Los gastos hipotecarios elevan a su récord las reclamaciones al Banco de España

El supervisor tramitó 40.176 quejas en 2017 y resolvió 10.428, el 73% a favor de los clientes

La banca eleva el volumen de rectificaciones del 36,8% al 62,5% de casos

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En pleno debate judicial sobre a quién corresponde abonar el impuesto de actos jurídicos documentados de una hipoteca, el Banco de España ha revelado este lunes que el reparto de gastos de la constitución de estos créditos fue el motivo por el que el volumen de reclamaciones de consumidores alcanzó su récord en 2017.

En concreto, el Banco de España recibió 41.056 consultas y 40.176 reclamaciones, más de la mitad referentes al reparto de gastos. La cifra supone un incremento del 177,8% hasta una cifra inédita, que rompe con la tendencia a la baja registrada en el volumen de quejas tramitadas desde 2014.

En 2017, el 81% de todos los casos abordados estaban centrados en las prácticas hipotecarias de la banca, si bien el 53% de los asuntos, 23.040, se centraban en las cláusulas que imponen al cliente el pago de todos los costes, incluyendo impuestos, notaría, registro y gestoría.

El Tribunal Supremo declaró nulas, por abusivas, estas condiciones en diciembre de 2015. Sin embargo, al no haber decretado qué tipo de reparto sería aceptable, el asunto se ha convertido en un nuevo foco de controversia entre consumidores y entidades. Una polémica especialmente candente ahora después de que el alto tribunal corrigiese hace días su criterio para establecer que el pago del impuesto de actos jurídicos documentados debe abonarlo al banco, si bien la doctrina será revisada en pleno el próximo lunes para aclarar definitivamente quién debe pagarlo.

Otro aspecto que ha centrado las reclamaciones de los clientes ante el Banco de España es la aplicación de la vía extrajudicial de reclamación de cláusulas suelo que el Gobierno anterior puso en marcha a través del Real Decreto-Ley 1/2017, cuyo mal funcionamiento ha suscitado 4.099 quejas, el 10,2% del total.

La existencia de las propias cláusulas suelo en las hipotecas ha generado a su vez otras 1.972 reclamaciones (el 4,9%), mientras que el uso del índice IRPH suma otras 433 (1,1%) y el incumplimiento del código de buenas prácticas 301 más (0,7%). Aunque ha generado un menor número de escritos ante el supervisor, este último asunto ha tenido serias repercusiones motivando cuatro resoluciones sancionadoras contra tres bancos y una cooperativa de crédito, detalla el Banco de España.

Del total de reclamaciones recibidas, descontando las que el supervisor considera que debían dirigirse a tribunales o carecían de prueba documental, el Banco de España ha resuelto 10.428. El 73,1% de los casos se resolvieron a favor del cliente que reclamó. A su vez, la banca accedió a rectificar en un 62,4% de las ocasiones en que el supervisor le afeó la conducta, lo que supone una importante mejora respecto al 36,8% de 2016.

Es más, en años anteriores el porcentaje era apenas del 25%. Este cambio de tendencia responde al incremento de presiones del Banco de España para que la banca cumpla sus dictámenes, que de momento no son vinculantes. Este sistema, en todo caso, está siendo revisado por el Ministerio de Economía.

De entre las grandes entidades destaca el caso de Banco Santander, con un 77% de informes favorables al consumidor y la rectificación de la entidad en ocho de cada 10 casos, casi el mismo porcentaje de correcciones que aplica BBVA, con solo un 19,1% de informes en contra del banco. A su vez, Banco Popular (ahora integrado en Santander) y Bankia rectifican en seis de cada 10 casos. Kutxabank, solo en una.

Los detalles sobre las reclamaciones tramitadas por el Banco de España, cuyas principales cifras ya avanzó este diario, coinciden con la polémica abierta en torno al pago del impuesto de actos jurídicos documentados. El Tribunal Supremo acaba de corregir su criterio decretando ahora que corresponde al banco abonarlo, si bien la doctrina será revisada en pleno el próximo lunes para aclarar definitivamente quién debe pagarlo.

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