La inversión responsable sube el listón para las propuestas del consejo

El informe de sostenibilidad se va a votar desde ahora por separado

Inversión responsable pulsa en la foto

Un factor que ha contribuido a aumentar la presión de los accionistas sobre la dirección es la mayor concienciación inversora en asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Estos criterios están presentes cada vez más en las estrategias de los fondos, y los directivos se ven obligados a rendir cuentas sobre el despliegue de este tipo políticas en sus empresas.

De acuerdo con los datos de Spainsif (una plataforma de inversión socialmente responsable que agrupa a bancos, gestoras de activos y agentes sociales), el 45% del dinero que hay ahorrado en España en fondos y planes de pensiones utiliza ya algún tipo de criterio ASG a la hora de invertir. Son cerca de 200.000 millones de euros que no solo miran las proyecciones de beneficios y los ratios de capital, sino también si la empresa ha adoptado medidas para combatir el cambio climático o si tiene políticas para fomentar la llegada de mujeres a puestos directivos.

Este tipo de inversores tradicionalmente ha utilizado estrategias de exclusión para ejercer su activismo: no comprar acciones de petroleras, compañías mineras, tabaqueras... Pero cada vez más optan por una estrategia de engagment and voting (compromiso y voto, en inglés).

“Cada vez hay más consciencia de que los criterios ASG pueden afectar a la reputación, como inversor, y al binomio rentabilidad riesgo. Los inversores se muestran cada vez más activos en el ejercicio de sus derechos, incluyendo preguntas relacionadas con los criterios ASG en las juntas de accionistas o votando en contra de ciertas decisiones del consejo”, explica Jaime Silos, presidente de Spainsif.

En los tres últimos años, el número de propuestas sobre estas materias sometidas a consultas en las juntas de compañías del índice S&P 500 se ha disparado. De acuerdo con el estudio Morningstar Proxy Voting Data, las cinco mayores gestoras de activos votaron en 2016 a favor de 151 materias ASG en juntas de compañías estadounidenses. En 2018 la cifra se ha cuadriplicado.

Tanto los inversores institucionales como los asesores de voto (proxy advisor, como se conoce en la jerga) se acercan a los gestores para trasladarles su preocupación por la falta de compromiso en ciertos campos y pedirles que cambien su actitud.

El voto activo es, normalmente, el último paso. Previamente se suele establecer un diálogo con la dirección para acercar posturas. “Las conversaciones previas entre los ‘proxy advisors’ y otros agentes con los ejecutivos de la compañía, para buscar un acuerdo y que no haya voto negativo en las juntas son muy frecuentes”, explica Juan Prieto, fundador de Corporance-Asesores de Voto.

La nueva normativa también va a contribuir a aumentar el activismo. “Ha sido un hito la entrada en vigor de la nueva ley de información no financiera [Ley 11/2018], porque obliga a las compañías cotizadas a someter a votación vinculante en junta el informe de sostenibilidad. Así lo pueden juzgar de forma individual los inversores, separado del voto que aprueba las cuentas anuales en su conjunto”, apunta Eduardo Sancho, socio de la consultora internacional de gobierno corporativo Morrow Sodali.


La inversión pasiva cambia las reglas

Durante la década de 2000, la participación en las juntas de accionistas cayó con fuerza en Estados Unidos por la llegada de las grandes firmas de gestión pasiva, como Vanguard. Este tipo de actores, que ya dominan más del 40% de la Bolsa estadounidense, vende fondos indexados que se dedican a replicar la evolución de índices bursátiles como el S&P 500 o el Nasdaq. Los costes de estos fondos son bajísimo porque la gestora no necesita un equipo especializado para seleccionar compañías, pero la participación en las juntas de accionistas también es baja.

A partir de 2010, los supervisores norteamericanos empezaron a exigir a estos grandes gigantes que tuvieran un actitud más proactiva en las juntas de las empresas en que invertían.

Al tratarse de grandes fondos que compran todas las compañías de un determinado índice y las mantienen de forma indefinida (salvo que por alguna razón salgan del selectivo), se tratan de inversiones a muy largo plazo y con unos pesos en el capital muy relevante. Su falta de actividad en las juntas había empobrecido lo que en Estados Unidos se denomina la democracia accionarial.

“Las gestoras de fondos, ya sean más activas o más pasivas, son muy conscientes de que deben asumir un rol más protagonista en su relación con la dirección de la compañía para, de una forma colaborativa, ayudarles a tomar decisiones que contribuyan a la mejora de la sociedad y también a la propia compañía”, recuerda Jaime Silos.

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