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Las condenas por delitos de corrupción se incrementaron un 14% en 2017

La fiscalía muestra su preocupación por el aumento de las estafas en la red

El organismo reforzará su presencia en los litigios de consumo

El rey Felipe VI, junto al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado EFE

La fiscalía está dando la batalla en la lucha contra la corrupción. Así lo puso de manifiesto la fiscal general del Estado, María José Segarra, en la presentación de la Memoria de la fiscalía correspondiente al año 2017 durante el acto de apertura del Año Judicial, acto presidido por el rey Felipe VI. Según los datos oficiales, el incremento del 16% de los procedimientos judiciales incoados en esta materia ha venido acompañado de un significativo aumento, de casi 14 puntos, de las sentencias condenatorias.

Segarra, que valoró positivamente estas cifras, las atribuyó al "compromiso" de la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, cuyo trabajo es "justo reconocer". Una labor clave para "recuperar el dinero de todos", actuando con rigor contra aquellos que "se aprovechan de su condición de servidores públicos para servirse a sí mismos", subrayó ante la cúpula del poder judicial, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y una nutrida representación del mundo del derecho.

Criminalidad informática

En relación a otros delitos de carácter económico, la fiscal general mostró especial preocupación por la criminalidad informática. En concreto se refirió a las estafas cometidas a través de la red, que representaron un 55% de los delitos de este tipo que llegaron a sede judicial (unos 6.600).

En relación a la ciberdelincuencia, la fiscalía se encuentra con un problema adicional: la resistencia de las empresas a denunciar cuando han sido víctimas de un ataque informático, por miedo a los efectos reputacionales que este puede tener. Esta circunstancia no solo impide que el ministerio público pueda disponer de datos fiables sobre el número de delitos cometidos a través de la red, sino que, además, limita sus capacidad de investigación y la posibilidad de que impulse reformas legales que doten al Estado de instrumentos para combatir eficazmente este fenómeno criminal.

Además, dado el carácter transfronterizo que suelen tener estos delitos, Segarra subrayó la necesidad de reforzar la cooperación internacional para potenciar su prevención y persecución.

Otra de las novedades en materia económica que quiso destacar la fiscal general fue la nueva circular sobre consumidores y usuarios. Un texto que, según señaló, reforzará los instrumentos del ministerio público en un "ámbito muy sensible para los ciudadanos", ya que "todos formamos parte de la sociedad de consumo".

Cataluña

La proximidad del juicio contra los líderes del procés (que se espera que se celebre en los últimos meses del año) fue el otro gran asunto que sobrevoló el acto, así como los corrillos posteriores.

Ante la campaña de desprestigio impulsada por el independentismo contra los jueces, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, defendió con especial vehemencia la legitimidad de la justicia española para defender el cumplimiento de la ley. "Cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse", proclamó.

En este sentido, y tras la petición de los partidos independentistas al Gobierno de Pedro Sánchez de que actúe para que no se encarcele a sus dirigentes, la fiscal general Segarra respondió que la fiscalía actuará "con absoluta autonomía" y comprometida con "el principio de legalidad".

Asimismo, Lesmes también respaldó la actuación del instructor de la causa contra el desafío independentista, Pablo Llarena. En su discurso, lamentó las decisiones judiciales de Bélgica o Alemania que rechazaron el delito de rebelión en la euroorden cursada por el Supremo. Unas resoluciones que desembocan en la "pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial", como es la euroorden.

Asimismo, Lesmes insistió en que el Consejo General del Poder Judicial seguirá encabezando la defensa de los jueces y magistrados frente "algunas reacciones a decisiones judiciales que han desembocado incluso en ataques personales".

La situación de la justicia, en cifras

Carga de trabajo. En 2017 se registró una media de 1.129 asuntos ingresados por juez. Lesmes ha hecho un especial reconocimiento a los miembros de la carrera judicial, que soportan una “altísima carga de trabajo”.

Tasa de litigiosidad. El presidente del CGPJ ha destacado el incremento sufrido en 2017 en las jurisdicciones civil y social, con un con un 9,2% y 5,8%, respectivamente respecto del año anterior.

Procedimiento penal. El total de diligencias previas incoadas disminuyó alrededor del 11%, Un descenso que se suma al del año 2016. Ello, sin embargo, no ha supuesto una mayor eficiencia en la gestión de los procedimientos, lo que, a juicio de Segarra, denota problemas estructurales en el modelo de justicia penal.