El Gobierno confina a los españoles en casa salvo para trabajar, comprar o ir al médico

El Consejo de Ministros decreta el estado de alarma y una serie de medidas excepcionales que entrarán en vigor el lunes

El presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presdiente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España está ya, oficialmente, en estado de alarma por la pandemia del coronavirus Covid-19. Así lo ha decretado este sábado el Consejo de Ministros, en virtud del artículo 116 de la Constitución española, en una reunión extraordinaria en la que se ha aprobado una batería de medidas para contener una enfermedad que ha dejado ya más de 5.700 afectados en el país y 132 muertos. El decreto ha sido publicado en el BOE en la medianoche del sábado al domingo y ha entrado en vigor de inmediato.

El plan que se ha aprobado al amparo de la situación de excepción, como ha avanzado este diario, pasa por ordenar el confinamiento de todos los españoles en sus casas salvo para ir a trabajar, al médico o a comprar alimentos y productos de primera necesidad. 

En concreto, durante los 15 días de vigencia del estado de alarma, los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; acudir a centros sanitarios; desplazarse a su lugar de trabajo o prestar servicios laborales; regresar a su domicilio habitual; asistir a mayores, menores, dependientes o discapacitados; hacer gestiones en entidades financieras; o salvo causas de fuerza mayor o justificadas.

El movimiento de vehículos particulares estará sujeto a las mismas reglas aunque también podrán desplazarse para acudir a estaciones de servicio o repostaje de combustibles. Cualquier movimiento estará sujeto a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Además, el Ministerio del Interior podrá acordar el cierre de la circulación por carretera por razones de salud pública o para garantizar la fluidez del tráfico, previa información a las comunidades autónomas concernidas.

El paquete incluye otra serie de órdenes de inmediato cumplimiento. El Consejo de Ministros impone la suspensión generalizada de la actividad educativa presencial y el cierre de comercios, salvo "los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías". Además, debe limitarse la estancia de los clientes en estos locales al tiempo más limitado posible. Las ceremonias religiosas, incluidas la fúnebres, se condicionan a poder garantizar un espacio de al menos un metro entre los asistentes.

Más allá, quedan prohibidos desfiles, fiestas populares o manifestaciones folclóricas en las calles, lo que cancelaría la celebración de la Semana Santa si el estado de alarma sigue entonces activo, si bien Sevilla, Córdoba o Alicante ya han decidido suspender las procesiones.

En paralelo, el Ejecutivo se reserva el derecho a poder controlar el abastecimiento de los mercados y productos sanitarias, intervenir industrias y habilita a las comunidades autónomas y ayuntamientos a llevar a cabo requisas temporales. El decreto también garantiza el suministro de energía eléctrica y derivados del petróleo.

Además, el Gobierno ha dejado en suspenso los plazos administrativos para evitar que los recursos y otros procedimientos expiren ante la prohibición de los ciudadanos a desplazarse para estos trámites y el teletrabajo decretado en las oficinas oficiales. 

Finalmente, el Ejecutivo ha decidido restringir el movimiento de transportes limitando al entorno de la mitad los itinerarios diarios y a un tercio del aforo la venta de billetes lo que afectaría al ámbito aéreo, ferroviario y de carreteras.

Un Consejo de Ministros presencial 

El plan completo ha sido presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya avanzó que el Ejecutivo hará todo lo que sea necesario para combatir la crisis sanitaria y sus efectos económicos. El Consejo de Ministros ha tenido un formato inusitadamente presencial después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, diera positivo, lo que generalizó luego las reuniones telemáticas y un test para todo el Gabinete que también arrojó el contagio de Carolina Darias, ministra de Política Territorial. Ninguna de ellas dos ha acudido a La Moncloa pero sí lo ha hecho el vicepresidente de Asuntos Sociales Pablo Iglesias, para el que se han tomado ciertas medidas de precaución después de que haya estado sometido a cuarentena.

La controversia en torno a las medidas aprobadas ha hecho que la duración de la cita se haya alargado durante siete horas, desde las 10.30 a las 17.30 y la intervención de Sánchez ha comenzado pasadas las 21.00. De hecho, Sánchez ha anunciado un paquete económico de medidas que deberá esperar al próximo Consejo de Ministros

La decisión del Ejecutivo llega después de que comunidades como Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana o el País Vasco decretaran el cierre del grueso de locales comerciales, a excepción de supermercados, tiendas de alimentación o farmacias, entre otras pocas excepciones.

Además, Cataluña ha solicitado ya el cierre de toda la comunidad autónoma mientras mantiene aisladas varias poblaciones de riesgo, al igual que Murcia, que ha tomado la medida sobre las localidades turísticas.

La toma de nuevas medidas de restricción de los desplazamientos en torno a determinadas regiones se acordará con los presidentes autonómicos en la teleconferencia que el presidente mantendrá con ellos este domingo por la mañana.

El estado de alarma

El estado de alarma está regulado por la Constitución y pone a todas las autoridades del país a disposición del Gobierno central, que se dota de poderes para limitar la circulación o permanencia de ciudadanos o vehículos en determinados lugares, a ciertas horas o bajo determinadas circunstancias; requisar temporalmente cualquier tipo de bien e intervenir así como ocupar industrias, fábricas, talleres, explotaciones o cualquier otro tipo de local, excluyendo los domicilios particulares. El Ejecutivo también tiene ahora la capacidad de racionar el consumo de productos de primera necesidad o tomar medidas para garantizar el abastecimiento de los mercados.

La duración del estado de alarma es de 15 días a contar desde este sábado, si bien la medida de excepción podrá ser prorrogada por el Congreso de los Diputados en caso de ser necesario. Algo que el líder de la oposición, el popular Pablo Casado, da ya por hecho tendiendo su mano a aprobarlo y criticando que no se haya decidido antes.

Solo hay un precedente en la aplicación del estado de alarma, ocurrió en 2010 durante la huelga de controladores aéreos para garantizar la seguridad de los vuelos a través del ejército. Este, al igual que todas las autoridades civiles y policiales del país quedan ahora bajo el mando del Gobierno central para agilizar las actuaciones destinadas a poner fin a la crisis sanitaria.

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