La pesca sostenible, un negocio redondo
En España generaría 275 millones de euros y 7.300 empleos La gestión pesquera de la Unión Europea desoye a la ciencia
Los científicos que asesoran a la Comisión Europea en política pesquera recomendaron en julio paralizar la pesca de sardina ibérica durante un año para recuperar la población de esta especie, al borde del colapso. Al mes siguiente, España y Portugal aprobaron la captura de 4.728 toneladas hasta septiembre, adicionales a las 7.000 autorizadas entre mayo y julio.
La decisión indignó a organizaciones ambientalistas, que instaron a los Gobiernos a la presentación de un plan de recuperación más exigente que el aceptado por Bruselas en marzo pasado. Es una muestra clara de cómo los intereses políticos impiden a la UE cumplir sus propios objetivos de pesca sostenible.
No es la primera vez que España y otros países europeos actúan desoyendo el consejo científico, lo cual ha llevado a que el 41% de las poblaciones del Atlántico estén sobreexplotadas, según un informe publicado por la Comisión en junio. La situación en el Mediterráneo es aún más dramática: la media allí es del 90% y especies como la merluza, el salmonete, la bacaladilla y el rape están sometidas a una presión 10 veces mayor a la aceptable.
La UE se propuso eliminar la sobrepesca en 2015, pero ante la presión de las potencias del sector, entre ellas España, Francia e Irlanda, pospuso el objetivo para 2020, lo que a la vista de los acontecimientos, parece muy poco probable.
Javier López, director de política pesquera de Oceana Europa, aclara que los Estados socios de la UE han cedido la gestión en esta materia a la UE, por lo que cada país tiene poco margen a la hora de fijar límites a la explotación de sus recursos marinos.
“La decisión de qué cantidad de cigala se va a capturar cada año en el golfo de Cádiz o de anchoa en el Cantábrico no la toma España de manera unilateral, sino que se acuerda en un Consejo Europeo que se celebra una vez al año”, explica.
“Se supone que las cuotas se asignan en base a informes científicos. El principal problema es que los ministros no suelen seguir las recomendaciones del órgano asesor. En la mayoría de los casos las ignoran por temor a su impacto socioeconómico”, afirma.
Para contrarrestar esos argumentos, Oceana lanzó este mes Catchy Data, una plataforma interactiva que permite calcular los beneficios de pescar respetando el ciclo reproductivo de las especies.
El estudio ha tomado como muestra 397 grupos de las 120 especies más representativas de los mares europeos (no incluye aguas internacionales, donde también faenan las embarcaciones españolas, por lo que los resultados deben tomarse siempre de modo conservador).
Según Catchy Data, si España pescara de manera sostenible, las capturas de su flota en aguas europeas podrían incrementarse un 54% desde las actuales 300.000 toneladas anuales hasta las 460.000.
Los 160.000 desembarques adicionales producirían unos ingresos extras de 275 millones de euros. Si a estos se descuentan los costes operativos (salarios, combustible, etc.), el beneficio neto quedaría en 90 millones.
Además, se crearían 7.300 empleos, de los cuales 4.600 se generarían en el sector y el resto en la economía en general. “El mensaje que queremos transmitir –dice López– es que la pesca sostenible es un negocio redondo. La sobrepesca, en cambio, no beneficia a nadie”.
Vedas de entre cinco y diez años
Pescar de forma sostenible implica, según Oceana, suspender las capturas entre cinco y siete años, en el caso de las especies del Atlántico, y hasta diez en el caso de las del Mediterráneo, dependiendo del estado de cada población. "Es como abrir una cuenta de ahorros en el banco", explica López. "Mientras más dinero tengas depositado y más tiempo permanezca en la cuenta, más intereses generará", precisa.
El Consejo Europeo de pesca no fija límites de captura para todas las especies. Algunas quedan a la voluntad de autorregulación de cada país. Es el caso de la sardina ibérica, lo que no exime de la obligación de presentar planes de recuperación. La propuesta presentada por España y Portugal a Bruselas contempla un incremento mínimo de la biomasa del 10% anual hasta 2023, objetivo que a Oceana no le parece aceptable. "Queremos objetivos más ambiciosos y que estén en línea con la política pesquera común", insiste López.