Operadoras y acreedores de las autopistas quebradas reclamarán compensaciones
Transportes ha dado 15 días para las alegaciones tras la liquidación negativa de la M-12
El ministerio de Transportes anunció el viernes el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en la primera de las ocho concesiones de autopistas quebradas durante la crisis. Tal y como avanzó Cinco Días, el proceso se ha abierto con la madrileña M-12 Eje Aeropuerto, donde se reconoce una RPA por obras y expropiaciones de 54 millones para los tenedores del derecho de cobro.
Una cifra que se queda en cero euros ante la retención provisional de 194,7 millones “para hacer frente a la liquidación de situaciones pendientes [expropiaciones]”. El resultado de la primera resolución, de 140 millones en negativo, ha acentuado un clima de indignación entre quienes operaron esas infraestructuras, mientras sus acreedores, principalmente fondos oportunistas, se preparan para una batalla legal.
De judicializarse el asunto, serían los tribunales quienes acabarían fijando una RPA que computará en el déficit
Más allá del cálculo de la fijación de una RPA por obras de 113 millones y la compensación de 36,9 millones por expropiaciones, que han sido reducidas en 11 millones por obras para poner al día el estado de conservación de la M-12, y en otros 84,6 millones por expropiaciones ya pagadas por el Estado, fuentes del sector concesional critican la citada reserva de 194 millones para costes futuros: “Parece una patada adelante que deja abierta la puerta a la reclamación”. De judicializarse el asunto, serían los tribunales quienes acabarían fijando una RPA que computará en el déficit.
Transportes tiene potestad para realizar la retención en virtud del acuerdo, avavalado por el Consejo de Estado, de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas en cuanto al método para calcular la RPA. El ministerio ha dado 15 días de periodo de audiencia para la formulación de alegaciones. La documentación para la elaboración del cálculo ha sido puesta a disposición de los administradores concursales, avalistas y acreedores.
El método para interpretar los contratos quebrados y el cálculo de las indemnizaciones por parte de la Administración procede del acuerdo aprobado el 26 de abril de 2019 en Consejo de Ministros. La fórmula ya generó controversia, siendo recurrida ante el Supremo el pasado mes de julio por ACS, Sacyr e Iberpistas.
El departamento de José Luis Ábalos prevé publicar la RPA de las otras siete concesionarias rescatadas “en las próximas semanas”. Estas gestionaban las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5; la AP-41 Madrid-Toledo; la AP-36 que va de Ocaña a La Roda; la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta). El Gobierno tiene fijado un techo de 3.305 millones en compensaciones.
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