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Inversores mexicanos presentan arbitraje en el Ciadi contra España por la resolución de Popular

Piden compensaciones por los daños causados por la pérdida de su inversión

Estiman que España incumplió las garantías y protección fijadas del tratado bilateral de inversión entre España y México

El grupo de inversores mexicanos (GIM) de antiguos accionistas de Banco Popular, que poseía cerca del 4% del capital de la entidad financiera, anunció este viernes que ha presentado una solicitud de arbitraje contra España por su papel en la resolución de Banco Popular el 7 de junio de 2017, autorizada por la Junta Única de Resolución (JUR) europea. Acuden al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). También ha presentado otra notificación de arbitraje en virtud de las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Se trata de las primeras solicitudes de arbitraje internacional contra España por la resolución de Popular, añaden fuentes financieras.

Los inversores buscan compensaciones por los daños causados por la pérdida de su “considerable” inversión (por valor superior a 470 millones de euros) tras las “violaciones al tratado bilateral de inversión” entre España y México en relación a la resolución de Popular. El grupo de inversores mexicanos, liderado por Antonio Del Valle, alega que la resolución de Popular fue erróneamente causada por múltiples actos y omisiones por parte de España antes y después de la resolución, incumpliendo las garantías establecidas en el tratado y el derecho internacional aplicable. En sus alegaciones, los inversores consideran que España dirigió la venta de Popular a Banco Santander por 1 euro, “muy por debajo del valor del mercado del banco”, con el fin de lograr el objetivo predeterminado de garantizar que la entidad se vendiese a un gran banco español.

En concreto, indican que España tomó medidas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB) para facilitar la venta de Popular con una resolución. “Las acciones del Gobierno español antes, durante y después de la resolución de Popular incumplieron las obligaciones de España con el Grupo de Inversores de México bajo el tratado de inversión bilateral. Por su conducta, España negó a los inversionistas un trato justo y equitativo, un entorno legal y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes que afectan sus inversiones y contra la expropiación ilegal”, añade Javier Rubinstein, socio de Kirkland&Ellis, que representa a GIM.

El grupo de inversores notificó a España su intención de abrir un arbitraje internacional el 22 de enero, iniciando el periodo de negociaciones amistosas fijado en el tratado. Ese periodo finalizó el 22 de julio, tras el cual, el grupo podía comenzar el procedimiento de arbitraje, iniciado este jueves. México se convirtió en un país miembro del Ciadi a finales de julio. Ello ha permitido al GIM presentar la solicitud de arbitraje ante el organismo internacional, perteneciente al Banco Mundial. Este es el primer arbitraje ante el Ciadi presentado de conformidad con un tratado firmado por México.

Tribunal de la 
UE y Audiencia

  • Litigiosidad. El procedimiento de arbitraje internacional, ahora abierto por el grupo de inversores mexicanos, se suma a la batalla judicial abierta en varios frentes. Los grandes accionistas que perdieron su dinero han abierto causas en Nueva York (el propio GIM y el gigante Pimco), la Audiencia Nacional de Madrid, y en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
  • Consumidores. Del mismo modo, se libran escaramuzas por pequeños consumidores. En abril, un juzgado de Oviedo anuló la colocación de acciones a una exempleada del banco durante su última ampliación de capital (previo a la resolución), argumentando que la entidad ofrecía información irreal sobre su situación financiera, informa J. Portillo.