Johnson & Johnson salva el primer ‘round’ en Bolsa tras la condena por sus opiáceos
Indemnizará con 515 millones al Estado de Oklahoma. Otros 45 Estados y 2.000 gobiernos locales han presentado demandas
El gigante Johnson & Johnson (J&J) salvó este martes la sesión bursátil tras la primera sentencia en su contra en Estados Unidos respecto al uso de sus medicamentos como detonante de la epidemia de adicción a opiáceos que asola el país. La multinacional farmacéutica y de gran consumo superó la jornada con un alza del 2,47% hasta alcanzar los 130,66 dólares por acción a media sesión. Pero este solo es el primer round, ya que 45 Estados y 2.000 entidades locales han presentado también demandas, según recoge Bloomberg.
La multinacional fue condenada en Oklahoma este lunes a pagar 572,1 millones de dólares (515 millones de euros) por su papel en la crisis sanitaria por la adicción al consumo de opiáceos, aunque el fabricante estadounidense anunció que apelará la sentencia. La indemnización fue menor de lo esperado, ya que había posibilidades de que la factura superase los varios miles de millones de dólares.
Por su parte, las farmacéuticas también afectadas Purdue Pharma y Teva habían llegado anteriormente a sendos acuerdos extrajudiciales por importe de 243 millones de euros y 76,5 millones, respectivamente, para evitar el juicio, informa Europa Press.
En su sentencia, el juez consideró que la empresa tomó parte en la comercialización engañosa de sus opiáceos, añadiendo que la crisis generada por la adicción a estas sustancias representa “un peligro inminente y una amenaza”.
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU, el consumo de opiáceos estuvo relacionado con 400.000 muertes por sobredosis entre los años 1999 y 2017. Desde el año 2000, alrededor de 6.000 personas murieron por esta causa en Oklahoma, según los datos de las autoridades del Estado.
“La decisión en este caso es errónea”, señaló J&J en un comunicado, ya que según su punto de vista el Estado no presentó evidencias de que los productos o acciones de la empresa provocaran las consecuencias fatales, además de considerar que las reclamaciones del Estado violan los principios fundamentales del proceso al tratar de responsabilizar a una empresa por conductas permitidas por las leyes y regulaciones federales.