El 60% de los procesos por corrupción acaba en condena

En el primer trimestre del año, se sentó en el banquillo a 58 personas físicas y a dos personas jurídicas, según datos del CGPJ

El 60% de los procesos por corrupción acaba en condena

Los juzgados y tribunales españoles dictaron en el primer trimestre de este año un total de 20 sentencias en procedimientos en los que se investigaban delitos de corrupción. De las mismas, 12 resultaron total o parcialmente condenatorias, lo que representa un 60% del total. En particular, cinco de los fallos fueron de conformidad, otros cinco sin conformidad, y, en los dos restantes, solo se admitió de forma parcial la petición de condena de las acusaciones.

Los datos corresponden al repositorio sobre delitos de corrupción puesto en marcha por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacer un seguimiento de la evolución judicial de los delitos relacionados con las malas prácticas por parte de funcionarios y cargos públicos.

Asimismo, además de los procedimientos finalizados, los datos del órgano de gobierno de los jueces revelan que de enero a marzo se concluyeron nueve fases de investigación por este tipo de conductas que dieron lugar a auto de apertura de juicio oral. En los mismos, 58 personas físicas y dos jurídicas resultaran acusadas y, en consecuencia, tendrán que sentarse en el banquillo.

Por regiones, las autonomías en las que más acusados por corrupción hubo fueron Cataluña, con 23; Madrid, con 17 (las dos personas jurídicas acusadas lo fueron en esta región); y Baleares, don 10. Les siguen Galicia (5), la Comunidad Valenciana (2) y Castilla y León (1). En el resto no se ha abierto juicio oral contra nadie.

En comparación con los datos de 2018, durante el mismo periodo de ese año 84 personas fueron juzgadas por delitos de corrupción (66 hombres y 18 mujeres) en un total de 17 procedimientos; un 69% más que este año. Además, los jueces dictaron 15 sentencias condenatorias y cinco absolutorias.

Por el tipo de delitos que incluye el repositorio, los procesos judiciales recogidos tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, abarcando así tanto corrupción administrativa como política y delitos como malversación, cohecho, prevaricación administrativa o fraudes.

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