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Los peritos entran en escena en el caso Acuamed tres años después

Un grupo de ingenieros mide para la fiscalía y las partes el valor real de seis proyectos

La IGAE sostiene que faltan elementos para enjuiciar

Un coche de la Guardia Civil ante la sede central de Acuamed en Madrid durante los registros llevados a cabo por la UCO en enero de 2016.

Una decena de ingenieros está revisando milímetro a milímetro seis obras hidráulicas, promovidas y adjudicadas por la entidad pública Acuamed, que configuran el epicentro de uno de los escándalos empresariales más mediáticos de los último años. Unos tienen mandato del juez a petición de la fiscalía, y otros trabajan para las defensas, enmarcándose estos encargos en el caso Acuamed, que tambaleó en 2016 al Ministerio de Medio Ambiente y que continúa abierto en la Audiencia Nacional.

Las pruebas periciales llegarán tres años después de la apertura de la instrucción y cuando algunos de los implicados pisaron la cárcel durante meses como medida preventiva. Se trata de determinar si realmente Acuamed pago de más por las citadas obras y, en consecuencia, si hubo desvío de fondos públicos, tal y como trató de argumentar la UCO a través de una investigación iniciada en enero de 2015 (operación Frontino). El escándalo salpicó seriamente a compañías como FCC, Acciona y Altyum pese a la ausencia de las citadas mediciones y, eso sí, ante los indicios de sobornos.

El juez instructor del caso, Manuel García Castellón, sustituto de Eloy Velasco en esta causa, autorizó en abril la intervención de peritos ante la ausencia en el Ministerio de Medio Ambiente de datos de auditoría de las obras. Estos tienen hasta finales de año para entregar sus conclusiones. Dos de ellos, los que trabajan para la fiscalía, fueron requeridos al citado ministerio, que a su vez firmó un convenio con el Colegio de Ingenieros de Caminos para disponer de esos técnicos neutrales. Bajo sus órdenes trabaja un equipo de la pública Tragsa en la medición física de las obras.

La segunda prórroga de la fase de instrucción vence el 6 de diciembre, ante lo que se prevé un nuevo aplazamiento

La defensa de Altyum, relacionada con tres de los contratos en tela de juicio, pidió a García Castellón que, más allá de la medición física, se tuviera en cuenta la valoración total en la tasación: tanto la obra física como los sobrecostes en que fueron incurriendo los proyectos. El juez dio su plácet y esta empresa, como parte en la instrucción, tiene un tercer perito en acción. A ellos se suman otros dos nombrados por FCC, en un principio contraria a los peritajes; dos más por parte de Acciona, y uno contratado por quien fue director general de Acuamed y sospechoso de haber tejido una trama corrupta en torno a la empresa, Arcadio Mateos.

Estos ingenieros tienen juramento ante el juez y, como peritos judiciales, afrontan responsabilidades penales si sus informes acaban siendo de parte.

Este renacer del caso motivó una segunda prórroga en la fase de instrucción, hasta el 6 de diciembre de este año, que podría quedarse corta a la vista del escaso margen desde la esperada entrega de los peritajes.

La búsqueda de pruebas concluyentes se produce a la vista de sucesivos informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Estos ponen de manifiesto que la información disponible en el expediente, aportada por la UCO, es insuficiente para dirimir si se ha producido perjuicio económico para Acuamed por la presunta adjudicación de obras y concesión de modificados que se han relacionado con mordidas y presiones.

La tarea de los citados ingenieros independientes consiste, básicamente, en cruzar los pliegos de licitación con el resultado final de los trabajos de construcción, las condiciones de ejecución, la justificación de modificados y el coste final. Se determina de este modo si lo pagado por Acuamed encierra indicios de delito.

Desde Altyum, citan fuentes relacionadas con el caso, ya se aportaron a finales del año pasado informes, considerados de parte, en los que se determina que los modificados aprobados por Acuamed estuvieron por debajo del coste final de ejecución. Esta empresa es investigada, por ejemplo, por el cobro de 1,5 millones que supuestamente no le correspondían en la liquidación de actuaciones en el río valenciano Serpis.

Las dudas de Hacienda

La IGAE, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha ido emitiendo informes individuales durante el primer semestre sobre cada una de las adjudicaciones que dieron pie al escándalo, apoyándose en los datos que estaban en disposición del juez. El último de ellos está relacionado con la construcción de la desaladora de Torrevieja por parte de Acciona. Y la conclusión vuelve a ser que faltan elementos técnicos para valorar.

Con todo, se envió a prisión preventiva a varios directivos de contratistas y de la propia Acuamed acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude o falsedad documental, según el caso.

La propia IGAE observa que deben justificarse debidamente “las divergencias entre la obra ejecutada y el proyecto con su modificado y su complementario aprobados, lo que no resulta de la documentación facilitada”. Tanto el juez como las empresas demandan, por tanto, pruebas técnicas que ayuden a interpretar la ingente cantidad de documentos aportados por la investigación.

Es previsible que al caso Acuamed le queden aún meses para conocerse las conclusiones de la fiscal y, con ello, se abra el juicio oral. De momento, deben hablar los peritos.

Seis proyectos que continúan bajo lupa

Obra hidráulica. Las seis obras investigadas en el contexto del caso Acuamed, tanto por la IGAE como por los peritos judiciales, son las tuberías de Cerro Colorado (Murcia), una prensa en el Río Serpis (Valencia), las conducciones de la desladora Mutxamel (Alicante), la descontaminación química del embalse de Flix (Tarragona), la construcción de una presa en la Rambla Gallinera (Valencia), y la construcción de la desaladora de Torrevieja (Alicante). Además de estas seis actuaciones, el auto de prisión de distintos imputados tuvo en cuenta la adjudicación de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), que no figura entre los trabajos de peritaje.

Acusaciones. Más allá de la documentación aportada por la UCO, las primeras declaraciones de distintos testigos apuntaron a precios inflados en las adjudicaciones; la construcción de infraestructuras inexistentes; fuertes presiones para obtener modificados en los presupuestos de adjudicación, o el pago de sobornos y entrega de regalos (desde implantes de pelo hasta entradas de fútbol en palcos privados) en busca de beneficios de la pública Acuamed.