases. La primera, que abarcaría la duración del estado de alarma (en principio acaba el 26 de abril, aunque el propio Gobierno ya ha abierto la puerta a sucesivas prórrogas), sería efectiva a través "de un sistema de subvenciones para hacer frente al pago de los alquileres durante al menos el periodo de cierre forzoso". La segunda, que entraría en vigor una vez que se recupere la normalidad, exigiría, según los empresarios, "un nuevo marco normativo que cubra la renegociación bilateral de los contratros de alquiler de locales comerciales y que dé cabida a condonación de rentas durante el período de cierre de puntos de venta y el período posterior a la apertura".

Las patronales del comercio consideran que esas quitas en los alquileres deberían aplicarse al menos durante los seis meses posteriores al fin del estado de alarma. "Es momento de introducir políticas redistributivas del perjuicio económico de forma que la situación se vuelva equitativa poniendo sobre la mesa nuevos métodos de cálculo de los costes de arrendamiento", recalcan en el comunicado.

Una polémica que guarda cierta similitud con la producida con la moratoria hipotecaria para particulares que compraron casas a grandes tenedores. Esa medida se encontró con las reivindicaciones de las personas que vivían de alquiler, que exigían una medida de similar calado. En ese punto, el Ejecutivo no se atrevió a decretar ninguna quita, ya que consideraba que la gran mayoría de propietarios eran particulares que dependían de esos ingresos. Como alternativa ofreció una línea de créditos del ICO a intereses bajos e incluso ayudas directas para los particulares con menores ingresos.

Una tesis en la que abunda el estudio realizado por EY y Boston Consulting Group sobre el impacto del coronavirus en el sector de la moda, que genera el 2,8% del PIB español, aporta el 4,1% del empleo, supone el 9% de las exportaciones y es una de los factores de atracción para el turismo extranjero. El informe advierte que, sin medidas de apoyo, los ingresos de esta actividad pueden cerrar 2020 con una caída del 40%, que se sumaría al ajuste del 20% que se produjo en 2019. Para tratar de mitigar el impacto del coronavirus, el sector considera imprescindible también la renegociación de las rentas de alquiler, ya que suponen el mayor gasto, incluso por encima de los salarios, con un valor entre el 15% y el 20% de la facturación.

De esta manera proponen, en primer lugar, que las medidas adoptadas en materia de arrendamientos para vivienda tengan la misma duración para los de tipo comercio y también apuesta, al igual que las siete patronales, por un "marco normativo adecuado y preciso" que asegure jurídicamente las medidas adoptadas por arrendador y arrendatario relativas a la condonación de rentas y a la renegociación bilateral de contratos, "con efectos desde el inicio de del estado de alarma y al menos hasta los seis meses siguientes a su terminación".

En una carta remitida a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, las cuatro mayores asociaciones de moda (Moda España, Acotex, Anged y Asepri) hacen suyos los argumentos del informe de EY y Boston Consulting Group y reclaman además un "conjunto de medidas fiscales para el aplazamiento, suspensión de exacción, flexibilización de requisitos y establecimiento de determinados beneficios fiscales relativos, en esencia, al Impuesto sobre Sociedades, al IVA y al IRPF".