Medidas preventivas ante el activismo accionarial

En España, las tácticas de los fondos se suelen materializar a través del voto de los accionistas en la junta general

Medidas preventivas ante el activismo accionarial
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El activismo accionarial, entendido como aquella actividad desarrollada por fondos de inversión alternativos o hedge funds con la intención explícita de influir en la estrategia y las decisiones de las compañías cotizadas, llegó en 2018 en Europa a máximos históricos con 58 campañas reportadas contra compañías europeas.

 A principios de 2019, los fondos activistas contaban con un capital disponible superior a los 126.000 millones de dólares, cifra que triplica los 36.000 millones de 2009 y que augura un protagonismo todavía mayor del fenómeno del activismo accionarial en los próximos meses.

Los fondos activistas utilizan tácticas cada día más modernas y sofisticadas; adquiriendo subrepticiamente mediante derivados participaciones significativas en sociedades cotizadas, contratando a bancos de inversión para ganar credibilidad y preparar sofisticadas presentaciones para inversores justificando sus propuestas, proponiendo el nombramiento de consejeros con prestigio y notoriedad pública, en algunos casos incluso iniciando acciones legales y campañas mediáticas difamatorias contra consejos de administración o primeros ejecutivos, y proponiendo a la junta de accionistas operaciones de fusiones y adquisiciones que rivalizan con los planes estratégicos anunciados por el consejo de administración.

Asimismo, los fondos de activismo accionarial suelen buscar, antes de iniciar sus campañas activistas, el apoyo por escrito de inversores institucionales tradicionales y fondos pasivos, circunstancia que les permite elevar el porcentaje de éxito de sus campañas. En España, las tácticas de los fondos activistas se suelen materializar a través del ejercicio concreto del derecho de voto de los accionistas en la junta general; solicitando e impugnando el nombramiento y cese de consejeros, rechazando la ratificación de consejeros designados por cooptación y presentando demandas por responsabilidad de los administradores (activismo de governance); proponiendo a la junta operaciones de desinversión de activos no estratégicos o paralizando operaciones propuestas por el consejo de administración (activismo de M&A); solicitando el cese de directivos o la racionalización de las estructuras de costes de las compañías (activismo operativo) y solicitando recompras de acciones o mayores dividendos (activismo de balance).

Así las cosas, ante los riesgos que supone el activismo accionarial, ¿cómo pueden protegerse las empresas cotizadas españolas?

En primer lugar, es recomendable evaluar cuanto antes, con el apoyo de un equipo asesor con experiencia en este tipo de campañas, las posibles vulnerabilidades estratégicas, de gobierno corporativo y de gestión de la empresa frente a las críticas y las posibles líneas de ataque de los activistas. Asimismo, es positivo recabar la opinión de empresas especializadas en el asesoramiento de accionistas sobre la estrategia y el plan de inversiones de la empresa, y sobre la política de remuneración del accionista y del equipo directivo.

Otra medida preventiva importante consiste en comprender las “alertas tempranas”, es decir, monitorizar la composición accionarial de la sociedad y detectar incrementos relevantes en posiciones accionariales directas o mediatas. Adicionalmente, es crucial conocer las defensas procesales y estructurales que ofrecen las leyes españolas y los estatutos sociales de cada sociedad ante este tipo de situaciones.

Es necesario también estudiar las alternativas estratégicas de la sociedad y las implicaciones de la política de retribución del capital para sus principales accionistas, y comunicarse regularmente con ellos y los principales proxy advisors para entender bien sus objetivos, estrategias de inversión y preocupaciones; y con el propósito último de buscar su apoyo a los planes estratégicos y a la política de remuneración del capital.

Por último, las sociedades no deben tener miedo a entablar conversaciones con fondos activistas. Es recomendable hacerlo inmediatamente tras detectar su presencia en el capital con el propósito de recabar información sobre sus planes y su opinión sobre la estrategia de la sociedad, intercambiando siempre información pública no confidencial, con una sola voz desde la compañía y manteniendo un diálogo constante y abierto.

Manuel Deó es socio de M&A de Latham & Watkins.

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