¿Quién manda en las empresas a la hora de afrontar el cambio climático?
En la mayoría de cotizadas españolas, un órgano ejecutivo diseña e implementa las políticas medioambientales Este comité responde directamente ante el consejo de administración y trabaja en coordinación con el CEO
En las compañías hay directores de recursos humanos, finanzas, tecnología e incluso de responsabilidad social corporativa (RSC). ¿Debería de existir también un jefe de medio ambiente?, es decir, ¿un ejecutivo dedicado en exclusiva a garantizar el cumplimiento de las políticas de sostenibilidad acordadas por los accionistas?
En mayo pasado, Esade y la fundación La Caixa publicaron un informe sobre la contribución de las empresas españolas a los objetivos de desarrollo sostenible. Al analizar los modelos de gobernanza, los investigadores encontraron que la mayoría ha creado órganos ejecutivos que se encargan del diseño e implementación de los planes.
Estos comités reciben gran variedad de nombres (principalmente comisión o dirección de sostenibilidad o de RSC), actúan de forma transversal dentro de la organización, suelen estar integrados por personas de distintas áreas y dependen directamente del consejo de administración.
Más que centrarla en una sola área o individuo, los expertos recomiendan un modelo de gestión transversal a toda la organización
“Lo que hemos observado en las memorias de las cotizadas españolas más avanzadas es que el verdadero compromiso con la sostenibilidad se manifiesta cuando, más allá de una persona encargada del tema, cuentan con una estructura de gobernanza compuesta por, al menos, tres elementos”, describe Ferran Curtó, investigador de la Cátedra de LiderazgoS de Esade y coautor del informe.
Estos tres elementos son: mecanismos de reflexión permanente con los grupos de interés, un plan o estrategia y un órgano ejecutivo encargado de su implementación. El jefe de este comité “debe ocupar una posición de alta dirección y tener capacidad para trabajar de forma transversal y en continua colaboración con el CEO”, detalla.
Las cifras
31,2% de las cotizadas españolas reporta sus políticas ambientales de manera ambiciosa, según un estudio de Esade y La Caixa.
40,4% de las compañías informa sobre este tema de forma poco detallada y el 28,4% no lo hace.
50% declara invertir en I+D para reducir emisiones, aunque la mayor parte no precisa la tipología del proyecto.
Isabel López y Claudina Caramuti, socias fundadoras de la consultora en RSC Canvas, coinciden en que la gestión de las políticas medioambientales de una organización debe atravesar todos los departamentos. “Aunque las estrategias y proyectos se impulsen desde un área en concreto, se trata de cuestiones que precisan de la implicación de todos los trabajadores”, explica López.
“Para fomentar el compromiso de toda la plantilla, la figura del CEO es fundamental”, añade Caramuti. De hecho, el 71% de los empleados considera crítico que su director ejecutivo se implique en asuntos sociales, según el Trust Barometer 2019 de Edelman. En el caso de la población, el 76% cree que los CEO deberían liderar el cambio en lugar de esperar a que los Gobiernos lo impongan. Este último indicador ha aumentado 11 puntos con respecto a 2018.
Modelos de gestión
Una aproximación a los organigramas de las corporaciones españolas muestra que sus modelos de gobernanza van en línea con las recomendaciones de los expertos. En Endesa, por ejemplo, el nivel más alto de responsabilidad en el desarrollo e implementación de las políticas ambientales es el comité de dirección, que preside el consejero delegado y se ocupa de integrar estos asuntos en la toma de decisiones.
Más ejemplos
Acciona. Joaquín Mollinedo, director general de relaciones institucionales, sostenibilidad y marca, es el responsable en Acciona de la lucha contra el cambio climático. Mollinedo reporta directamente al presidente del grupo, José Manuel Entrecanales. La gestión directa depende de José Luis Blasco, director global de sostenibilidad.
BP. Javier García Goyeneche, director de salud, seguridad, protección y medio ambiente de la petrolera en España, es responsable del cumplimiento de la legislación ambiental, de establecer indicadores y objetivos. Forma parte del comité de dirección, reporta al director de la refinería (de Castellón) y su equipo está formado por 30 personas.
Iberdrola. La gestión del medio ambiente en Iberdrola está descentralizada entre las distintas áreas del grupo, si bien es coordinada por la dirección de innovación, sostenibilidad y calidad, que depende directamente de la presidencia. Esta dirección propone las políticas para su aprobación por parte del consejo de administración. También elabora el reporte del desempeño medioambiental y el inventario de emisiones a escala global, y gestiona las relaciones con los grupos de interés: Administración, empresas del sector, proveedores, organizaciones ecologistas, etc.
Comités. Para articular el correcto cumplimiento de las políticas, Iberdrola ha creado comités de gestión ambiental a distintos niveles (alta dirección, operación, etc.), que permiten realizar un seguimiento exhaustivo del desempeño de la compañía en este campo.
Dentro de este comité existen dos posiciones clave. El director general de relaciones institucionales y regulación es el encargado de llevar a esta instancia los temas de cambio climático para su discusión y aprobación, mientras que el director general de sostenibilidad es el responsable de la estrategia de la compañía en este campo. Ambos reportan directamente al consejero delegado, quien informa regularmente al consejo de administración sobre el avance en el cumplimiento de los objetivos.
En Suez España, la dirección de desarrollo sostenible define el plan estratégico y coordina su despliegue en las diferentes áreas de la empresa. Este órgano depende del comité de dirección, en concreto del director de estrategia. “De esta forma pretendemos ampliar la visión directiva de nuestro equipo, al hacerlo más consciente de las consecuencias de sus decisiones y de las necesidades y expectativas de los grupos de interés”, puntualizan desde el grupo.
No obstante, aclaran que dado que la principal actividad de la compañía es la gestión del agua, el compromiso ambiental “está ubicado en diferentes áreas transversales” y “compromete a toda la plantilla”.
En CaixaBank, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, lidera la estrategia medioambiental, que se extiende por todos los ámbitos del banco, aunque de su coordinación se ocupa la dirección ejecutiva de comunicación, relaciones institucionales, marca y RSC, que dirige María Luisa Martínez. En febrero pasado, la entidad aprobó también una declaración sobre cambio climático y su política de gestión de riesgos ambientales.
“Hemos sido pioneros en integrar la estrategia medioambiental en el negocio puro del banco. Es absolutamente transversal, con un fuerte peso del área de riesgos, que ha incorporado criterios de riesgo ambiental en la evaluación de proyectos, y de negocio, que busca oportunidades que contribuyan a la acción climática. Además, somos la única entidad carbon neutral del Ibex 35”, afirma María Luisa Martínez, directora ejecutiva de comunicación, relaciones institucionales, marca y RSC de CaixaBank.
Pese a los avances, Ferrán Curtó, de Esade, advierte que son muy pocas las cotizadas que reportan con detalle sobre sus modelos de gestión. “En las memorias de 2017 solo identificamos un 14% que lo hacían. Por lo tanto, la tendencia es que se pone poca atención a esta cuestión y que, en líneas generales, hay pocos CEO verdaderamente comprometidos”, mantiene.
La prevención no basta, la ley también exige garantías
Independientemente de cómo lo gestionen, las empresas están obligadas a prevenir y reparar daños al entorno, asumiendo los costes de estas medidas. Así lo establece Ley de Responsabilidad Ambiental, en vigor desde 2017. El fin último de la norma es que, en caso de producirse un vertido, derrame u otro tipo de contaminación, la compañía responsable pueda devolver los recursos naturales afectados a su estado original.
El año pasado, esta norma fue modificada para exigir a las compañías que presenten una garantía financiera, es decir, que aseguren que podrán pagar las posibles sanciones derivadas de un eventual daño al medio ambiente. Las multas por incumplir esta disposición van desde los 10.001 hasta los 2 millones de euros, pudiendo, en el caso de las infracciones más graves, perder las autorizaciones para operar.
La certificadora TÜV Rheinland recuerda que la medida es más estricta con las empresas clasificadas como prioridad 1 y 2. Las primeras, entre que las que se incluyen las plantas de combustión con una potencia superior a 50 megavatios o las que eliminan residuos peligrosos, tuvieron hasta el 1 de noviembre del año pasado para presentar la garantía. En la segunda categoría están las coquerías, refinerías de petróleo, fábricas de sales mediante transformación química o de explosivos, entre otras. Para ellas, el plazo acaba el 1 de noviembre de este año.
Para evitar las sanciones, las compañías, ya sean públicas o privadas, deben realizar un análisis de riesgos medioambientales que avale una verificadora independiente. Si el valor de estos riesgos es menor a 300.000 euros, el operador no tiene que hacer nada. Pero si se sitúa entre los 300.000 y 2 millones, debe suscribir una garantía por el importe resultante del examen.
