Red Eléctrica: causas y efectos de una aparatosa dimisión

El cese de Jordi Sevilla como presidente pone encima de la mesa la necesidad de un profundo cambio del grupo

Una de las sedes de Red Eléctrica.

Todo en Red Eléctrica parece una suposición. Es una supuesta empresa pública (el Estado, a través de la SEPI, tiene un 20% del capital y podría ampliar su presencia sin límite); una supuesta empresa privada (el 80% cotiza en el Ibex y está en manos de inversores que tienen prohibido por ley superar el 3% de las acciones) y un supuesto grupo regulado (en este caso, el peso de la actividad sometida a regulación es indiscutible: el 92% de los ingresos procede de la filial de esta área, REE, amén de ser el operador del sistema eléctrico, una dirección general cuyo responsable nombra el Gobierno, y de disfrutar del monopolio de las redes de alta tensión). También se la supone una compañía que actúa en libre competencia, a través de sus filiales de telecomunicaciones (de satélites y fibra óptica) pero que, junto con un pequeño negocio internacional, apenas representa el 8% de las ventas. 

Red Eléctrica, inmersa en una grave crisis tras la dimisión de Jordi Sevilla como presidente, también podría pasar por empresa independiente. Las dudas se disipan al ver el perfil de sus consejeros independientes: además del propio Sevilla, exministro de Administraciones Públicas durante el primer Gobierno de Zapatero, en el consejo se sientan tres exaltos cargos de anteriores Gobiernos (del PSOE, José Juan Ruiz y Alberto Carbajo, y del PP, Arsenio Fernández de Mesa, exdirector general de la Guardia Civil). Por este consejo han pasado varios exministros, como Luis Atienza o María de los Ángeles Amador, o secretarios de Estado, como José Folgado, predecesor de Sevilla.

El peligro que siempre entrañó tener en las filas de una compañía de este tipo (cuyos ingresos proceden de los peajes que pagan los consumidores en la factura de la luz) a pesos pesados de la política, es que estos resultaban finalmente más poderosos que el propio regulador (este papel correspondía hasta ahora al ministerio de turno, actualmente Transición Ecológica, y desde hace un año también a la CNMC) y con frecuencia defendían intereses ajenos al servicio público que presta.

Solo así se explica que a Red Eléctrica se le haya retribuido una cartera de redes amortizadas desde hace dos décadas. Los intentos de distintos ministros de Industria de frenar esas sobrerretribuciones  fueron siempre abortados por los presidentes-políticos de turno, que maniobraron hábilmente en despachos ministeriales, sedes de partidos y el propio Parlamento. Otro tanto ocurrió con el proyecto frustrado de algún Gobierno de separar la función de operador del sistema eléctrico (una especie de árbitro) integrado en un grupo que es también transportista y, por tanto, juez y parte en la planificación energética, que corresponde al primero y beneficia al segundo.

Proteger la sobrerretribución (con una remuneración de los costes y una rentabilidad superiores a los que fija la ley) y el poder del operador (con inversiones en activos no siempre adecuadas) ha dado pingües beneficios a unos accionistas privados que, por otro lado, carecen de poder por su atomización, y a los equipos de gobierno de Red Eléctrica. A veces estos se han lamentado de que esta es la empresa del Ibex que “peor” paga a sus consejeros, olvidando que también es la compañía con capital público más generosa (de nuevo, la esquizofrenia).             

La aparatosa y prematura salida de Jordi Sevilla, por algo tan poco claro como “restricciones externas” y “discrepancias regulatorias”, podría dar a entender que, por fin, el regulador ha conseguido imponerse al regulado (¿es esto ilegal o más bien lo contrario?). En justicia, también el antecesor de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el exministro de Energía, Álvaro Nadal, se enfrentó aunque por otras razones, al staf de la compañía, encabezado por José Folgado, al prohibirles la compra de Hispasat. Una aventura rematada por  Sevilla, que ha costado al grupo 950 millones de euros. Y un calcetín que evidencia la  generosa rentabilidad de una compañía de servicio público.

Tras la crisis

Una de las razones de confrontación entre Teresa Ribera y Jordi Sevilla, un presidente no ejecutivo, que decidió ejercer como tal fueron las declaraciones extemporáneas de quien, según sus críticos, “actuaba a veces como si fuese el ministro”. La más sonada, la que lanzó contra los recortes a las redes propuestos por la CNMC, que Sevilla equiparó a “los de Sanidad y  Educación”, lo que el Gobierno consideró un insulto.

Sevilla, que buscó hasta el último momento el respaldo de otros miembros del Gobierno para seguir en su cargo y rechazó la salida ordenada que se le propuso y que habría aceptado “todo político que se precie”, según fuentes del sector, no tuvo en cuenta el apoyo que el ministerio dio a la compañía frente a la CNMC. A través de alegaciones y de su participación en un comité de crisis, logró que los recortes propuestos para el transporte se redujeran del 20% al 10% en promedio hasta 2026. En noviembre, el departamento de Ribera también aceptó aplazar un año los recortes, al reconocer a la compañía unas inversiones de aquí y de allá. Y lo hizo solo unos días antes de que Red Eléctrica Corporación sacara pecho  anunciando la compra de una compañía en Brasil por más de 280 millones.   

Para REE, cotizar en Bolsa es una vía de financiación que evita cargar las tintas sobre la tarifa de la luz. Esta es una teoría con reverso: si para contentar a los accionistas privados no es posible revisar a la baja su retribución sin que medie una batalla campal o caídas en Bolsa u obliga a la empresa a crecer en negocios de riesgo ajenos a su naturaleza, no falta quien reclama un cambio profundo para REE, rescatando el viejo proyecto de escindir de la operación del sistema (que realiza un pequeño equipo) y privatizando o nacionalizando el transporte. 

Pese a las acusaciones del PP, la CNMC sigue contralada por representantes de este partido, entre ellos, el presidente, José María Marín

De momento, consideran distintas fuentes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no debería elegir aotro exministro como presidente de una compañía equiparable a “un gran estanco” que no acepte las consignas del regulador. Sevilla ha sido el único presidente de REE cesado por el mismo Gobierno que lo nombró y el único que ha durado tan solo 18 meses. En las antípodas se sitúa su homólogo de Enagás, Antonio Llardén, con 13 años en la presidencia, que se ha acomodado a seis gobiernos de distinto color: tres del PSOE, dos del PP y el actual de coalición. Un tiempo quizás excesivo incluso para una privada.  

Con su ruidosa salida, Sevilla ha dado carnaza al PP y a sus medios afines, lo que probablemente no le perdonen en el PSOE.  La derecha vuelve a atacar a Teresa Ribera atribuyendo a su marido, Mariano Bacigalupo, uno de los dos consejeros del PSOE en la CNMC, un poder omnímodo en el organismo que no encaja con la realidad. Pese a la confusión generada, en el PP saben, pero ocultan a sabiendas, que de los 10 miembros de este órgano colegiado, cinco (incluido su presidente, José María Marín) representan al partido de Pablo Casado. Esto ha sido así y lo será en tanto no se renueve el consejo.