Madrid introduce el taxi compartido y la tarifa prefijada y permitirá retirar licencias

Los titulares podrán ser personas jurídicas y se suprime la condición de no tener antecedentes penales para ejercer la profesión de taxista

Taxis circulando por Madrid.Efe

La Comunidad de Madrid ya tiene listo el nuevo reglamento del taxi, que aprobará mediante decreto el consejo de Gobierno y que incluye, como ya publicó el pasado miércoles este periódico el taxi compartido y las tarifas prefijadas, siempre bajo precontratación. Pero no solo: también establece que los ayuntamientos podrán poner en marcha planes de amortización de licencias para adaptar la oferta y la demanda, y que castigará a quienes arrienden o cedan su licencia a empresas para explotarla, situación que ocurre ahora por parte de ciertos titulares por una comisión al mes. Hacerlo a partir de ahora "será motivo de extinción de la licencia", advierte el texto, que asegura que la medida busca combatir el intrusismo y la competencia desleal entre las empresas.

El gobierno regional, que preside Ángel Garrido, advierte que el nuevo reglamento, que modificará el actual de 2005, responde a los cambios de importancia que se han producido en los últimos años en el mercado de transporte de este tipo de servicios y a los cambios normativos que han tenido lugar.

Sobre el taxi compartido y la tarifa prefijada, el nuevo reglamento señala que, al existir medios tecnológicos que permiten garantizar los derechos de los usuarios, se establece la posibilidad de que "los servicios previamente contratados puedan ser realizados con contratación por plaza y pago individual". Asimismo, en ellos las tarifas "tendrán el carácter de máximas de forma que el usuario podrá conocer el precio del servicio antes de su realización.

Con ambas medidas, que introducen cierta flexibilización en la prestación de los servicios del taxi, la Comunidad de Madrid prevé que este sector pueda competir mejor con el de los VTC, es decir, con plataformas como Uber y Cabify. Precisamente, una de las ventajas que ofrecen estas empresas es que sus clientes saben de antemano cuánto les va a costar el trayecto que contrata.

En el caso de servicios precontratados, se podrá fijar un precio cerrado, que no podrá superar el estimado para el recorrido contratado, conforme a las tarifas vigentes. 

El nuevo reglamento también introduce como novedad el que el servicio del taxi pueda ser prestado con vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor (en lugar de las cinco actuales); suprime la condición de no tener antecedentes penales para ejercer la profesión, y elimina el requisito de pérdida de permiso municipal si no se ha ejercido la actividad antes de cinco años. La nueva normativa permitirá igualmente que los titulares de licencias de taxi puedan ser personas jurídicas y no solo personas físicas, como marca la normativa actual.

También se elimina la condición de ser residente de la Comunidad de Madrid para ser taxista pero sí se establece que el vehículo esté domiciliado en la región y se posibilita que un mismo titular pueda disponer de más de tres licencias solo en los casos de los "herederos forzosos o el cónyuge del anterior titular, en los casos de muerte, jubilación por edad o incapacidad física o legal de éste".

La nueva normativa posibilita igualmente que, en el caso de los servicios previamente contratados, el lugar de recogida de viajeros sea en un municipio diferente al de la domiciliación de la autorización de transporte interurbano siempre que el destino del servicio sea este último municipio.

También, y por razones de ordenación del servicio, previo informe de las asociaciones representativas del sector y centrales sindicales, el Ayuntamiento "podrá establecer un número máximo diario de horas en las que los vehículos adscritos a una licencia de autotaxi puedan realizar servicios".

El reglamento, que llega tras 16 días de huelga del taxi en la Comunidad de Madrid, incluye que los taxis deberán llevar una impresora para expedir los tickets y que cuenten con terminales para pagar con tarjetas de crédito o débito.

Los ayuntamientos tendrán un plazo de seis meses para adaptar sus ordenanzas al nuevo reglamento, que ha sido elaborado por la Consejería de Transporte. Casi la totalidad de los cambios aplicados se han realizado a propuestas del propio sector del taxi.

El gobierno madrileño ya avanzó el pasado lunes que dotaría al taxi de más competencia a través de un nuevo reglamento, mientras se negó a regular a los vehículos de alquiler con conductor si no había consenso entre el sector del taxi y el de los VTC. Garrido aseguró que no iba a hacer ninguna normativa que supusiera el cierre en la Comunidad de Madrid de empresas como Uber y Cabify. 

Reacción de los taxistas madrileños

Tras conocerse el contenido del nuevo reglamento, algunas asociaciones del taxi (la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid, la Asociación Madrileña del Taxi, Élite Taxi Madrid y Plataforma Caracol) reivindicaron que la solución al conflicto que enfrenta a taxis y VTC "no pasa por liberalizar el servicio público del taxi, sino por regular las VTC, que son el medio de transporte que funciona sin reglas ni regulación”. 

Julio Sanz, uno de sus portavoces, criticó que "la actitud de la Comunidad de Madrid es el más fiel reflejo de la irresponsabilidad al querer utilizar la aprobación del Reglamento del Taxi como instrumento para desviar la atención del problema principal, que es la falta de regulación de las VTC, que han irrumpido en un mercado que ya está regulado, pero sin obedecer a ninguna norma”.

Para el sector del taxi, este nuevo reglamento tenía que haberse aprobado en 2016 y no en el momento de conflicto actual “en el que lo que toca es legislar y regular las VTC y no desviar la atención con esta reforma del reglamento”. Y añaden que están utilizándolo como "cortina de humo, para obviar el problema actual”.

Sanz subraya que "tras los acontecimientos y negativas recibidas" por parte de la comunidad en las últimas semanas, el sector del taxi "ha perdido la confianza en la capacidad negociadora tanto de la consejera, Rosalía Gonzalo, como del director general de Transportes, Pablo Rodríguez Sardinero y del propio Ángel Garrido. "Han demostrado no ser ecuánimes ni justos con el taxi”, señalan.