El juez imputa al BBVA por contratar presuntamente a Villarejo para espiar a Sacyr

Se acusa al banco por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios; el banco deberá designar a una persona como representante ante el juzgado; el presidente de la entidad afirma que la prioridad es el "esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia"

AFP

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado este lunes imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco habría encargado el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de conocer diversa información relacionada con la constructora Sacyr.

El juez ha pedido al BBVA que designe a una persona como representante ante el juzgado pero ha rechazado la petición de la entidad de personarse como perjudicado en la causa.

En una nota, el banco resalta que "BBVA ha venido aportando información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic encargada a Garrigues, Uría Menéndez y PwC". "Tanto el escrito de la Fiscalía como el auto del Juzgado de hoy citan la colaboración activa de BBVA en la causa", añade la entidad.

“Como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia y así seguirá siendo”, ha dicho Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.

Adicionalmente, el Juzgado ha decidido, en este fase incipiente de la instrucción, no aceptar, por el momento, la solicitud de BBVA de personarse como parte perjudicada por los hechos investigados, y posponer su decisión definitiva sobre esta cuestión a una fase posterior, tal como indica el auto.

Solicitud

La Fiscalía solicitó la imputación del banco la semana pasada después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y la aportada por el BBVA.

Esta investigación se enmarca en la novena pieza del 'caso Tándem', relativa con los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Seguimientos, pagos ilícitos y dádivas 

Según el escrito de Anticorrupción, que fue presentado ante el juez instructor este miércoles, el BBVA dirigido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo tuvieron para el desarrollo de servicios de inteligencia, "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que, a su entender, supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA se acreditaría que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

Asimismo, destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones. Por todo ello, y con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, descarta que por el momento que la entidad financiera pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, algo que el juez García Castellón comparte, por lo que rechaza que el BBVA pueda personarse en la causa como acusación particular.

Novena pieza

Esta pieza de la causa Tándem, la número 9, es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, podría considerarse una causa en sí misma, dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.

La parte más conocida es la denominada 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el consejo de administración del banco. Según varias informaciones periodísticas, el excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras la difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.

Otros investigados

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos exjefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto. Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González.

Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero. También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.