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Retos educativos para el nuevo Gobierno

La comunidad científica demanda más inversión pero, sobre todo, mejorar la gestión y eliminar trabas burocráticas

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, durante su visita a la Universidad de Málaga (UMA). Efe

El mundo científico aplaudió el pasado junio la creación de un ministerio que aúna Ciencia e Innovación y que, además, asume las competencias universitarias. De igual modo, celebró con entusiasmo el nombramiento de Pedro Duque al frente de él. Tres meses después esperan que sus expectativas se cumplan. Por supuesto que entre sus peticiones sobresale el aumento de los presupuestos y una mejor financiación de los mismos. España ha recortado su inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) un 9,1% entre 2009 y 2016, mientras que la Unión Europea (UE) lo ha incrementado un 27,4%. Pero no basta solo con elevarlo. Las principales organizaciones científicas y universitarias coinciden: hace falta trabajar en las diferentes áreas que afectan de lleno en el día a día de los centros y su personal.

Uno de los asuntos que más apremia es poner en funcionamiento la Agencia Estatal de Investigación (AEI). “Ya llevamos dos años de retraso y la agencia debe cumplir la función para la que fue creada: ser la columna vertebral de la ciencia en España”, exige Nazario Martín, presidente la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce). Martín insiste en que, aunque invertir en ciencia es caro, más caro es no hacerlo y pide su independencia. “La ciencia debe quedar fuera de los ciclos políticos y económicos”. Por ello reclama un Pacto de Estado por la ciencia.

Su establecimiento ayudaría, en parte, a eliminar otra de las grandes barreras del sistema científico y universitario español: la burocracia. Ella es la responsable de no poder acceder a los fondos económicos que desde Europa se ponen en marcha, realizar compras de material con agilidad o contratar a personal científico. “Las trabas burocráticas son un cáncer que anquilosa todo el sistema científico español”, asegura Martín. Pedro Duque deberá encargarse de que esta losa no continúe reduciendo la competitividad científica de España frente a otros países.

Presupuestos

En cuanto a los presupuestos, la comunidad científica no solo espera que aumenten sino que se administren de una manera más eficiente y que se gasten. Según la Cosce, de los 4.634 millones de euros destinados para

I+D+i en 2017, solo se utilizaron 3.000 millones, es decir, menos del 30% del total. La mayoría del dinero no gastado fueron préstamos que no llegaron a concederse. La burocracia vuelve a ser uno de los motivos de ello.

“Que los fondos sean empleados es una de nuestras prioridades”, afirma Áureo Díaz-Carrasco, director ejecutivo de la Federación Española de Entidades de Innovación y Tecnología (Fedit). “Si no se ponen instrumentos adecuados a las empresas no les interesa soportar los riesgos de los largos años que supone llevar a buen puerto una investigación. Hacen falta más subvenciones y menos préstamos. Hay que conseguir mayores ratios de inversión privada”, pide Felipe Romera, presidente de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE).

El director ejecutivo de Fedit también demanda que la ciencia y la universidad tengan un mayor peso en España. “La inversión en I+D+i fue del 1,2% del PIB en 2016, el mismo valor que hace una década, cuando la media europea está en el 2%. Debemos aspirar a esos números”, considera. Tanto Romera como Díaz-Carrasco esperan que se fomente la unión universidad y empresa, con el fin de ayudar a aterrizar los proyectos de investigación y obtener mejores resultados.

Incentivos

La reforma de la ley de mecenazgo es lo que reclama Antonio Aracil, presidente de la Red de Fundaciones Universidad-Empresa. “Las empresas que hacen un esfuerzo por colaborar con las universidades y la innovación deberían ver reflejado ese esfuerzo en el impuesto de sociedades”, opina. Aunque pone de ejemplo a Estados Unidos en cuanto a inversión privada en la universidad, no pide que España utilice los mismos métodos que el país norteamericano sino que cree un sistema propio que ofrezca un estímulo que compense el riesgo que las empresas asumen al apoyar la innovación y la tecnología.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también pide a Duque “una mejora urgente” de la financiación en el sistema universitario español y el fin de la precariedad laboral del profesorado, que sería posible con la negociación de un Estatuto del Personal Docente e Investigador que regule las condiciones laborales y la carrera profesional de más de 115.000 profesores.

Impulsar la modernización

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) había anunciado que presentaría ante el Congreso este mes un comunicado en el que reclamaría a las formaciones políticas una nueva ley de universidades con “amplísimo consenso”, pero Duque se ha adelantado y en julio anunció una nueva norma antes del fin de su legislatura. Aunque no se han dado datos de la legislación, la CRUE ha celebrado la promesa de Duque. El ministro afirmó que la nueva norma impulsaría la modernización e internacionalización de la universidad y estaría comprometida con la educación pública, respetando la autonomía de la comunidad universitaria y la heterogeneidad de los ámbitos de conocimiento.

Duque también prometió prestar atención al envejecimiento de las plantillas universitarias, buscando rejuvenecerlas y hacerlas más diversas. En cuanto al personal, pretende crear un estatuto básico para que no se abuse del profesor asociado y, en relación con las becas, otro de los puntos más controvertidos entre las tareas pendientes de este nuevo ministerio, aspirará a que sean más permanentes y de más fácil acceso.

¿Qué demandan las empresas?

Transferencia de conocimiento. Esa es una de las peticiones que más se repite en la comunidad investigadora y científica y que también está presente en el mundo empresarial. “Los investigadores no deberían tener que decidir entre trabajar en la universidad o hacerlo en las empresas, deberían tener la opción de escoger una carrera mixta”, dijo la presidenta de Siemens en España, Rosa García, en un encuentro de las grandes tecnológicas con Pedro Duque.

Pilar López Álvarez, presidenta de Microsoft España, parece estar dispuesta a que haya mayores ratios de inversión privada, pero reclamó que la Administración también aumente la compra de innovación. Eso sí, la directiva pidió que se incentiven estas propuestas, sobre todo porque, con vistas a las pequeñas empresas, es imposible apostar por la innovación cuando para la grande ya resulta un gran esfuerzo. En este sentido, rogaron que se llegaran a acuerdos legislativos que se sostengan en el tiempo y a que se eliminen las trabas administrativas.

La renovación de la educación y el impulso de las habilidades digitales se convirtieron en uno de los ruegos más repetidos entre las directivas. Helena Herrero, presidenta de HP España, incluso solicitó revisar los planes de formación del profesorado, ya que considera imposible la transmisión de estas competencias si no se encuentran entre su currículo.