El Gobierno pacta con patronal y sindicatos elevar el salario mínimo a 950 euros

El alza será retroactiva desde el 1 de enero y beneficiará a más de dos millones de trabajadores

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, antes de la reunión con los dirigentes de las patronales, CEOE Antonio Garamendi; y Cepyme, Gerardo Cuerva, y de los sindicatos, CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.Mariscal (EFE)

El nuevo Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos se apuntó este miércoles un relevante y temprano éxito al resucitar el cauce del diálogo social para pactar con patronal y sindicatos la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que se incrementará este año de 900 a 950 euros al mes (en 14 pagas anuales). El aumento, del 5,56%, tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2020 y beneficiará a más de dos millones de trabajadores, sin contar a aquellos a tiempo parcial, que el Ejecutivo tiene pendiente contabilizar.

“Todos hemos cedido”, reveló la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras cerrar el pacto con los líderes de CEOE, Antonio Garamendi; Cepyme, Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Alvarez. Díaz aseveró que este miércoles fue “un día muy feliz para el conjunto de los trabajadores” gracias a un acuerdo que, per sé, anticipa que “este Ministerio va a hacer grande el diálogo social” y que su titular tiene intención de “correr”.

El pacto llega después de que el anterior Gobierno de Pedro Sánchez aprobara, sin consensuarlo, un aumento del 22,3% del SMI, desde los 733 a los 900 euros, para 2019. Tanto sindicatos como patronal incidieron en la importancia de retomar el diálogo social como marco para negociar estas decisiones.

“Hay que poner en valor la autonomía de los agentes sociales para llegar a acuerdos en un país que tiene que rebajar la polarización política extrema que está ocurriendo”, subrayó el secretario general de CC OO, recordando que el último acuerdo de este tipo fue con Mariano Rajoy y que ahora, “con un Gobierno muy distinto”, empresarios y sindicatos han vuelto a pactar.

Y eso pese a diferencias de planteamiento que no tardaron en subrayar. “Son 950 euros, para la pyme no es bueno, pero es mejor que subir a 1.000 euros”, dijo el responsable de Cepyme, aseverando que negociar está en el ADN empresarial y que a veces no se gana pero “hay que construir”. “Es una solución. Nos preocupaba más una subida de 1.000 euros”, apuntó Garamendi, visiblemente disgustado, instando al Gobierno a indexar también los contratos públicos al SMI para evitar que los empresarios carguen sobre sus hombros los sobrecostes de las concesiones públicas. Algo que Díaz se comprometió a abordar durante su mandato.

“No prevemos destrucción de empleo, ni mucho menos, prevemos que genere más” puestos de trabajo, sostuvo Sordo, argumentando que el alza del salario mínimo eleva las rentas de quienes “solo consumen, porque no tienen capacidad de ahorro”. UGT, a su vez, aprovechó la ocasión para reclamar que los sueldos mínimos por convenio se eleven a 1.000 euros.

La ministra, por su parte, aseguró que este aumento es solo un primer paso hacia el objetivo del Gobierno: llevar el SMI al 60% del salario medio durante la legislatura, como recoge la Carta Social Europea, lo que lo acercaría a los 1.200 euros en cuatro años. La patronal, sin embargo, se negó a negociar esa senda defendiendo que la decisión debe tomarse atendiendo a las posibilidades de cada año.

La medida pasará ahora siete días en audiencia pública antes de ir al Consejo de Ministros, por lo que, previsiblemente, se aprobará oficialmente ya a principios de febrero. Este calendario y el carácter retroactivo de la medida han incentivado la celeridad del acuerdo, pues la patronal manifestó durante la negociación que las empresas tendrían dificultades para compensar más de una nómina atrasada y, de hecho, ya les resultará problemático revisar el pago hecho a los temporales que solo trabajaron unos días en Navidad, por ejemplo. La subida elevará en la misma medida las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social en igual cuantía (5,56%), pero el Gobierno aún no ha decidido qué hará con las máximas.

Más allá de este primer acuerdo, Díaz anticipó que volverá a convocar la mesa del diálogo social la próxima semana para abordar la derogación de la reforma laboral del PP de 2012. Esta se hará en dos fases, explicó, priorizando el convenio sectorial sobre el de la empresa y limitando la subcontratación en un primer momento. Posteriormente se abordarán cambios adicionales.

Lo que Trabajo ya ha decidido hacer es derogar por decreto el despido por absentismo, para evitar que las empresas prescindan de empleados en baja por enfermedad después de las sentencias en contra de esta práctica. “Es una materia de derechos humanos”, dijo Díaz para justificar que esta medida no se negocie, como pedían la patronal.