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La Naval busca un inversor del sector que evite la liquidación final

Los plazos se agotan tras presentar el concurso de acreedores el ejercicio pasado Las gradas del astillero llevan un año entero sin actividad

Instalaciones de La Naval en Sestao (Bizkaia).
Instalaciones de La Naval en Sestao (Bizkaia).

Construcciones Navales Del Norte (CNN), más conocida como La Naval, vuelve a vivir otro periodo de crisis después de más de un siglo dedicada a la construcción de buques. Astillero público hasta su privatización en 2006, ha sido uno de los actores principales de la industria vizcaína.

Desde la presentación del concurso de acreedores en 2017 con un pasivo de más de 163 millones, sus gradas llevan un año sin actividad por la falta de tesorería.

El centro está ubicado en la margen izquierda de la Ría del Nervión, en Sestao, una localidad, cada vez menos fabril y que ya ha asistido al cierre de Altos Hornos de Vizcaya (AHV), que también superó los 100 años de actividad y llegó a contar con más de 11.000 trabajadores.

Otra centenaria de Sestao que asimismo estuvo integrada en SEPI fue Babcock Wilcox, con una plantilla de 5.500 trabajadores en sus mejores tiempos.

El Gobierno de Vitoria sólo entrará como accionista minoritario de un inversor que compre el astillero

La mala gestión y la parálisis del sector durante tres años por la UE, entre las causas de la crisis de la empresa

La Naval es el último fabricante de grandes buques de Euskadi, donde operan con rentabilidad constructores navales como Murueta, Zamacona y Balenciaga, especializados en barcos de tamaño mediano y dedicados a la pesca, al remolque de otras naves y al apoyo en explotaciones marinas de petróleo y gas.

Las gradas de Sestao han botado gigantes como el gasero entregado en 2007 al armador noruego Knutsen, con 284 metros de eslora y una capacidad de transporte de 138.000 metros cúbicos. La imagen de su paso rozando con sus antenas la estructura del Puente Colgante puede quedar para la historia de un astillero que llegó a contar con 3.500 empleados, algunos procedentes de Euskalduna, que también construía grandes buques en la Ría y cuyo cierre traumatizó a Bizkaia. Hasta la década de los ochenta, los padres colocaban en La Naval a los hijos como aprendices. Entraban a trabajar con 13 años.

De los 180 operarios que quedan en plantilla y que serán despedidos antes de que acabe el mes, 150 podrán recolocarse en los centros de Navantia en Ferrol, Cádiz, o en las oficinas de la empresa pública en Madrid, según el acuerdo alcanzado con Sepi.

La Naval ha tenido que jugar desde su privatización contra varios frentes. La demanda de Holanda ante la UE por el sistema de financiación de los astilleros españoles, conocido como “tax lease”, paralizó el sector durante tres años, de 2010 a 2013. Mientras, los holandeses y el grupo italiano Fincantieri sí construían buques, al igual que Corea y Japón (ambos con ayudas públicas) y los fabricantes navales de los países emergentes, que tienen menos costes laborales.

La empresa de Sestao no acertó con las contrataciones. Con una desviación histórica del 10 % al 15 % por encima de los presupuestos acordados con los armadores, sin las ayudas que tenía como compañía pública esos márgenes inflaban el pasivo del balance.

Además, algunos accionistas de CNN han interpuesto una demanda penal contra otros porque, en su opinión, han favorecido a filiales propias en perjuicio de La Naval. El astillero nunca publicitó el precio de referencia de mercado con el que se adjudicaba un buque y el resultado final tras su entrega, obligado para las operaciones vinculadas, en las que un grupo participa tanto en el capital del constructor principal como en el de los proveedores de equipos del buque.

Ahora se abre un plazo de seis meses a un año para intentar captar a un inversor, que tendrá que venir con la “cestita llena” para aportar recursos financieros y cartera de pedidos. Así podrá convencer a los acreedores, principalmente los bancos con 42 millones pendientes de cobro.

Desde el Gobierno vasco, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha reiterado que el astillero no puede recibir ayudas públicas porque las autoridades comunitarias lo prohíben y han llegado a mandar cartas oficiales de advertencia al Ejecutivo de Vitoria.

Tapia ha impulsado la creación de un fondo de participaciones empresariales de 250 millones, de momento dotado con 30 millones aportados por el Gobierno vasco y que ha entrado en CAF con el 1,24 %. El fondo sería el instrumento para que la administración autonómica pudiera respaldar a La Naval, pero solo con la presencia previa de un inversor.

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