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¿Qué cambia con el nuevo real decreto ley en materia laboral?

El Gobierno renuncia ya abiertamente a derogar parte de la reforma laboral pero lega una batería de medidas publicadas este martes en el BOE

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio.Efe
Juande Portillo

El primer Consejo de Ministros que reúne al Gobierno de Pedro Sánchez tras la disolución de las Cortes aprobó el viernes una nueva batería de medidas sociales, esta “de protección social y lucha contra la precariedad laboral”, en forma de real decreto ley. Como ocurrió con los de igualdad, alquileres y Brexit de la semana anterior, este deberá ser convalidado ya por la Diputación Permanente del Parlamento.

Mientras la oposición critica que el Ejecutivo siga aprobando medidas en la recta final hacia las elecciones del 28 de abril, el Gobierno defiende su urgente necesidad. No obstante, el sorpresivo tono aséptico con el que anunciaron las medidas la ministra portavoz, Isabel Celaá, y la responsable de Trabajo, Magdalena Valerio, da cuenta de la preocupación en el Ejecutivo por evitar una imagen “electoralista”.

“La vida sigue”, dijo Valerio, renunciando ya abiertamente al plan del Gobierno de “derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012”, ante la dificultad de lograr un consenso en la precampaña electoral y relegando la reforma del Estatuto de los Trabajadores a después de los comicios. La ministra defendió, eso sí, la necesidad de impulsar ya estas medidas laborales que, sin embargo, entrarán en vigor entre este martes, cuando se han publicado en el BOE, y mediados del mes de mayo:

El coste de los decretos: 1.300 millones a cuenta del alza de cotizaciones

Coste de los decretos. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, detalló ayer que ampliar el subsidio para mayores desempleados costará 348,7 millones de euros en 2019. Esta medida, la mayor pensión por incapacidad temporal, la reducción de cuotas a trabajadores agrarios junto al incremento del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas (300 millones) o la cotización de las cuidadoras (310 millones) que se aprobaron la pasada semana, suman un coste de 1.300 millones, detalló Valerio, asegurando que todo esto se sufragará a cuenta del alza de las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta ingresará 3.300 millones extra en 2019, estimó, por el aumento de las bases de cotización. Otras medidas como la bonificación por contratar a parados (25,68 millones), la de los fijos discontinuos del sector turismo (15 millones), la conversión de eventuales del sector agrario en indefinidos (12,7 millones) o los 70 millones del fondo de inmigrantes se lograrán sin causar gasto adicional reordenando las asignaciones de políticas de empleo del Presupuesto de 2018, que ha sido prorrogado. Para ello, ilustró, se eliminan otras bonificaciones como las del contrato indefinido de ayuda a emprendedores.

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