El Supremo difiere su decisión sobre la compensación de 3.000 millones que Abertis reclama por Acesa
El Alto Tribunal no se pronunciará sobre el convenio entre la compañía y Fomento hasta que venza la concesión en 2021
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido dar una patada adelante al pleito entre Abertis y el Ministerio de Fomento por el convenio de compensación de la concesionaria Acesa, firmado en 2006 para la ampliación de la AP-7.
El grupo catalán reclama 2.951 millones al cierre de 2018 como compensación de inversiones inesperadas por 500 millones (la petición es de 890 millones) y del tráfico perdido ante la apertura de carreteras gratuitas paralelas (otros 2.061 millones).
El recurso de Abertis ante el Supremo se produjo por la interpretación del propio acuerdo. La sentencia llega meses después de que la sala votara sobre este asunto el pasado mes de febrero, y las partes ganan dos años largos para seguir negociando una solución. El Supremo considera que no debe pronunciarse sobre el fondo e interpretación del convenio antes de que finalice el plazo de explotación de Acesa, en agosto de 2021
La sentencia llega meses después de que la sala votara sobre este asunto el pasado mes de febrero, y las partes ganan dos años largos para seguir negociando una solución.
Antes de la decisión de diferir un fallo definitivo, el problema de Acesa era una patata caliente en manos del Gobierno, al igual que el pago de hasta 3.300 millones por la reversión anticipada de nueve autopistas quebradas, entre ellas las radiales de Madrid.
Disensión
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó en 2016 que la concesionaria obraba correctamente al considerar como activo financiero el saldo de compensación de tráfico que había pactado con el Ministerio. Fue en la censura de las cuentas de 2011 de la propia Acesa donde la Delegación del Gobierno en las autopistas de Fomento señaló dudas sobre la citada compensación por tráfico garantizado. Ante esta incertidumbre, la concesionaria recurrió contra la censura de cuentas, una iniciativa desestimada por Fomento en junio de 2015.
Pese a que Abertis ha mantenido sus argumentos, el hecho de que el Gobierno no considerara la compensación por tráfico garantizado, como parte del saldo del Convenio AP-7, motivó que la compañía dotara graves provisiones por el deterioro de la participación en Acesa.
Abertis siguió actualizando la cuenta a cobrar y la citada sentencia del Tribunal madrileño anuló la censura de cuentas de 2011, reconociendo el derecho de Acesa a la remuneración por tráfico garantizado.
Al margen de obras adicionales en la AP-7 para la construcción de 123 kilómetros en carriles adicionales, cuya capitalización no está en discusión, Fomento pidió a la concesionaria en 2006 la instalación de peaje cerrado y la concesión de distintos descuentos y bonificaciones. Además, Acesa renunciaba a cualquier derecho a reclamar indemnizaciones por el efecto sobre su tráfico del desdoblamiento de las carreteras paralelas N-II y la CN-340.
Como contraprestación la Administración asumía el riesgo tráfico, hasta el final de la concesión. Es decir, la diferencia de ingresos entre el tráfico real y el fijado en el convenio, que se convirtió en el Real Decreto 457/2006, iba a añadirse, en negativo o en positivo, a las inversiones desembolsadas por Abertis (unos 500 millones) en la cuenta de compensación creada para Acesa. Si al final resultaba una cuantía a favor de la empresa, su cobro estaba fijado al término de la concesión (agosto de 2021) si antes no se veía restablecido el equilibrio económico-financiero de la misma.
El Convenio AP-7 fue respaldado en su día por Fomento, Hacienda y el Consejo de Estado.
Ábalos acababa de tomar el cargo y se veía las caras con un gigante, la mayor concesionaria del mundo, en una cita que se zanjó con nulas esperanzas de acuerdo extrajudicial, de igual modo que sucedió en tiempos de Ana Pastor e Íñigo de la Serna en Fomento. La decisión de la justicia deja ahora margen para seguir hablando.
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