X
Privacidad y Cookies

Utilizamos Cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio y experiencia de usuario.

¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?

La estrategia del Gobierno retrasa los Presupuestos hasta la precampaña de las elecciones autonómicas

PSOE, Podemos y ERC registran una proposición de ley para modificar la Ley de Estabilidad que llevará meses aprobar

La senda fiscal y la tramitación de las cuentas de 2019 quedan en suspenso aunque Hacienda podrá avanzar los nuevos impuestos mientras tanto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo de Ministros.

Los Presupuestos Generales de 2019 que el Gobierno de Pedro Sánchez busca impulsar imprimiendo un mayor sesgo social a las cuentas públicas están llamados a marcar la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo. Más ahora que los planes del Ejecutivo para evitar el veto del PP en el Senado a su senda fiscal retrasarán la presentación de las cuentas hasta las puertas de los comicios.

Así ocurrirá previsiblemente después de que el Ejecutivo anunciara ayer que deja en suspenso la aprobación de los nuevos objetivos de déficit, paso previo obligado a la tramitación presupuestaria, hasta garantizar que el PP no podrá vetar sus cifras en la Cámara Alta.

Así, modificar el artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que es el que da al Senado un excepcional poder de veto sobre la senda fiscal, conlleva un procedimiento que se alargará durante meses.

La fórmula finalmente elegida para tratar de alcanzar este objetivo, tras descartar la vía rápida del decreto ley, es la de impulsar una proposición de ley, que el PSOE, junto a Unidos Podemos y ERC, han registrado ante el Congreso este mismo viernes. Además, PNV y PDeCAT ya avanzaron el jueves que apoyarían esta medida. Es decir, a priori hay votos para sacarla adelante, pero tardará.

A partir de ahí, la Mesa de la Cámara Baja debe estudiar la admisión a trámite de la propuesta, lo que promete dilatarse debido al control que ejercen PP y Ciudadanos sobre este organismo parlamentario.

El Gobierno tiene, a su vez, 30 días para pronunciarse al respecto, si bien en este caso le interesará impulsarla con rapidez y además tratará de articularla por el procedimiento de urgencia, que acorta a la mitad todos los plazos que siguen.

Una vez publicada la proposición del ley en el Boletín Oficial de la Cortes Generales, los grupos tienen 15 días para presentar enmiendas, totales o parciales, al articulado. Se abordará entonces en el seno de la comisión correspondiente, con un debate a la totalidad previsiblemente, antes de su envío al Pleno.

Si tiene éxito, el texto será remitido entonces al Senado, donde la mayoría absoluta del PP hace prever un veto. La Cámara Baja, en todo caso, dispone de dos meses para tramitar la norma, plazo que previsiblemente se tome la oposición para tratar de retrasar los planes presupuestarios del Ejecutivo.

En todo caso, la proposición de ley debe volver luego al Congreso de los Diputados y ser aprobada por mayoría absoluta, lo que la debilidad parlamentaria del Gobierno complica. Previsiblemente, el Ejecutivo deba esperar a probar suerte en una segunda votación, dos meses después, en la que le bastará una minoría simple.

El plazo medio de tramitación hasta la entrada en vigor de una norma suele rondar los cinco meses, no digamos si una oposición fuerte en las Cámaras busca torpedear los planes del Ejecutivo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha avanzado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha solicitado tramitar esta proposición de ley por la vía de urgencia, con lectura única, si bien esta vía solo acorta a la mitad los plazos señalados. Aún contando con la vía rápida, el plazo superaría los dos meses. Contando con que la proposición comenzará a tramitarse en septiembre, es probable que el cambio de la Ley de Estabilidad no llegue hasta Navidad.

Solo entonces, según ha avanzado, el Gobierno someterá su nueva senda fiscal al voto del Congreso. Solo si logra eliminar el veto del Senado para entonces y recaba los apoyos necesarios en la Cámara Baja (a donde regresaría tras un paso por la Cámara Alta sin poderes extraordinarios), el Ejecutivo podrá impulsar unos Presupuestos que aprovechen el mayor margen de déficit pactado con Bruselas.

Una negociación que se antoja igualmente compleja y que es de esperar que no llegue hasta el arranque de 2019. La tramitación de esta norma pondrá en marcha de nuevo la pausada maquinaria parlamentaria, por lo que las cuentas públicas podrían alcanzar el punto de votación definitiva la próxima primavera.

Entrarían así en la precampaña electoral de los comicios europeos, autonómicos y municipales de finales de mayo de 2019, donde el PSOE, y los partidos que lo apoyen, utilizarán las cuentas que hayan diseñado para tratar de demostrar los éxitos de una gestión más social mientras que PP y Ciudadanos las usarán como ejemplo de despilfarro.

Desde Hacienda, en todo caso, se muestran optimistas con todo el proceso que se abre por delante después del principio de acuerdo alcanzado con su principal socio parlamentario, Podemos, y aseveran que tratarán de cumplir y agilizar los plazos lo máximo posible para tener los Presupuestos operativos a partir del 1 de enero de 2019. Aunque lo preceptivo ese que los Presupuestos se presenten al Congreso tres meses antes del inicio del año en que entrarán en vigor, no hay medidas coercitivas que obliguen a cumplir esta medida, como se ha comprobado en 2018 cuando los Presupuestos fueron aprobados en mayo.

Donde sí podrá avanzar el Gobierno durante estos meses de tramitación es en el impulso del nuevo paquete de impuestos con el que busca sufragar el mayor gasto social prometido para el próximo ejercicio.

La Ley de Presupuestos no permite crear tributos por lo que el Ejecutivo deberá tramitar de forma independiente el nuevo impuesto a la banca, la tasa a las tecnológicas y cualquier otra novedosa medida fiscal que acabe pactando.