Regulación

El Gobierno ultima una batería de reformas en seguros y mercados

Economía acelera la trasposición de directivas y evita las multas de la UE; las normas son para proteger a los usuarios de seguros y a los accionistas

Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Nadia Calviño, vicepresidenta económica.

La maquinaria legislativa vuelve a ponerse en marcha. En los meses de parálisis política, la consigna de la responsable de Economía, Nadia Calviño, fue ir avanzando trabajo para aprovechar el tiempo en cuanto echase a rodar la legislatura. El Ministerio de Economía tiene ya preparadas una batería de medidas económicas que afectarán al sector asegurador, a los planes de pensiones y a los mercados, alguna de las cuales podría aprobarse mañana mismo o en las próximas semanas en el Consejo de Ministros, según fuentes del sector. De todas ellas, la norma más avanzada es la de distribución de seguros, pero fuentes del Ejecutivo señalan que hasta el último momento no pueden confirmar si se aprobará mañana.

El Gobierno quiere trasponer varias directivas europeas que estaban pendientes de su traslado a la normativa española. Planea hacerlo con la fórmula del real decreto ley para evitar las llamadas de atención o las multas de Bruselas, pero con la idea de que después se tramiten como proyectos de ley en el Congreso.

Una de las leyes que tiene previsto aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez es la directiva de distribución de seguros (IDD, por sus siglas en inglés), una norma que tendría que haberse trasladado al ordenamiento jurídico nacional en julio de 2018. “Desde Moncloa nos han adelantado que está previsto que este martes se convalide la directiva de seguros”, aseguran fuentes empresariales. En el Ejecutivo reconocen que esta es una de las leyes a las que se quiere dar prioridad, por el gran retraso que acumula su trasposición.

En mayo de 2018, aún con Mariano Rajoy como presidente, el Gobierno ya inició la tramitación de un proyecto de ley para adoptar la directiva. Sin embargo, con la moción de censura y la precariedad parlamentaria que ha sufrido el Ejecutivo socialista, esta normativa se había quedado en el limbo.

El retraso en la trasposición de la IDD ha provocado que la Comisión Europea amenazara el pasado 7 de marzo a España con llevarla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la demora. “El sector asegurador se ha ido adaptando a la nueva normativa, pero es inconcebible que seamos el único país de la UE que aún no ha trasladado esta norma a su ordenamiento jurídico nacional”, explica una fuente del sector asegurador.

Uno de los temas que ataca la norma es la venta de productos vinculados. La banca ha condicionado la concesión de algunos productos a la contratación de seguros; ahora no será obligatorio, salvo en algunos casos, como las hipotecas, que son una de las excepciones.

Otra directiva que España no ha traspuesto es la relativa a los planes de pensiones empresariales (que data de 2016). El límite marcado por Bruselas se rebasó hace un año, por lo que el Ejecutivo también quiere aprobarla cuanto antes.

Al igual que sucedía con la IDD, la directiva de fondos de pensiones de empleo (conocida como IORP II) comenzó su tramitación con el Gobierno de Rajoy, en 2018.En octubre de ese año, ya con Sánchez en La Moncloa, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) aprobó un anteproyecto de ley, pero se acabó guardado en un cajón. Debería estar en vigor desde el 13 de enero del año pasado. El impacto de esta nueva norma sobre los planes de pensiones será mínimo. Primero, porque solo afecta a aquellos promovidos por una empresa para sus trabajadores (los fondos de empleo), y segundo, porque buena parte de los nuevos requerimientos en cuanto a transparencia o a la idoneidad de los miembros de sus órganos de gobierno ya se ha contemplado en diferentes normativas nacionales.

El Gobierno es consciente de que el calado de estas legislaciones es limitado, pero desde Economía quieren trasladar un mensaje claro hacia Bruselas de que la Administración y la legislación española vuelven a funcionar con normalidad.

Un tercer asunto encima de la mesa los ministros de mañana es otra directiva que busca fomentar la implicación de los accionistas y que debió haber sido adaptada el pasado 10 de junio. Los fondos de inversión, de pensiones y las aseguradoras revelarán cada año cómo han aplicado su política de implicación. Darán cuenta de su comportamiento genérico de voto en las juntas y explicarán las votaciones más importantes.

El mantra de la transparencia llega a su máximo nivel en los sueldos, que deben estar desligados de objetivos a corto plazo, y en las operaciones con partes vinculadas. Estas últimas deberán comunicarse mediante un hecho relevante al supervisor a más tardar en el momento de su firma.

Se activarán las acciones de lealtad

Novedades españolas. La última versión de la ley que el Gobierno aprobará próximamente para trasponer la directiva para la implicación a los accionistas incluye como gran novedad las controvertidas acciones de lealtad. En el texto que fue sometido a consulta el pasado mayo, se incluía esta fórmula, que rompe con el principio de “una acción, un voto” a favor de los inversores que permanezcan al menos dos años en el capital, que podrán tener doble voto por cada título. Este punto no aparece para en la directiva, sino que es una decisión del Ministerio de Economía promovida por la CNMV. La regulación ha sido elaborada a imagen y semejanza de las legislaciones que ya existen en otros países como Italia, Países Bajos y Francia. Fuentes conocedoras del documento indican que sigue recogiendo esta fórmula, pese a la polémica surgida por la fusión de Mediaset Italia con su filial española y que supondría llevar la sede de la nueva empresa, MediaForEurope (MFE) a Países Bajos para poder hacer uso de esta potestad. Lo cierto es que, en la práctica, reforzará las mayorías de los accionistas de control. Otra novedad que se introduce en la norma, tampoco incluida en la directiva es la de eliminar la obligación de realizar informes financieros trimestrales, en línea con la gran mayoría de países europeos.

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