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Perú abre un nicho para las contratistas medianas con incentivos fiscales

La inversión en infraestructura pública tiene ventajas tributarias La demora en los trámites dificulta el avance de los proyectos

Puente Leoncio Prado, en Lima, construido por la española Blasgon en consorcio con una firma local. La infraestructura, que forma parte de la Vía Expresa, fue inaugurada en diciembre pasado.
Puente Leoncio Prado, en Lima, construido por la española Blasgon en consorcio con una firma local. La infraestructura, que forma parte de la Vía Expresa, fue inaugurada en diciembre pasado.

En Perú, las empresas pueden pagar el impuesto de sociedades en efectivo o construyendo un hospital o una escuela. El trueque se llama obras por impuestos, un novedoso mecanismo creado en 2008 por el Gobierno peruano para acelerar la inversión en infraestructura que puede servir de entrada en el mercado a constructoras españolas de tamaño mediano.

A pesar de que el programa es un win-win para las compañías y el Estado, en 10 años ha conseguido resultados modestos. Colombia y Paraguay, sin embargo, han decidido replicar el modelo, lo que sugiere que el problema de OXI, como se le conoce por sus siglas, no es un tema de diseño.

Esta modalidad permite a una compañía privada, de manera individual o en consorcio, financiar y ejecutar proyectos públicos convocados por Gobiernos regionales, municipios o universidades públicas. A cambio de esta inversión reciben certificados emitidos por el Tesoro público que pueden utilizar contra el pago del impuesto de sociedades peruano.

No se trata de los proyectos faraónicos que suelen atraer a las grandes constructoras, sino de pequeñas dotaciones de infraestructura, pero de gran impacto social para las comunidades donde se ejecutan: asfaltado de calles, mejora de redes de agua y desagüe, equipamiento de escuelas y hospitales, recuperación de ecosistemas degradados... Tienen cabida tanto la construcción como la rehabilitación y el mantenimiento.

La empresa puede elegir el proyecto de una lista de obras priorizadas por la Administración convocante o proponerla para su inclusión en ella. Si se presenta más de un postor, deberá pasar por un proceso de selección. De lo contrario, podrá adjudicarse el proyecto de manera directa. En ese caso, firmará un contrato con el Gobierno regional o ayuntamiento.

Cuando finalice la obra, obtendrá el certificado del Tesoro. Al presentar ese documento a la Sunat, la agencia tributaria peruana, podrá deducirse la mitad del impuesto durante un máximo de 10 ejercicios fiscales consecutivos hasta recuperar la inversión.

Pese a sus beneficios, en una década de funcionamiento, OXI apenas ha conseguido movilizar 4.277 millones de soles (1.146 millones de euros) en 368 proyectos, lo que expertos achacan al papeleo y al desconocimiento de los mismos funcionarios locales.

Òbras por impuestos en Perú

“Si bien es el sistema de contratación pública más eficiente, no se libra de cierta burocracia”, señala Manuel Rivera, socio de impuestos de EY Perú. “No todas las entidades públicas conocen las ventajas del mecanismo, lo cual se ve exacerbado por el cambio periódico de autoridades”, agrega.

Un estudio realizado en 2015 por el abogado Sergio Salinas identificó hasta seis cuellos de botella que han retrasado la tramitación de los proyectos. Por ejemplo, conseguir que el concejo municipal dé el primer paso, que es aprobar el acuerdo, tarda una media de 111 días hábiles cuando lo óptimo serían 40. Las causas más frecuentes son errores en la formulación de las actas y en la consignación de los datos del proyecto, la falta de voluntad política y demoras en la designación del comité encargado de dirigir el proceso.

La entrega de la conformidad de obra, requisito para que la empresa obtenga el certificado fiscal, tarda una media de 51 días cuando lo razonable serían 20. “A veces el supervisor de obra contratado por la entidad pública no tiene suficiente experiencia y pide el cumplimiento de requisitos inexistentes en el expediente técnico”, comenta Rivera, de EY, quien recomienda digitalizar parte del procedimiento.

Denisse Miralles, directora de inversiones descentralizadas de Proinversión, la agencia encargada de promover y dar asistencia a los proyectos, reconoce que en los inicios del mecanismo resultaba muy difícil conseguir que el sector público y privado se decidan a usarlo porque no estaban acostumbrados a trabajar juntos. "Nos llevó más de cuatro años lograr un nivel de adjudicación de más de 30 obras anuales. En los últimos años, este promedio se ha duplicado, aunque ciertamente hay espacio para muchos más", admite. 

Recuerda que el programa ha tenido varios cambios normativos, el más reciente a finales de 2018 a fin de agilizar los procedimientos.

Equipamiento de una escuela en Colombia con el mecanismo de obras por impuestos. El Gobierno colombiano lanzó en noviembre de 2017 su propia versión de OXI para incentivar la inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Equipamiento de una escuela en Colombia con el mecanismo de obras por impuestos. El Gobierno colombiano lanzó en noviembre de 2017 su propia versión de OXI para incentivar la inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Oportunidad para pymes

Además del incentivo fiscal, la firma que invierte en OXI mejora su imagen frente a la comunidad. En los 10 años que lleva el programa, han participado 102 compañías, entre ellas las filiales de Telefónica, Repsol y BBVA.

Aunque la mayoría son grandes empresas, estas pueden subcontratar a pymes para que lleven adelante la obra. En ese sentido, “ha abierto un nicho de mercado” para contratistas españoles de tamaño mediano, confirma Jesús Fernández, director de Blasgon, constructora originaria de Burgos que en 2011 abrió una filial en Perú.

La empresa ha levantado puentes en Lima y provincias y ha instalado sistemas de climatización en hospitales, entre otros proyectos. Aunque han realizado estos trabajos fuera del mecanismo, “nuestro objetivo es diversificar nuestra cartera con OXI”, precisa.

"En efecto, la mayoría de empresas que intervienen son compañías con espaldas financieras lo suficientemente grandes para financiar la construcción de una obra pública y recuperar la inversión solo después de entregado el proyecto. Sin embargo, la ley  no establece límites y las medianas y pequeñas empresas también pueden participar", aclara Miralles, de Proinversión.

En agosto pasado, varios ministerios de Perú expusieron en Lima sus proyectos en el marco de la celebración del décimo aniversario del programa Obras por Impuestos.
En agosto pasado, varios ministerios de Perú expusieron en Lima sus proyectos en el marco de la celebración del décimo aniversario del programa Obras por Impuestos.Melina Mejía (Andina)

La inversión media en el período 2009-2019 ha sido de 3,5 millones de dólares (3 millones de euros). La obra más grande ha sido la construcción de un puente de 562 metros de longitud que conecta cinco distritos de Arequipa, que costó 80 millones de dólares (71 millones de euros), y la más pequeña, la mejora de las veredas de un bulevar en el centro poblado de Lomas, también en Arequipa, que costó 75.000 dólares (66.000 euros).

"Este año tenemos 25 proyectos en cartera", informa Miralles, quien destaca entre ellos los colegios de alto rendimiento del Ministerio de Educación, cuyo monto de inversión promedio es de 21 millones de dólares (18,5 millones de euros) cada uno. Se trata de una red de residencias académicas para estudiantes de los tres últimos años de secundaria que hayan demostrado un desempeño académico notable.

La versión impresa de este artículo se publicó el miércoles 13 de marzo de 2019 en la página 3 del suplemento Pymes de Cinco Días.

Puentes

El paso de El Niño por la costa peruana en el verano de 2007 destruyó 200 puentes que el Gobierno quiere recuperar a través de un programa de emergencia. Blasgon ve en esta circunstancia una oportunidad de negocio.

“Solo unas 30 empresas están autorizadas para participar en estas obras y la nuestra es una de ellas”, dice Jesús Fernández, director del grupo burgalés.

Blasgon ha abierto también una filial en Colombia, país que hace un año lanzó su propio OXI para incentivar la inversión en las zonas afectadas por el conflicto con las FARC.

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