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Calviño advierte que el alza de impuestos será mayor si no se aprueba la nueva senda fiscal

La ministra de Economía cree que "no sería un drama" revisar la previsión de crecimiento a la baja

Apuesta esperar a que Bankia se revalorice para privatizarla

No resulta adecuado mandar mensajes alarmistas de un cambio de tendencia", ha defendido este martes la ministra de Economía, Nadia Calviño, aseverando que España continúa en la “senda de crecimiento con desaceleración” prevista. Instando a aprovechar la recuperación para impulsar reformas de calado que mitiguen futuras crisis y ayuden a salir de la última con menos desigualdad, Calviño ha asegurado que ello requiere elevar los impuestos y advirtió que el alza será mayor si la oposición no permite aprobar la nueva senda fiscal planteada por el Ejecutivo.

Así ha resumido la ministra la situación tras los primeros 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez, que ha repasado este martes en el Fórum Europa, donde fue presentada por el exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, arropada por el exministro de economía Pedro Solbes, o las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Política Territorial y Administración Pública, Meritxell Batet.

La ministra de Economía, Nadia Calviño

Calviño explicó que su gabinete se reúne cada semana para analizar las cifras macroeconómicas pero que, de momento, mantiene inalterada la previsión de crecimiento del 2,7% del PIB para este año que ya marcó el Gobierno anterior. Analistas Financieros Internacionales (AFI) sí han rebajado la suya, este mismo martes, reduciendo el crecimiento esperado del  2,9% al 2,6%.

“Si hay que revisarla tampoco es un drama, pero tiene que ser una decisión que no sea sobre un indicador que se publica un día, sino con una tendencia”, adujo Calviño, restando peso a la actual ralentización del crecimiento.

La tendencia, dijo, es conocida y esperada por todos habida cuenta que el PIB ha pasado de crecer por encima del 3,5% en 2015, al 3,2% en 2016, el 3% en 2017 y previsiblemente un 2,7% este año, como parte de la normalización del ciclo expansivo iniciado tras la recesión.

“El crecimiento es robusto, no diría que hay un frenazo”, remachó, admitiendo que es necesario vigilar el impacto de las políticas proteccionistas de Trump, el brexit o el fin de los estímulos económicos del Banco Central Europeo y tratar de resolver los desequilibrios estructurales de la economía que la crisis ha puesto de relieve. Para eso, reivindicó la ministra, hay que aprovechar con urgencia el momento de bonanza para llevar a cabo reformas de calado que moderen el impacto de futuras recesiones.

Entre sus prioridades, Calviño destacó la necesidad de reducir la brecha de género laboral para igualar las condiciones de las mujeres, lo que potenciaría un 17% el PIB per cápita, y la desigualdad social con la que se está saliendo de la crisis. La ministra aseveró que “la cronificación del paro en el 15% es inaceptable política y económicamente” e instó a realizar cambios puntuales en la reforma laboral para rebajar la temporalidad del empleo, que provocó la destrucción de 300.000 empleos el último día de julio.

Además, recordó quien preparaba los presupuestos de la Unión Europea, no se puede perder de vista la necesidad de reducir la deuda y el déficit, compaginando esta labor con un mayor gasto social que permita “dejar a nuestros hijos y nietos unas cuentas saneadas y un Estado del Bienestar que merezca tal nombre”.

Para ello, Calviño aseveró que son necesarios más recursos públicos lo que, a su parecer, solo puede lograrse elevando los impuestos. Así lo demuestra, argumentó, el hecho de que la rebaja fiscal impulsada por el Ejecutivo anterior haya supuesto una merma de la recaudación de 12.000 millones de euros que habrían permitido rebajar un punto la deuda pública o medio punto de déficit.

Cuestionada por el incremento de impuestos que el Gobierno quiere impulsar en 2019, Calviño dijo que dependerá de la senda fiscal de la que se parta. “El aumento sería mucho más importante” si el Parlamento rechaza elevar el objetivo de déficit del 1,3% al 1,8% que ha pactado el nuevo Gobierno con Bruselas, puesto que se perdería un margen adicional de unos 6.000 millones.

Entre las medidas que baraja el Gobierno para elevar la recaudación, Calviño citó un incremento del tipo marginal del IRPF para rentas mayores de 140.000 euros, para no perjudicar a las clases medias, o establecer una tasa sobre las transacciones financieras similar a la que ha puesto en marcha Francia.

Horas después, Sánchez defendió en el Senado que España debe acercarse a la presión  fiscal europea (elevándola del 38% al 46% del PIB), lo que equivaldría a recaudar 80.000 millones más, pero matizó que no busca hacerlo de golpe en esta legislatura.

A falta de ver qué medidas concretas acaba impulsado el Ejecutivo tras la negociación abierta con Podemos, que estará sujeta al aval de PNV y los grupos nacionalistas catalanes, los planes esbozados por los socialistas antes de acceder a La Moncloa suponían un incremento de impuestos de hasta 13.500 millones, a los que sumaban 1.500 millones más de la mejora de la lucha contra el fraude.

Otra fuente de recursos públicos sería la privatización de Bankia, si bien Calviño expuso que su objetivo es “mantener la estabilidad financiera y maximizar la recuperación de las ayudas públicas que se inyectaron”. “Con precios de mercado tan bajos como ahora, no es el momento de plantearse vender”, dijo, avanzando que habrá que esperar a que las acciones de la compañía se revaloricen.

Cuestionada sobre la posible sanción comunitaria que pesa sobre España por su retraso en trasponer la regulación europea en materia hipotecaria, Calviño aseveró que este asunto le preocupa porque “tiene incidencia económica y en la seguridad jurídica” del mercado crediticio. La ministra expuso que, pese a los esfuerzos de su departamento por acelerar la aprobación de la reforma hipotecaria, la Mesa del Congreso (controlada por PP y Cs) ha rechazado tramitarla de urgencia y reveló que el Ejecutivo anterior tenía en un cajón 14 directivas pendientes de trasposición que podrían acarrear multas a España.