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La ciencia trabaja para sentarse en el Congreso de los Diputados

Un grupo de expertos y políticos quiere constituir una oficina de asesoramiento científico en el Parlamento El organismo se encargaría de apoyar los debates con hechos demostrados

SINC
Pablo Sempere

Las vacunas no están vinculadas con el autismo, la homeopatía no tiene propiedades curativas y un coche eléctrico contamina menos que uno de diésel o de gasolina. En tiempos de chismorreo, la ciencia recuerda que aunque muchos asuntos siguen inmersos en el debate, hay otros que están demostrados y son incuestionables. Por eso, desde hace unos meses, un grupo de científicos de todos los campos está impulsando la creación de una Oficina de Asesoramiento Científico en el Congreso de los Diputados que oriente al poder político a la hora de legislar.

“Prácticamente todos los temas pueden apoyarse en la evidencia científica, porque hablamos de ciencias naturales, sociales o económicas”, explica Jorge Barrero, director general de la Fundación Cotec, entidad que apoya la iniciativa. “Desde la prevención del suicidio hasta la contaminación del agua, el cambio climático, la conciliación social o la movilidad urbana”, añade. Hace dos semanas tuvo lugar el primer acto, en el que cerca de 100 diputados de prácticamente todos los grupos parlamentarios escucharon varias ponencias de determinados expertos. “En diciembre tendremos una reunión con la Mesa de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso para ver cómo podemos dar continuidad a la iniciativa”, prosigue Andreu Climent, uno de los científicos impulsores.

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La idea es formalizar una oficina permanente, similar a la que tienen otros países anglosajones, como Reino Unido. “Es un objetivo ambicioso, porque desde un punto de vista legal el proceso es complejo. No obstante, exista o no la oficina, lo que parece que tenemos todos claro es que cada año haremos varios encuentros para abordar diferentes temas”, añade. Así, explica Barrero, gran parte de los debates políticos podrán partir de una base sólida, “eliminando todos los asuntos que no son objeto de opinión, sino que están demostrados”.

Ayer mismo, sin ir más lejos, el propio Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, anunció que el tradicional Programa de Cultura Científica de la Fecyt incluirá a partir de ahora acciones de divulgación contra bulos y desinformación científica. Es importante señalar, apunta Climent, que estas oficinas no actúan como instituciones que deben resolver problemas: “Simplemente nos encargamos de buscar toda la información contrastada sobre un tema para hacer que el debate sea más exacto y útil”. A partir de ahí, añade, los políticos serán los encargados de legislar. “Nosotros entendemos el lenguaje científico, pero la traducción a la política deben hacerla otros”.

Una de las voces que participa en la iniciativa es Rocío García Carrión, experta en educación basada en la evidencia y presidenta de la asociación AMIE. “Las aulas se pueden gestionar de forma científica”, cuenta. Y pone como ejemplo la Escola Joaquim Ruyra, de l’Hospitalet de Llobregat, y la Mare de Déu de Montserrat, en Terrassa, centros que han demostrado que organizando las clases de determinada forma consiguen reducir la brecha académica entre alumnos con mayor y menor renta, además de acabar con la violencia y el bullying. “La oficina daría la oportunidad de que toda la legislación educativa, como la formación del profesorado que está ahora en debate, esté basada en garantías. Daría pie a acabar con muchas pseudociencias que también están presentes en la educación”.

Otra de las impulsoras de la iniciativa es Berta Ibáñez, técnica de asesoramiento en prevención activa del suicidio e investigadora y asesora metodológica en Navarra Biomed. “Nuestra labor es hacer de traductores. Entendemos el lenguaje científico y lo que hacemos es investigar y bucear en documentos de otros expertos, en estrategias que se han puesto en marcha, en testimonios… Hacemos un barrido de toda la información publicada y vemos evidencias”.

Otros países como Reino Unido ya cuentan con organismos similares

De esta forma, prosigue Ibáñez, se sabe que existen iniciativas que pueden reducir las tasas de suicidio. “Hay que llevar a cabo medidas multisectoriales, que se centren en todos los espacios de las personas implicadas, promover la sensibilidad en los medios de comunicación, limitar el acceso a la compra masiva de fármacos... Sabemos que hay cosas que funcionan”.

La oficina, añade Andreu Climent, también conseguiría anticiparse a los debates que surgen en el medio plazo: “Una oficina habría adelantado el tema del coche eléctrico o de los pisos turísticos hace cinco o seis años. Así, cuando el debate llega a la opinión pública, la política no tiene que improvisar”.

Por ahora, la respuesta de los partidos políticos ha sido positiva. “Se está demostrando que los diálogos entre ciencia y política abren un espacio interesante para ambas partes. Es evidente que los políticos no somos especialistas en todos los temas que tratamos. Una oficina nos permitiría partir de una base en temas que no dominamos del todo”, cuenta Rosa Martínez, diputada de Unidos Podemos. Es importante, eso sí, que la oficina tenga “una estructura autónoma y eficiente que garantice su buen funcionamiento para que sea realmente útil”, afirma María González Vera, diputada del PSOE. Solo así, reflexiona Rodrigo Gómez, diputado de Ciudadanos, las decisiones políticas podrán basarse en evidencias y no en creencias o suposiciones. “Vamos por el buen camino”, asegura Climent, y es que otras formaciones, como el PP, ERC o el Grupo Mixto, también se han mostrado interesados.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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