El Brexit requerirá control aduanero sobre operaciones por 30.000 millones al año

La Agencia Tributaria desarrolla un plan de contingencia ante la posibilidad de un divorcio duro del Reino Unido con la UE

Jesús Gascón, Director General de la Agencia Tributaria (a la izquierda) y Luis Fernando Guerra, socio director de Deloitte Legal, en el foro de ayer.
Jesús Gascón, Director General de la Agencia Tributaria (a la izquierda) y Luis Fernando Guerra, socio director de Deloitte Legal, en el foro de ayer.

La Agencia Tributaria se prepara para afrontar la revolución fiscal que supondría para las fronteras españolas la consumación del Brexit que, aunque probablemente acabe retrasándose, está previsto que se produzca el día 29 de este mismo mes. Desde entonces, teóricamente, los 20 millones de turistas británicos que llegan a España cada año se convertirán en visitantes extracomunitarios mientras que el importante intercambio de mercancías y servicios entre ambos países pasará a estar sujeto a aranceles.

“La carga de trabajo se multiplica de manera exponencial”, admitió ayer Jesús Gascón, director general de la Agencia Tributaria, durante su participación en el XV Foro de Fiscalidad Internacional organizado por Deloitte Legal. “El riesgo fiscal y aduanero de un turista no es muy elevado. Vienen al país y se van con su equipaje. Pero tiene una complicación logística”, adujo, explicando que cuando los británicos sean ciudadanos no comunitarios supondrán 1,5 veces más que todo el resto de viajeros ajenos a la UE.

Esto obligará incluso a modificar los accesos de algunos puertos y aeropuertos de forma que la habitual cola de entrada de ciudadanos comunitarios a España pasará, en algunos casos, a ser utilizada para los viajeros de países terceros que ahora serán mucho más numerosos, según explicó ya la propia Agencia Tributaria.

El gran reto, no obstante, está en el paso de mercancías, que dejarán de estar sujetas a impuestos para ser objeto de aranceles. “Las operaciones de importación y exportación cambiarán de calificación jurídica”, detalló Gascón apuntando a que en lugar de aplicarse sobre ellas el IVA serán gravadas con derechos arancelarios.

En concreto, las aduanas españolas pasarán a controlar operaciones de intercambio de bienes y servicios entre España y Reino Unido por valor de 30.000 millones de euros al año, de los que 19.000 corresponden a exportaciones y 11.500 a importaciones, según detalló ayer en el mismo foro Fernando Salazar, jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Castilla-La Mancha.

“Es un aumento significativo en términos de carga de trabajo, es un incremento del 4% en el caso de las importaciones”, apuntó el director de la Agencia Tributaria, aseverando que la cifra puede parecer baja pero que el reto es tan importante que “obliga a tener un plan de contingencia”. “En exportaciones el impacto es mayor. Supondrá un incremento de la carga de trabajo del 8%”, agregó.

“Nos preocupa el impacto en sectores pujantes que exportan a Reino Unido, como es el sector agroalimentario”, dijo, revelando que la Agencia Tributaria está realizando un “esfuerzo divulgativo” con empresas del ramo para permitir que “si ocurre el Brexit en vertiente dura estemos lo mejor preparados posible para hacerle frente”. Desde la Agencia Tributaria recuerdan que para hacer frente a esta sobrecarga de trabajo, el Consejo de Ministros del 8 de febrero aprobó destinar 462 efectivos adicionales a Hacienda.

Un IVA europeo más barato por buenas prácticas

Frente al “repunte del nacionalismo fiscal” que se da últimamente, dijo ayer el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, también la unificación fiscal plantea importantes retos. Es el caso del IVA comunitario, expuso, para el que se baraja establecer la figura del sujeto pasivo certificado, un operador autorizado en el ámbito aduanero, para determinadas empresas, que sufrirían menos cargas indirectas de tramitación y, por tanto, pagarían menos impuestos en el futuro. Gascón expuso que esta medida está en el aire pero que la Agencia Tributaria acaba de iniciar el debate sobre qué requisitos deberán cumplir los autorizados. Algunos, ilustró podrían ser cumplir el código de buenas prácticas fiscales o haberse acogido al Suministro Inmediato de Información el IVA (SII).

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