El reto de actualizar, por fin, la financiación autonómica

Desde 2009 el sistema no ha sido revisado

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De los 12 nuevos parlamentos autonómicos salidos de las elecciones de este domingo saldrán en los próximos días sus respectivos Ejecutivos. Éstos se van a encontrar con todo tipo de problemas aunque, desde el punto de vista económico, se enfrentan a uno crónico, la financiación de servicios elementales como la sanidad, la educación y los servicios sociales. En general, este 2019 no está resultando del todo mal para las finanzas autonómicas. En febrero aumentó la recaudación impositiva un 8,1% y las transferencias lo hicieron un 7,3%. Según el Ministerio de Hacienda, el déficit global de las comunidades autónomas era hasta marzo de un 0,01% del PIB nacional, mientras que el Estado presentó un -0,54%. Si bien hay que aclarar que la mayor parte de las autonomías no han recuperado los niveles de inversión pública anteriores a la crisis económica.

Un dato que revela el progresivo saneamiento de las finanzas autonómicas es su endeudamiento. De acuerdo con los datos del Banco de España, 11 autonomías disminuyeron la deuda sobre PIB en 2018 y la tendencia este año es similar. De las que han concurrido a estas elecciones, Castilla-La Mancha es la que más debe, un 35,4% de su riqueza económica. Al otro lado de la balanza, se encuentran la Comunidad de Madrid, con una deuda del 14,6%, y Canarias, con el 14%. La Comunidad Valenciana, que tuvo sus propios comicios el pasado 28 de abril, es la más endeudada, ya que debe el 41,7% de su PIB.

En esta legislatura que ahora comienza, los Gobiernos autonómicos de Asturias, Cantabria, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, La Rioja, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias –donde se han celebrado elecciones este domingo– volverán a encontrarse con un sistema de financiación que permanece inalterable desde que se aprobó en 2009, ya que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no aplicó la revisión quinquenal que correspondía.

El funcionamiento del sistema de pagos a cuenta cada año y la liquidación definitiva al cabo de dos no es del gusto de todos, más bien de ninguno, porque, cuando ésta sale a favor de la comunidad en cuestión y se le liquida más dinero que lo adelantado todo va bien, pero cuando ocurre al revés, que la autonomía tiene que devolver parte de lo adelantado, viene un agujero en la mayoría de los casos. El adelanto de financiación se basa en la previsión de la recaudación impositiva de la comunidad autónoma. En 2019 dicha previsión es halagüeña pues los ingresos por el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados van a buen ritmo por la evolución del mercado inmobiliario. El problema se presentará si la ralentización económica hace mella y las compraventas inmobiliarias se frenan.

Sucesiones y Patrimonio

Además de Transmisiones Patrimoniales y AJD, las comunidades tienen cedido el 100% de la recaudación de otros dos impuestos: Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. Pueden surgir conflictos, especialmente con el primero. Los Gobiernos autonómicos pueden fijar los tipos y las bonificaciones del tributo. En aquellas comunidades donde los tipos son altos se ha producido mucha contestación social, como es el caso de Asturias o Aragón, además de Andalucía, tanto que en estas dos últimas se elevaron los límites exentos de declaración o se aumentaron las bonificaciones hace unos meses. Pero este tributo se ha convertido en un arma arrojadiza en la campaña electoral. Está por ver qué decisiones se toman al respecto. Lo mismo ocurre con el gravamen sobre el Patrimonio, ya que unos partidos políticos quieren eliminar las bonificaciones y otros, suprimirlo.

Servicios y dependencia

El gran hándicap para las cuentas de las comunidades autónomas es la financiación de la sanidad, los servicios sociales y la educación. Son servicios muy costosos y con gastos progresivos, sobre todo los dos primeros. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publicó la semana pasada un informe en el que asegura que, para que las autonomías recuperen el nivel que tenían estos servicios antes de la crisis se necesitan 1.300 millones de euros más al año. En esta materia, hay que destacar los inmensos problemas, con una gran repercusión social, que tiene la aplicación de la Ley de Dependencia.

Ésta otorga a las comunidades autónomas la valoración de los dependientes, las prestaciones y los servicios que se les han de facilitar. Desde el principio ha habido dificultades, pero es a partir de 2012, al reducir el Estado al mínimo su participación en la financiación, cuando aparecen los conflictos. Retrasos en la tramitación de los expedientes, en el reconocimiento de la condición de dependientes y en el abono de prestaciones se han convertido en lo habitual, aunque en unas autonomías más que en otras. El citado informe cifra en 4.500 millones de euros el dinero que se ha dejado de asignar a la dependencia. La situación ha llegado a tal punto que estos expertos señalan que en los últimos cinco años 150.000 dependientes han fallecido sin que se les aplicara la ley.

Particularidades de Ceuta y Melilla

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también han celebrado elecciones este domingo 26 de mayo. Ambas poblaciones participan del sistema de financiación autonómica y presentan algunas particularidades por su situación geográfica. Tienen un tributo propio, de carácter municipal, que es el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) que sustituye el IVA. El enclave geográfico convierte a Ceuta y Melilla es dos ciudades dependientes casi en exclusiva del comercio, por lo que los vaivenes políticos con Marruecos y los incidentes en las fronteras con este país influyen en gran medida en su desarrollo económico diario.

Las economías de las dos ciudades autónomas son de las menos boyantes de España. Ceuta ocupa el puesto 16 en cuanto al PIB per cápita regional mientras que Melilla se sitúa en el número 18, lo que indica que sus habitantes tienen uno de los peores niveles de vida del país. La tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa (EPA), es del 22,3% en Ceuta y del 25,9% en Melilla, ambas muy superiores a la media española, que se situó en el 14,7% en el primer trimestre del año.

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