Los beneficiarios de rentas mínimas se triplican desde el estallido de la crisis

Un estudio de Funcas revela que el monto mínimo oscila de 300 a 672 euros, según la comunidad y que las ayudas son más cuantiosas en las regiones con menor pobreza

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Desde el estallido de la crisis, en España se ha multiplicado por tres el número de beneficiarios de las llamadas rentas mínimas, unas ayudas públicas gestionadas por las comunidades autónomas que buscan asegurar un volumen de ingresos básicos para los ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social.

En concreto, según los datos publicados ayer por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), los titulares de estas prestaciones han pasado de 103.071 en 2007 a 313.291 en 2017, último ejercicio del que hay datos disponibles. A esta cifra, en todo caso, habría que sumarle los 466.000 ciudadanos dependientes de los perceptores de la ayuda, lo que eleva el número real de beneficiarios a 780.000.

El estudio monográfico publicado por Funcas con artículos de varios expertos revela, en todo caso, que las características de estas rentas mínimas varían con fuerza en función de cada región. Así, aunque la prestación mínima media ronda los 460 euros al mes en el conjunto de España, la cifra oscila entre los 300 euros de Ceuta, los 388,5 de la Comunidad Valenciana o los 400 de Madrid, y los 672,7 del País Vasco, los 600 de Navarra o los 564 de Cataluña. La diferencia radica en que cada región diseña la suya en función de unos criterios, optando unas por garantizar un porcentaje del salario mínimo (del 50% en Melilla al 88% en Euskadi) o del indicador de rentas Iprem (del 60% en Castilla La Mancha o el 62% en Valencia, al 80% en Andalucía, Castilla y León, Murcia, o La Rioja) o bien fijándola a discreción en el presupuesto.

Por regla general, eso sí, las comunidades coinciden en condicionar la concesión de estas rentas a que sus vecinos se sitúen por debajo de un determinado nivel de ingresos –lo que incluye a perceptores de pensiones y algunas prestaciones e incluso a trabajadores en condiciones precarias– y a su participación en programas de integración sociolaboral. La duración de la ayuda, sin embargo, también cambia sustancialmente en función del territorio, siendo prácticamente indefinidas en el caso valenciano, vasco, madrileño, castellanoleonóes, balear, riojano y cántabro; de duración abierta, con 12 meses renovables por periodos similares en Andalucía, Navarra o Aragón; y por tiempo limitado, como en Extremadura, Murcia, donde se acota a un año, por ejemplo.

Como destaca en su artículo para Funcas la investigadora de la Universidad Carlos III María Dolores Valdueza Blanco, paradójicamente la generosidad de las ayudas suele ser inversamente proporcional a la tasa de pobreza de la región que las concede. Así, expone, Navarra ofrece una de las prestaciones más altas y de duración indefinida, con una de las tasas de pobreza más baja, del 8,9%, mientras Extremadura, con un porcentaje del 37,6%, concede una de las ayudas más limitadas.

Más allá, el investigador del CSIC Luis Miguel Miller concluye que “los supuestos efectos negativos sobre la inserción laboral son, cuando existen, relativamente pequeños” mientras que su efecto en la reducción de la pobreza es “muy importante”. Pese a ello, otra de las conclusiones del informe es que, pese a iniciativas como estas rentas, el número de personas en riesgo de pobreza sigue creciendo, siendo de 12,4 millones de habitantes en 2017 (21,5% de media nacional) frente a los 11 millones de 2008.

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