Las tasas digital y financiera recaudarán en 2019 la mitad de lo previsto por el Gobierno

Ingresarán 1.000 millones menos ya que no entrarán en vigor hasta tres meses después de aprobarse, es decir, no antes de julio

Hacienda multará con 150 euros cada IP y geolocalización ocultas para eludir la 'tasa Google'

Tasa Google
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los tiempos parlamentarios, en unas Cámaras fuertemente atomizadas, y la complejidad que conlleva la creación de nuevos impuestos juegan en contra de los planes presupuestarios del Gobierno de Pedro Sánchez. Más de 2.000 millones de la recaudación prevista para 2019, y con la que justifica la rebaja de déficit comprometida con Bruselas, está basada en los nuevos tributos sobre las transacciones financieras y los negocios digitales. Estos, sin embargo, no entrarán en vigor hasta tres meses después de su aprobación, según los anteproyectos de ley consultados por este diario, y aún les espera una ardua tramitación. Su aplicación, por tanto, promete retrasarse al menos hasta mediados de año recortando su potencial de ingresos a la mitad.

Esta circunstancia podría restar unos 1.000 millones de euros de los 5.678 millones extra que espera ingresar el Gobierno con su nuevo paquete fiscal (4.489 millones con impacto directo en las arcas de las administración central), lo que recorta diferencias con el inferior volumen de gasto social anunciado: 5.098 millones (1.992 a costa de los Presupuestos Generales).

Desde el Ministerio de Hacienda aseveran que tratarán de que los nuevos tributos “entren en vigor cuanto antes”, y lo más apegados al 1 de enero de 2019. Pero el calendario no acompaña. Para empezar, tras su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno sometió ayer a audiencia pública los anteproyectos de ley sobre el impuesto digital y a las transacciones financieras. El objetivo es que cualquier posible afectado, “los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados” o “las organizaciones o asociaciones que los representen” puedan realizar aportaciones y matizaciones a los textos presentados hasta el 15 de noviembre. Operadores de Bolsa, bancos y firmas tecnológicas tratarán de suavizar el contenido de las normas con escritos que el Gobierno deberá analizar.

Concluido el plazo, se iniciará la tramitación parlamentaria. Aunque el Ejecutivo tratase de impulsar estas normas con un procedimiento de urgencia, PP y Ciudadanos ya han aprovechado su control de la Mesa del Congreso de los Diputados para evitar que el Gobierno acelerase la tramitación de otras normas.

Un procedimiento ordinario (con paso por comisión y pleno del Congreso, envío al Senado y vuelta a la Cámara Baja), conlleva de media entre cinco y seis meses. En el mejor de los casos, y si el Gobierno logra los apoyos necesarios, los anteproyectos no recibirían el visto bueno hasta finales de marzo. Solo entonces se publicarían en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, a partir de ahí, pasarían tres meses hasta su entrada en vigor.

La memoria de impacto normativo de la tasas elaborada por la Dirección General de Tributos recuerda que este plazo es necesario para introducir nuevos impuestos y que estos, además, no podrán tener efectos retroactivos. Es decir, que no comenzarán a cobrarse antes de julio, como pronto, lo que rebaja su potencial recaudatorio conjunto en más de 1.025 millones.

La llamada tasa Tobin, que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de las 68 compañías españolas con una capitalización superior a 1.000 millones de euros realizadas por operadores financieros, busca recaudar 850 millones en un año. Un objetivo que ya fue corregido a la baja, dice Tributos, al aplicarse el gravamen a las operaciones netas intradía, lo que deja fuera buena parte de las compraventas especulativas de cada jornada. En solo medio año, la tasa lograría 425 millones.

A su vez, el gravamen del 3% sobre las operaciones de publicidad onlineintermediación digital entre consumidores y empresas o venta de datos de usuarios, para empresas que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres millones en España, busca ingresar 1.200 millones por ejercicio fiscal. En seis meses, serían 600 millones.

A esta cifra habría que sumarle, eso sí, las sanciones que Hacienda contempla contra quienes oculten o modifiquen su dirección IP, o geolocalización, para eludir esta tasa Google. Se multará cada caso con 150 euros con un límite de 15.000 euros anuales para entidades no económicas y del 0,5% del importe neto de negocio del año anterior para las empresas (15.000 euros para las de tres millones y de ahí en adelante).

Las arcas públicas sí que podrían notar antes el impacto de las medidas antifraude impulsadas el pasado viernes, que entrarían en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y que buscan recaudar 828 millones de euros. El cálculo, en todo caso, sigue siendo para un ejercicio completo por lo que la cifra dependerá del mes en que se apruebe.

El paquete incluye rebajar de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago efectivo entre profesionales, ampliar la lista de paraísos fiscales y la de morosos con la Agencia Tributaria, crear una oficina de vigilancia de grandes patrimonios o estrechar la vigilancia sobre los programas informáticos que facilitan la contabilidad en B y las criptomonedas.

La ‘tasa Tobin’ reducirá la negociación

Impacto en Bolsa. La memoria de impacto económico elaborada por Hacienda sobre el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras reconoce que la creación de este tributo “aumentará los costes de transacción” en Bolsa lo que “podría producir una reducción del volumen global negociado en acciones españolas sujetas al impuesto” (las de empresas con una capitalización superior a 1.000 millones de euros). Aunque el Ministerio no cuantifica el posible impacto, el gravamen francés que se emula provocó una reducción del 10% en la operativa bursátil, según el Tribunal de Cuentas galo. El informe de Hacienda defiende eso sí que el tipo español, del 0,2% es “moderado” frente al de países vecinos (Francia lo ha subido al 0,3%), por lo que espera lograr una recaudación “apreciable” “sin que deba afectar de forma significativa a la negociación del mercado bursátil”.

Exenciones. La tasa Tobin española no gravará la compraventa de acciones de salidas a Bolsa, incluyendo las de entidades colocadoras o aseguradoras; las operaciones de autocartera que busquen dar liquidez a los títulos; las transacciones derivadas de fusiones, escisiones o resoluciones; ni los derivados financieros.

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